El destino de Hamdan queda en manos de la justicia civil
La defensa podr¨¢ recurrir la sentencia en ¨²ltima instancia ante el Tribunal Supremo
El destino del yemen¨ª Salim Ahmed Hamdan, y por extensi¨®n el del resto de prisioneros que ser¨¢n juzgados en los pr¨®ximos meses por las comisiones militares de la base militar de Guant¨¢namo, no acaba con el veredicto de culpabilidad. Los abogados ya han anunciado que apelar¨¢n la sentencia condenatoria.
Bush legitim¨® en 2006 las comisiones militares con una ley del Congreso
En junio, el m¨¢ximo tribunal reconoci¨® a los presos derechos constitucionales
El primer paso ser¨¢ acudir a otro tribunal militar de excepci¨®n, la Corte de Revisiones de las Comisiones Militares. Pero si este tribunal no falla a su favor, los tribunales federales entrar¨¢n a juzgar la cuesti¨®n, que puede acabar finalmente en el Tribunal Supremo. Como vienen exigiendo los abogados de Hamdan desde hace m¨¢s de dos a?os, su caso llegar¨¢ a la justicia ordinaria estadounidense.
Hamdan, a pesar de no ser una persona relevante dentro de la organizaci¨®n Al Qaeda, ha tenido un papel protagonista en las batallas legales que rodean Guant¨¢namo. Aparte de ser el primer detenido que llega a juicio, sus abogados consiguieron, en mayo de 2006, una importante decisi¨®n del Tribunal Supremo declarando que las comisiones militares eran ilegales, que el Gobierno estadounidense ten¨ªa la obligaci¨®n de considerar prisioneros de guerra a los encarcelados y que deb¨ªa cumplir con la Convenci¨®n de Ginebra. Era el segundo —y no fue el ¨²ltimo— de una serie de reveses que el Supremo ha propinado al sistema de justicia excepcional creado en Guant¨¢namo.
El Gobierno de George W. Bush actu¨® r¨¢pido para que su proyecto pudiera seguir adelante. Como el Supremo hab¨ªa dicho que las comisiones no estaban previstas en la ley, el Congreso —entonces con mayor¨ªa del Partido Republicano— aprob¨® meses despu¨¦s una ley detallando en qu¨¦ consist¨ªa el sistema. Decret¨® que los combatientes enemigos ilegales ser¨ªan procesados en tribunales especiales como el que ha juzgado a Hamdan y priv¨® a los detenidos de su derecho de h¨¢beas corpus: la capacidad para exigir informaci¨®n sobre los cargos que se imputan y pedir la liberaci¨®n.
El Tribunal Supremo volvi¨® a pronunciarse sobre Guant¨¢namo en junio y dispuso que los detenidos tienen derechos constitucionales, incluyendo el de h¨¢beas corpus, y que pueden acudir a un tribunal civil para rechazar su condici¨®n de combatiente enemigo ilegal. Se abr¨ªa as¨ª la posibilidad de que cualquier detenido pueda cuestionar su situaci¨®n legal ante ¨®rganos con normas claras e iguales para todos a diferencia de lo que sucede en Guant¨¢namo.
Pero esta sentencia no consigui¨® paralizar el juicio de Hamdan, aunque sus abogados lo intentaron. Argumentaron ante un juez federal que era absurdo celebrar un juicio que podr¨ªa ser despu¨¦s anulado por un tribunal civil. El juez, James Robertson, que se enfrentaba a una dif¨ªcil decisi¨®n, permiti¨® que el proceso siguiera en marcha explicando que Hamdan podr¨ªa reivindicar sus derechos pero una vez concluido el juicio de la comisi¨®n militar.
Hamdan es el segundo condenado por las comisiones. El primero, el australiano David Hicks, no lleg¨® a juicio. Lo evit¨® admitiendo que se hab¨ªa entrenado con Al Qaeda en Afganist¨¢n y declar¨¢ndose culpable en mayo de 2007 de proveer apoyo material para la organizaci¨®n terrorista. Fue extraditado a su pa¨ªs, donde cumpli¨® una condena de nueve meses. En diciembre del a?o pasado fue liberado. Por el mismo cargo, a Salim Hamdan le espera previsiblemente un futuro bastante m¨¢s negro si los tribunales civiles no deciden lo contrario.
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