Fue posible. En peor momento

"La eficacia del Tribunal Constitucional depende de la independencia de sus magistrados y de la no consideraci¨®n del tribunal como una continuaci¨®n de la pol¨ªtica por otras v¨ªas (...) Es posible que los magistrados tengan unas ciertas simpat¨ªas ideol¨®gicas o determinados criterios sobre problemas econ¨®micos, sociales o culturales, pero todo ello se pone entre par¨¦ntesis en el momento en el que se es juez (...) Esto no es s¨®lo una condici¨®n de la magistratura constitucional sino de todas las especies de magistraturas. Un juez puede tener un criterio sobre el divorcio, pero cuando juzga un caso tendr¨¢ que aplicar la ley y no otra cosa". Quien as¨ª hablaba fue el primer presidente del Tribunal Constitucional espa?ol, Manuel Garc¨ªa Pelayo.

?Pueden participar en el debate de la nueva ley del aborto magistrados del TC con militancia religiosa?

Garc¨ªa Pelayo no era un ingenuo que desconociera el funcionamiento de la justicia y de la pol¨ªtica espa?ola de la ¨¦poca. En aquellos momentos era, probablemente, el mejor y m¨¢s reconocido experto espa?ol en derecho constitucional, aunque llevara a?os ejerciendo su magisterio en la Universidad de Caracas. Simplemente sab¨ªa que ning¨²n Tribunal Constitucional del mundo puede desarrollar su funci¨®n sin esa total independencia de criterio. Lo ingenuo no era exigirla, sino pensar que se pod¨ªa mantener el prestigio y la eficacia de un tribunal semejante sin demostrar, d¨ªa a d¨ªa, la autonom¨ªa de sus integrantes respecto al Gobierno, a los diferentes partidos pol¨ªticos y a todo tipo de instituciones, incluidas, por supuesto, las religiosas.

En un pa¨ªs en el que tanto se reivindica la memoria hist¨®rica no estar¨ªa mal que se recordara tambi¨¦n lo que pas¨® no hace un siglo sino algo m¨¢s de 20 a?os. Los magistrados (y magistradas, puesto que hab¨ªa una mujer) de aquel primer Tribunal Constitucional fueron nombrados por el Gobierno de UCD (dos), por el Congreso de los Diputados (cuatro), por el Senado (cuatro) y por el Consejo General del Poder Judicial (dos). Eran momentos dif¨ªciles, bastante m¨¢s dif¨ªciles que los actuales, con una situaci¨®n econ¨®mica muy deteriorada y con una actividad terrorista brutal (m¨¢s de 90 v¨ªctimas en 1980).

En esas circunstancias, los miembros del Constitucional fueron capaces de hacer caso omiso de las indicaciones del Gobierno, que hizo llegar su deseo de que Aurelio Men¨¦ndez fuera elegido presidente. Los magistrados decidieron, por unanimidad, designar a Garc¨ªa Pelayo, en reconocimiento a su mayor magisterio y prestigio. As¨ª, un catedr¨¢tico emigrado, que hab¨ªa sido oficial de Estado Mayor de la Rep¨²blica, se convirti¨® en el primer int¨¦rprete de la reci¨¦n aprobada Constituci¨®n. Garc¨ªa Pelayo, un hombre independiente, fue la primera demostraci¨®n de la independencia del tribunal. Men¨¦ndez, ilustre jurista y un caballero muy discreto, esper¨® unos meses para presentar su dimisi¨®n y volver, sin el menor ruido, a su c¨¢tedra. "Es fundamental que todos los actores de nuestra vida pol¨ªtica renuncien a la tentaci¨®n de hacer del tribunal un ¨®rgano pol¨ªtico", asegur¨®.

Todo esto viene a cuento de la pr¨®xima renovaci¨®n del Tribunal Constitucional y de la exigencia que debe tener toda la sociedad para evitar que se reproduzcan las manipulaciones cometidas en los ¨²ltimos a?os. No es una ingenuidad exigir que los nuevos magistrados sean, por encima de todo, independientes y competentes. No hacerlo no es una lecci¨®n de pragmatismo pol¨ªtico sino de grave y peligrosa dejaci¨®n democr¨¢tica.

Los nuevos magistrados deben ser independientes y deben, adem¨¢s, parecerlo, porque llegan a un tribunal que ha estado sometido a presiones pol¨ªticas intolerables y que necesita, urgentemente, recuperar la discreci¨®n y el prestigio. De nada valdr¨¢ que los dos principales partidos del pa¨ªs, PSOE y PP, hayan alcanzado un acuerdo para la necesaria renovaci¨®n de cinco de los 12 magistrados del tribunal si esa renovaci¨®n se produce, de nuevo, con criterios inexplicables, por no hablar de decisiones de car¨¢cter claramente partidista.

Los ciudadanos con memoria sabemos perfectamente en qu¨¦ consiste la independencia de ese tribunal: en exigir las condiciones que explicit¨® Garc¨ªa Pelayo en 1980. Y si para evitar que lleguen al tribunal candidatos indeseables no queda m¨¢s remedio que ejercer el derecho de veto, ej¨¦rzase y pl¨¢ntese cara, de una vez, al deterioro irresponsable de una de las principales instituciones de este pa¨ªs.

(Entre los nombres de los candidatos que ya empiezan a circular figuran algunos que pertenecen a organizaciones religiosas cat¨®licas muy conocidas por su fuerte militancia contra el derecho a abortar. ?Ser¨ªa posible que, llegado el momento, los diputados y senadores ante los que deber¨¢n comparecer esos candidatos les exijan una declaraci¨®n expresa en el sentido de que su creencia y militancia religiosa no influir¨¢ en su criterio cuando tenga que interpretar la Constituci¨®n y analizar la nueva ley de interrupci¨®n del embarazo? ?O que se comprometan a no participar en esas deliberaciones?). solg@elpais.es