La pendiente renovaci¨®n del Tribunal de Cuentas encalla en el Parlamento
El final de la legislatura y la divisi¨®n pol¨ªtica hacen muy dif¨ªcil el acuerdo
El final de la legislatura se va a llevar por delante la renovaci¨®n del Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas. El pasado mes de mayo, los actuales siete miembros tendr¨ªan que haber sido sustituidos. Los grupos parlamentarios presentaron en plazo sus candidatos, pero ah¨ª quedo todo.
Los miembros del tribunal deben ser elegidos por el Parlamento cada seis a?os, de forma que su nombramiento no coincida con la legislatura natural. Todo apunta, sin embargo, a que no habr¨¢ nuevo tribunal, dada la tensi¨®n pol¨ªtica que acompa?a al final de la octava legislatura, y que los actuales miembros continuar¨¢n en funciones.
Los partidos han presentado nueve candidatos para siete puestos
Aunque se llegara a un acuerdo r¨¢pido, no se abordar¨ªa hasta octubre
El ¨®rgano fiscalizador de las administraciones p¨²blicas fue elegido siguiendo el dibujo del Parlamento en la pasada legislatura. El PNV cuenta con tres representantes y su socio en el Gobierno, EA, con uno. El PSE-EE tiene dos y el PP uno. En 2001, la coalici¨®n PNV-EA logr¨® 33 esca?os (frente a los 29 alcanzados en la actual legislatura), los populares 19 (15 ahora), los socialistas 13 (18). El Partido Comunista de la Tierras Vascas tiene ahora nueve (dos m¨¢s que EH en la anterior legislatura), EB se mantiene con tres y Aralar tiene uno en la presente. Por un lado, en el propio tripartito no tiene cerrado un acuerdo sobre el reparto de los representantes; y en la oposici¨®n, los socialistas aspiran a hacer valer su mayor peso parlamentario en el tribunal.
La legislatura ha entrado en la recta final. Abril de 2009 es la fecha tope para convocar elecciones auton¨®micas. Y los grupos ven dif¨ªcil el acuerdo, tal y como est¨¢n las cosas, con la pol¨¦mica sobre la Ley de Consulta en plena ebullici¨®n y a la espera de que el Tribunal Constitucional, que la ha suspendido tras admitir a tr¨¢mite los recursos del Gobierno central y del PP, se pronuncie sobre el fondo de la cuesti¨®n.
Divididos por la consulta, no parece factible que lleguen a un entendimiento sobre este ¨®rgano, dependiente del Parlamento. Antes del Pacto de Lizarra, el reparto de los puestos del Tribunal de Cuentas era a raz¨®n de tres vocales para el PNV, tres para el PSE y uno para el PP. Tras el pacto entre nacionalistas de 1998 se rompi¨® el equilibrio.
Ahora, los partidos del tripartito han presentado cinco candidatos. Cuentan con menos representaci¨®n parlamentaria que en la anterior legislatura, pero aspiran a m¨¢s. EA quiere mantener su cuota y ha presentado a Alberto Jim¨¦nez de Aberasturi. EB no quiere ser el hermano pobre del tripartito y aspira a colar a su candidato, Joaqu¨ªn Arriola. Por su parte, el PNV, pese a haber reducido su pesencia en la C¨¢mara, quiere tres vocal¨ªas para Jos¨¦ Mar¨ªa Gorordo, Bego?a Marijuan y Eusebio Melero. EHAK y Aralar se mantienen al margen.
Los socialistas, por su parte, quieren ver incrementada su presencia en concordancia con su peso parlamentario y han presentado tres candidatos: Rafael Iturriaga, Elena L¨®pez de Guere?u y Javier Nogales. Los m¨¢s conformistas parecen ser los populares, que vuelven a presentar a su vocal, Gonzalo Vera-Fajardo. Nueve nombres para siete plazas y ninguna voluntad de renuncia ponen la elecci¨®n muy dif¨ªcil.
Los grupos parlamentarios coinciden en que incluso si hubiera un acercamiento de las posturas, algo que ven dif¨ªcil, la cuesti¨®n no llegar¨ªa al pleno del Parlamento antes del mes de octubre, cuando la legislatura habr¨¢ entrado en su fase final.
