Un paso atr¨¢s en los derechos humanos

El pasado 17 y 18 de junio, el Parlamento Europeo someti¨® a debate y votaci¨®n la Directiva de Retorno, tambi¨¦n conocida como directiva de la verg¨¹enza.

La articulaci¨®n de las pol¨ªticas de inmigraci¨®n en la Uni¨®n Europea es una vieja aspiraci¨®n de los y las europe¨ªstas, y tambi¨¦n de quienes conocen de cerca la realidad de la inmigraci¨®n, un fen¨®meno com¨²n al conjunto del continente. Esper¨¢bamos de la Uni¨®n una respuesta com¨²n a los retos de la integraci¨®n, a los retos de la participaci¨®n pol¨ªtica de las personas migradas y, evidentemente, a la dram¨¢tica situaci¨®n de las personas que intentan acceder al continente europeo de forma irregular. Nada m¨¢s y nada menos que el proceso ya iniciado t¨ªmidamente en el Consejo Europeo de Tampere en 1999.

Lejos queda aquella Europa que nos oblig¨® a adaptar nuestra legislaci¨®n en favor de m¨¢s derechos

Sin embargo, nada de ello hemos conseguido. Frente a los retos que plantea la inmigraci¨®n, la Comisi¨®n, los jefes de Estado y de Gobierno y de la mayor¨ªa del Parlamento Europeo han optado por resolver, en primer lugar y por delante de todo, la manera en c¨®mo se gestiona la inmigraci¨®n en frontera, dando validez as¨ª a quienes prefieren una concepci¨®n "seguritaria" del fen¨®meno.

El contenido de la norma es de sobra conocido: 18 meses de retenci¨®n por haber cometido una falta administrativa (vivir en Europa de manera "ilegal"), prohibir el retorno durante cinco a?os, abandonando tambi¨¦n a su suerte a los menores (que podr¨¢n ser repatriados incluso a un pa¨ªs que no sea el suyo), y legalizar unos centros de internamiento (que el mismo Parlamento conden¨® hace algunos a?os) que son una indignidad en la pretendida Europa de los derechos.

La norma, adem¨¢s, como ya han se?alado diversos juristas, supone una grave vulneraci¨®n del derecho internacional, y en concreto de la Convenci¨®n sobre Derechos del ni?o de 1989 y de la Convenci¨®n de Viena sobre relaciones consulares de 1963, ambas ratificadas por el conjunto de pa¨ªses de la Uni¨®n Europea.

Dicho esto, quisi¨¦ramos entrar a valorar dos argumentos que repetidamente se nos han recordado por parte de los defensores de la norma y que consideramos una aberraci¨®n: en primer lugar, que la norma supone un avance en relaci¨®n con la legislaci¨®n vigente en muchos estados miembros de la Uni¨®n y, en segundo lugar, que dicha norma no tendr¨¢ efectos en Espa?a.

En relaci¨®n con el primer argumento, discrepamos rotundamente en la manera en como se pretende armonizar la legislaci¨®n en la Uni¨®n. El principio seg¨²n el cual el m¨ªnimo denominador com¨²n debe ser la norma armonizada nos puede llevar a una tendencia perversa de ir a la baja en todos los derechos sociales existentes.

No es un fen¨®meno nuevo, la directiva de las 65 horas de trabajo semanales o la conocida directiva Bolkestein con su ya famoso principio del pa¨ªs de origen funcionan en la misma l¨®gica: hacer norma europea la norma menos garantista. Si ello es as¨ª, convertiremos el proceso de construcci¨®n europea en una m¨¢quina imparable de destruir derechos y conquistas sociales, y all¨ª, a la izquierda verde no van a encontrarnos.

Y en relaci¨®n con el argumento seg¨²n el cual la norma no tendr¨¢ efectos en Espa?a, y sin entrar a valorar aqu¨ª la esquizofrenia que supone defender una norma porque no va a ser aplicada, nos gustar¨ªa recordar que una Directiva europea es jur¨ªdicamente vinculante en nuestro pa¨ªs, que el acervo comunitario forma parte de nuestro ordenamiento jur¨ªdico interno y que, siendo por lo tanto una norma que s¨ª debe aplicar Espa?a, nada impedir¨ªa, llegado el caso, adaptar la legislaci¨®n espa?ola a los m¨¢rgenes m¨¢s duros de la misma.

Lejos queda ya aquella Europa que nos oblig¨® a adaptar nuestra legislaci¨®n en favor de m¨¢s derechos, como por ejemplo los ambientales. La l¨®gica parece ahora invertida.

Por todo ello, nos oponemos a dicha norma. Porque supone una gran paso atr¨¢s en derechos, porque vulnera el derecho internacional, y porque establece una manera de construir Europa que rechazamos tajantemente.

Y no estamos solos frente a ello. Nos gustar¨ªa recordar aqu¨ª una multitud de organizaciones sociales, as¨ª como la misma Internacional Socialista o el Consejo de Europa, que se han opuesto a la misma.

Todo ello cuestiona con m¨¢s fuerza el lamentable papel del Gobierno espa?ol, que, seg¨²n afirm¨® el ponente del informe del Parlamento Europeo que valid¨® la directiva, el se?or Manfred Weber, fue uno de los que m¨¢s presion¨® para endurecer su contenido.

Si Zapatero ser¨¢ recordado por iniciar su primera legislatura por una serie de avances en derechos sociales que nosotros apoyamos sin fisuras, esta segunda la ha iniciado empantanado en la crisis econ¨®mica e impulsando medidas claramente de derechas. El presidente no para de recordarnos que no permitir¨¢ que los m¨¢s d¨¦biles paguen la crisis econ¨®mica, pero de momento ya se la ha hecho pagar a los m¨¢s d¨¦biles de entre los d¨¦biles, a quienes huyen de su pa¨ªs buscando un futuro mejor.

Joan Herrera y Ra¨²l Romeva son diputados de ICV en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo.