Defensa quiere desclasificar miles de papeles secretos de valor hist¨®rico

Peri¨®dicamente, en aplicaci¨®n de la Ley de Libertad de Informaci¨®n, los informes de la CIA que ya no afectan a la seguridad de Estados Unidos son desclasificados y expuestos a la luz p¨²blica. Es as¨ª como ha sido posible documentar, por ejemplo, la implicaci¨®n del espionaje estadounidense en el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende o en los complots para asesinar al dictador cubano Fidel Castro.

La ley obliga a sacar a la luz los documentos uno a uno, previo informe

Los archivos tienen "inter¨¦s cient¨ªfico y emocional", dice Chac¨®n

El Ejecutivo estudia la desclasificaci¨®n autom¨¢tica a los 25 o 50 a?os

En Espa?a no existe nada parecido. Miles de documentos, algunos de ellos de la ¨¦poca de la Guerra Civil e incluso m¨¢s antiguos, siguen siendo secretos. Su acceso por parte de historiadores e investigadores depende de la buena voluntad de los responsables de los archivos. Y tambi¨¦n de su arrojo personal pues, desde el punto de vista legal, cometen un delito al permitir que personas no autorizadas consulten documentos clasificados.

La ministra de Defensa, Carme Chac¨®n, se ha propuesto acabar con esta situaci¨®n. "Desarrollaremos el proyecto de desclasificaci¨®n de documentos del Ministerio de Defensa que permitir¨¢ el acceso libre a una documentaci¨®n que, hasta el d¨ªa de hoy, era inaccesible y que encierra un alto valor cient¨ªfico y tambi¨¦n, por supuesto, sentimental para muchas personas", explic¨® en su primera comparecencia ante la Comisi¨®n de Defensa del Congreso, el 30 de junio. No dijo m¨¢s, ya que nadie le pregunt¨®.

"Aunque muchos de estos documentos est¨¢n en instalaciones de Defensa", ha explicado Chac¨®n a EL PA?S, "no somos los ¨²nicos competentes para decidir qu¨¦ se desclasifica y qu¨¦ no. Estamos trabajando con el Ministerio de Presidencia para buscar una soluci¨®n que sabemos que ser¨¢ compleja y no excesivamente r¨¢pida. Pero est¨¢ claro que queremos abrir una nueva etapa y que vea la luz esa desclasificaci¨®n por su inter¨¦s cient¨ªfico, hist¨®rico y hasta emocional".

Seg¨²n fuentes del Ministerio de Defensa, la iniciativa es fruto de una reflexi¨®n sobre el desarrollo de la ley de la Memoria Hist¨®rica, que se aprob¨® en la anterior legislatura. Buena parte de la memoria que se quiere recuperar, memoria colectiva pero tambi¨¦n familiar de muchos espa?oles, reposa en los archivos militares. No tiene sentido, pues, reabrir las fosas donde yacen los restos de los represaliados y mantener cerrados a cal y canto los archivos de los ej¨¦rcitos.

Pero decirlo es m¨¢s f¨¢cil que hacerlo. El Reglamento de Archivos Militares, de diciembre de 1998, que establece el principio general de libre acceso a sus fondos, excluye expresamente los documentos clasificados, de los que dice que "se regir¨¢n por su legislaci¨®n espec¨ªfica".

?sta no es otra que la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968 (en pleno franquismo) y modificada en octubre de 1978 (antes de que se aprobara la Constituci¨®n). El art¨ªculo 7 de la citada ley se?ala que "la cancelaci¨®n de cualquiera de las calificaciones previstas [secreto o reservado] ser¨¢ dispuesta por el ¨®rgano que hizo la respectiva declaraci¨®n" [el Consejo de Ministros o la Junta de Jefes de Estado Mayor] y el 5 se?ala que la competencia para clasificar un documento (y, por tanto, desclasificarlo) "no podr¨¢ ser transferida ni delegada".

Eso supone, seg¨²n las fuentes consultadas, que la desclasificaci¨®n de cada documento requiere una decisi¨®n espec¨ªfica por parte del Gobierno o de la c¨²pula militar y un informe previo en el que se fundamente la decisi¨®n. "Si el Gobierno o la Junta de Jefes de Estado Mayor se dedicaran a desclasificar documentos no har¨ªan otra cosa. La consecuencia de esto es que no se desclasifica ninguno, salvo en casos excepcionales", explican las mismas fuentes.

Los casos excepcionales son aquellos que tienen relevancia pol¨ªtica. Por ejemplo, los papeles del Cesid sobre la guerra sucia a ETA que desclasific¨® el Gobierno del PP, o sobre los vuelos de la CIA que desclasific¨® el PSOE, en ambos casos, a petici¨®n judicial. Aznar desclasific¨®, sin que nadie se lo pidiera, una nota del CNI sobre el 11-M, para justificar la imputaci¨®n del atentado a ETA, pero aquella decisi¨®n respondi¨® a un inter¨¦s de partido.

M¨¢s all¨¢ de esos casos, en Espa?a no se desclasifican documentos. Y, como tampoco existe un mecanismo de desclasificaci¨®n autom¨¢tica que levante el secreto una vez transcurrido determinado plazo de tiempo, el resultado es que los documentos pueden seguir ad eternum guardados bajo siete llaves.

El Ministerio de Defensa, que es el m¨¢s afectado por este problema, aunque tambi¨¦n implica a otros departamentos (como Presidencia o Asuntos Exteriores), est¨¢ estudiando una f¨®rmula similar a la empleada para documentos que, sin ser secretos, pueden afectar a la intimidad de las personas. En estos casos, se permite el acceso a ellos siempre que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, hayan transcurrido 25 a?os desde la muerte del mismo o medio siglo desde la fecha del documento en cuesti¨®n.

El propio Reglamento de Archivos Militares regula una Comisi¨®n Calificadora de Documentos de la Defensa, entre cuyas competencias figura la de "informar las solicitudes de acceso a documentos excluidos de la consulta p¨²blica". Incluso prev¨¦ la posibilidad de que se pueda restringir el acceso a documentos que, "sin estar clasificados de acuerdo con la legislaci¨®n de secretos oficiales, contengan informaci¨®n cuya difusi¨®n pueda afectar a la defensa nacional o a la seguridad del Estado". La decisi¨®n ¨²ltima queda en manos del ministro, previo informe de la citada comisi¨®n calificadora.

Estas salvaguardas parecen m¨¢s que suficientes para garantizar que el acceso a informes clasificados de inter¨¦s hist¨®rico puede realizarse sin mayores inconvenientes. El problema es que no es posible su puesta en pr¨¢ctica sin reformar la Ley de Secretos Oficiales y los sucesivos intentos que se han hecho hasta ahora para modificarla han concluido siempre en fracaso. Todos ellos han tropezado con el mismo espinoso asunto: la responsabilidad atribuible a los medios de comunicaci¨®n en la difusi¨®n de documentos secretos.

El Gobierno a¨²n no ha decidido si abordar¨¢ una reforma, aunque sea parcial, de la Ley de Secretos Oficiales, pero si no lo hace, en opini¨®n de los expertos, el problema no tiene soluci¨®n.