El fiscal pide 13 a?os para un funcionario por narcotr¨¢fico
Daniel Mea?o Cores, funcionario de la Diputaci¨®n de Pontevedra, Javier Fern¨¢ndez, guardia civil destinado en Galdakao (Pa¨ªs Vasco) y Javier Gonz¨¢lez, cabo de la Armada en Ferrol, integraban presuntamente una red dedicada a la venta y distribuci¨®n de coca¨ªna hasta que fueron detenidos en abril del pasado a?o en una operaci¨®n que dirigieron las unidades policiales de Udyco y Greco de Galicia.
El primero, vecino de Ribadumia, se enfrenta a una condena de hasta 13 a?os y medio de prisi¨®n y los otros dos a 11 por un delito contra la salud p¨²blica, penas que solicitar¨¢ en su informe de acusaci¨®n el fiscal del caso, Marcelo Azc¨¢rraga, que ha pedido la transformaci¨®n de la causa en sumario. La investigaci¨®n ha podido constatar que Mea?o Cores, de 28 a?os, operaba como presunto distribuidor en el tr¨¢fico de coca¨ªna hace al menos 5 a?os. Era operario de fontaner¨ªa del organismo provincial y del complejo hospitalario Principe Felipe desde 2005, contratado por el propio presidente Rafael Louz¨¢n y primo de su mujer.
El cabo de la Armada, vecino de Vilanova de Arousa, hac¨ªa de intermediario y vend¨ªa sustancias estupefacientes a toxic¨®manos. El guardia civil fue contratado por una red de vendedores radicada en el norte de la Pen¨ªnsula para recoger y pagar la mercanc¨ªa y se cree que era la primera vez que operaba para ellos.
Redada
Las actividades continuadas de los detenidos en el narcotr¨¢fico fueron descubiertas a ra¨ªz de una redada policial en la que fueron arrestadas otras 6 personas, compradores habituales de ambos.
En los registros que realiz¨® la Polic¨ªa en el domicilio de Daniel Mea?o se intervinieron 175.000 euros, una m¨¢quina de contar dinero as¨ª como agendas de contactos. En total se incautaron 18 tel¨¦fonos m¨®viles y 4 veh¨ªculos que utilizaban para el transporte y distribuci¨®n de droga.
La jueza de Vilagarc¨ªa acord¨® la libertad bajo fianza para los tres detenidos. El primero en salir fue Mea?o, tras depositar 90.000 euros, mientras que el cabo y el guardia estuvieron m¨¢s de ocho meses en prisi¨®n preventiva hasta que pudieron hacer frente a los 45.000 euros como garant¨ªa de su excarcelaci¨®n. Los tres fueron suspendidos de sus respectivos empleos, si bien el expediente disciplinario incoado al guardia civil y al cabo est¨¢ paralizado a la espera de una sentencia judicial que confirme su implicaci¨®n en los hechos.
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