En cualquier caso, las expectativas de que se produzca una revitalizaci¨®n del tribunal son muy remotas. El deterioro de la vida pol¨ªtica en las dos ¨²ltimas legislaturas ha politizado tambi¨¦n la actividad de este ¨®rgano, afectando a la independencia y credibilidad del mismo. En paralelo, las administraciones fiscalizadas vienen cuestionando la opini¨®n del tribunal cuando su pronunciamiento es adverso, de modo que sus informes sirven para generar una cierta pol¨¦mica, pero no tienen una incidencia real. Desde la oposici¨®n se ha acusado al tribunal de no realizar realmente el trabajo que le encomienda la ley, que le reclama la aplicaci¨®n ¨ªntegra del art¨ªculo 9 de la ley que lo regula. ?ste encomienda al tribunal fiscalizar la "adecuaci¨®n al ordenamiento jur¨ªdico de la actividad econ¨®mico-financiera" del sector p¨²blico vasco, pero tambi¨¦n controlar su "eficacia y eficiencia", as¨ª como proponer "medidas de racionalizaci¨®n y mejora de la misma".
Otra de las grandes cr¨ªticas se refiere al ¨¢mbito de las instituciones que deben ser fiscalizadas. La mayor¨ªa del tribunal circunscribe sus obligaciones a las cuentas generales del Gobierno y las diputaciones, as¨ª como los gastos electorales para el Parlamento y las juntas generales. A ellos se suman las propuestas que aprueba el pleno del Parlamento. La oposici¨®n, sin embargo, quiere que el tribunal incluya en plan de trabajo anual tambi¨¦n las propuestas que llegan desde la Comisi¨®n de Hacienda. No se ha logrado.
En funciones y a medio gas
Los siete miembros del Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas se sienten en funciones. Esperan el relevo, aunque saben que es dif¨ªcil que llegue de forma inmediata. En pura teor¨ªa, la pr¨®rroga de sus puestos implica continuar con la actividad ordinaria, pero la realidad les lleva a bajar el ritmo. El propio presidente, Jes¨²s ?lvarez, que sustituy¨® hace un a?o a la fallecida Mar¨ªa Asunci¨®n Macho, no ha sido incluido por el PNV en la terna que ha presentado, lo que hace, seg¨²n fuentes del tribunal, que el ¨®rgano funcione a medio gas.
Adem¨¢s, ?lvarez se ha atribuido la realizaci¨®n de los informes de fiscalizaci¨®n de las cuentas de las sociedades del Museo Guggenheim en los ¨²ltimos nueve a?os. Este asunto tendr¨ªa que haber correspondido al vocal socialista Rafael Iturriaga, pero el presidente, en ejercicio de sus potestades, decidi¨® reserv¨¢rselo.
Fuentes del tribunal consideran que la r¨¢pida resoluci¨®n de este encargo queda as¨ª en el aire. Hay consejeros que creen que un mandato extraordinario realizado por el pleno del Parlamento deber¨ªa tener prioridad absoluta. El problema es que la renovaci¨®n de los siete consejeros se ha cruzado por el camino.
El pasado 6 de junio el Gobierno tripartito decidi¨® no plantear batalla con el caso del desfalco del Guggenheim y acept¨® todas las peticiones de la oposici¨®n sin rechistar. El pleno del Parlamento aprob¨®, pr¨¢cticamente sin debate, una enmienda de transacci¨®n por la que requer¨ªa la fiscalizaci¨®n de la Fundaci¨®n Guggenheim y de las Sociedades Tenedora e Inmobiliaria del museo por parte del Tribunal Vasco de Cuentas en los ejercicios que van desde 1999 a 2007, ambos inclusive.
La petici¨®n de la C¨¢mara fue consecuencia de los dos casos que han dejado la gesti¨®n del museo seriamente cuestionada. Por un lado, la dudosa operaci¨®n de compra de divisas para financiar obras de arte en la que se perdieron entre 2002 y 2005 seis millones de euros, que fue descubierta precisamente por una auditoria del tribunal. Y por otro, el desfalco de casi medio mill¨®n de euros cometido por su ex director financiero, Roberto Cearsolo.
La no existencia de plazos legales para el tribunal impide saber a ciencia cierta cu¨¢ndo estar¨¢n listos los informes de auditor¨ªa solicitada.
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