PSOE y PP manejan una docena de medidas para etarras que salen de prisi¨®n

El esc¨¢ndalo ciudadano por la salida de prisi¨®n, como hombre libre con todos sus derechos intactos, del sanguinario terrorista Ignacio de Juana Chaos, tras 21 a?os en la c¨¢rcel (s¨®lo 18 por 25 asesinatos y otros tres por un delito de amenazas), ha obligado a los principales partidos a hacer algo que ya han hecho muchas veces antes: revisar de nuevo todo el C¨®digo Penal para buscar cualquier resquicio que endurezca el castigo a los terroristas. Tanto el PP como el PSOE reconocen que no queda mucho margen, dentro de la Constituci¨®n, toda vez que en estos momentos Espa?a tiene una de las legislaciones m¨¢s duras por delitos de terrorismo. Pero a la b¨²squeda de "lagunas" en el C¨®digo Penal est¨¢n el ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba y el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo.

Los partidos buscan qu¨¦ hay ahora en vigor que no se est¨¦ aplicando

En las primeras conversaciones, ambos han intercambiado puntos de vista que pondr¨¢n en com¨²n en septiembre. La posibilidad de reforzar y ampliar las medidas de alejamiento de las v¨ªctimas centra la atenci¨®n del PSOE y del PP.

El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, indica que el PP se plantea como punto de partida revisar posibilidades ya vigentes que no se est¨¢n aplicando. Concretamente, en el art¨ªculo 96 del C¨®digo Penal se detalla un cat¨¢logo de medidas de seguridad, que es la expresi¨®n t¨¦cnica para lo que se ha venido en llamar "medidas post-pena", reclamadas desde diferentes ¨¢mbitos a ra¨ªz del caso De Juana. Trillo destaca que en este cat¨¢logo de una docena de medidas est¨¢n previstas la prohibici¨®n de residir en un lugar o territorio determinado, o la prohibici¨®n de acudir a determinados lugares. "Son medidas de seguridad que no se aplican a los terroristas, y podr¨ªan aplicarse obligatoriamente", defiende el portavoz de Justicia del PP.

Por parte del Gobierno, el ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, pone el foco en el apartado 2 del art¨ªculo 48 del C¨®digo Penal, que tambi¨¦n se refiere a la privaci¨®n del derecho a residir en determinados lugares. Este punto ya ha sido ampliado en dos ocasiones. Actualmente, dice que se puede prohibir al penado aproximarse a las v¨ªctimas, "o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal...". Este p¨¢rrafo permitir¨ªa que el juez ampliara el concepto de v¨ªctimas por lo que el terrorista no s¨®lo podr¨ªa ser alejado de las suyas directas, sino de todas las v¨ªctimas de la banda a la que pertenece.

Tanto el PP como el PSOE est¨¢n presionados por la agitaci¨®n en torno a la salida de prisi¨®n del sanguinario De Juana Chaos. El debate ha provocado la petici¨®n, por dos veces, de "cambiar la ley" por parte de la secretaria general del PP, Mar¨ªa Dolores de Cospedal. La dirigente popular no ha sabido concretar en qu¨¦ direcci¨®n pueden endurecerse las leyes que ya prev¨¦n 40 a?os de prisi¨®n. El portavoz del Consejo del Poder Judicial, el conservador Enrique L¨®pez, propuso abrir el debate de la cadena perpetua. Este tipo de declaraciones han obligado al PP a descartar p¨²blicamente que contemple siquiera esta posibilidad.

Adem¨¢s de que el juez pueda dictar medidas de seguridad tras la pena, los criminales que no se han arrepentido y con un pron¨®stico de reincidencia puede ser vigilados por la polic¨ªa. El encaje legal de esta vigilancia es que la misi¨®n de la polic¨ªa es prevenir el delito. As¨ª fue argumentado por el fiscal para que la polic¨ªa no perdiera de vista al violador de Vall D'Hebron tras salir de la c¨¢rcel. El PP opina que esta es una cuesti¨®n policial, una decisi¨®n del Gobierno que no formar¨¢ parte de la negociaci¨®n sobre las medidas legislativas antiterroristas.

Este debate suscita en el Gobierno alguna perplejidad, por cuanto que las dificultades operativas de poner polic¨ªas a seguir los pasos de cada etarra que salga de la c¨¢rcel son de gran calado. Adem¨¢s, una y otra vez, se explica que cualquier reforma que se haga afectar¨¢ a terroristas que ni siquiera hoy est¨¢n detenidos.

Es muy probable que, sin el caso De Juana, la conversaci¨®n y el posterior pacto entre el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, y Mariano Rajoy, l¨ªder del PP, en el Palacio de la Moncloa, hubiera ido por otros derroteros. Ambos se vieron obligados a referirse impl¨ªcitamente a la situaci¨®n del sanguinario terrorista que iba a ser puesto en libertad diez d¨ªas despu¨¦s.

El pacto al que llegaron contemplaba, en un primer nivel, estudiar las posibilidades de endurecimiento de penas. Pero esto es casi imposible, porque desde 2003 ya est¨¢n en 40 a?os de cumplimiento efectivo. Las conversaciones actuales, por ahora telef¨®nicas, se centran en estudiar las medidas post-pena, a aplicar una vez que los terroristas han salido de la c¨¢rcel.