Zapatero se la juega en cinco pactos
La estabilidad del Gobierno depende de que logre cerrar grandes acuerdos en ¨¢reas clave
A Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero le esperan a la vuelta de las vacaciones cinco negociaciones abiertas sobre otros tantos pactos de los que, en distinta medida, depende la estabilidad de su Gobierno. Presentan tambi¨¦n diferente nivel de dificultad, dependen de variadas fuerzas pol¨ªticas y, en algunos casos, est¨¢n condicionados unos por otros.
El calendario hace dif¨ªcil lograr alianzas parlamentarias antes de seis meses
El Ejecutivo no contempla la pr¨®rroga de los Presupuestos
CiU considera que el presidente est¨¢ obligado a contar con su grupo
Celebrar los comicios gallegos en oto?o favorecen el acuerdo con el BNG
PSOE y PP se han puesto un plazo para destacar los ¨®rganos judiciales
La financiaci¨®n es la llave para una legislatura m¨¢s tranquila
El pacto para cambiar el modelo de financiaci¨®n auton¨®mica precisa un acuerdo con las comunidades y de la mayor¨ªa del Parlamento; el de Presupuestos depende del anterior, y est¨¢ marcado por la mala situaci¨®n econ¨®mica; el pacto social con sindicatos y empresarios garantizar¨ªa la paz social para afrontar la crisis; el de renovaci¨®n de las instituciones cierra el cap¨ªtulo de la crispaci¨®n de la legislatura anterior; y el de las reformas legales contra ETA concreta un nuevo pacto antiterrorista y ahuyenta este asunto definitivamente como arma pol¨ªtica con el PP.
El calendario, seg¨²n admite el PSOE, dificulta que, adem¨¢s, pueda cerrarse alg¨²n acuerdo estable con alg¨²n grupo parlamentario, tal y como los socialistas planeaban al inicio de la legislatura. Dan por seguro que en oto?o habr¨¢ elecciones auton¨®micas en Galicia y en primavera en el Pa¨ªs Vasco. Esos pactos estables buscar¨ªan conjurar el hecho de que ahora el PP s¨ª es capaz de reunir apoyos y provocar quebraderos de cabeza al Gobierno. Por ejemplo, para forzar comparecencias en el Parlamento o para hacer aprobar iniciativas que incomodan al Ejecutivo.
Desde el grupo socialista se habla de esperar seis meses para clarificar la agenda y pensar en esos acuerdos de estabilidad. Uno de los barones socialistas m¨¢s destacados, el presidente de Castilla-La Mancha, Jos¨¦ Mar¨ªa Barreda, admiti¨® ayer en declaraciones a Europa Press que el PSOE afronta una legislatura "m¨¢s complicada" en cuanto a los apoyos parlamentarios para sacar adelante sus proyectos, pese a haber mejorado los resultados en las elecciones generales.
FINANCIACI?N AUTON?MICA Doble llave, mirando
a Catalu?a
El Gobierno reconoce que est¨¢ obligado a cerrar un acuerdo sobre financiaci¨®n, y que el camino ser¨¢ tortuoso por el propio sistema de negociaci¨®n -que mezcla la multilateralidad con la bilateralidad- y por la falta de recursos en un momento de crisis.
El acuerdo debe cerrarse con todas las comunidades, luego detallarlo bilateralmente con cada una y, finalmente, plasmarlo en una ley que necesita apoyos parlamentarios para completar la mayor¨ªa absoluta. Es decir, requiere acuerdos con comunidades que tienen intereses contrapuestos y consensos con partidos que, como CiU, completan mayor¨ªas pero no est¨¢n en ning¨²n gobierno auton¨®mico.
El portavoz adjunto de CiU, Josep S¨¢nchez Llibre, ha pactado todos los modelos aplicados hasta la fecha, con gobiernos de PSOE y PP. Ahora CiU, fuera de la Generalitat, necesita rentabilizar un acuerdo como fruto de su intervenci¨®n, como hizo en 2005 con el acuerdo del Estatuto.
Los partidos catalanes han vinculado este pacto al de Presupuestos, con lo cual el Gobierno debe asegurar el acuerdo de financiaci¨®n si no quiere correr el riesgo de tener que prorrogar los Presupuestos de este a?o.
Un dirigente del PSOE recuerda, para quitar hierro a la pol¨¦mica, que siempre al inicio de estas negociaciones se producen tensiones. De hecho, las negociaciones no han terminado siempre del todo bien: el Gobierno socialista de Extremadura, por ejemplo, llev¨® ante el Tribunal Constitucional al Ejecutivo de Felipe Gonz¨¢lez por la financiaci¨®n.
En 2000, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar desbloque¨® la negociaci¨®n en el ¨²ltimo momento poniendo sobre la mesa 12.000 millones de pesetas. Ahora no hay margen para ello por la crisis, aunque el PSOE asegura que puede hacerse con soluciones alternativas como mejorar la capacidad normativa de los impuestos cedidos, y CiU apunta a soluciones como diferir varios a?os la mejora de los ingresos de las comunidades, aplic¨¢ndola de forma progresiva.
En todo caso, el Ministerio de Econom¨ªa no admite que prepare una contraoferta mejorada para el arranque del curso pol¨ªtico. A?ade que lo peor de la negociaci¨®n ser¨¢ la aplicaci¨®n de la teor¨ªa de la manta -si cubres la cabeza, destapas los pies y viceversa-; es decir, que lo que es bueno para Catalu?a puede no serlo para el resto. Una de las dificultades ser¨¢ aplicar el art¨ªculo del Estatuto catal¨¢n que garantiza que Catalu?a no retroceder¨¢ en el ranking del PIB por efecto de su aportaci¨®n a la solidaridad.
Otro obst¨¢culo para el Gobierno es que tiene enfrente al bloque catal¨¢n, incluyendo al PSC. Por votos en el Congreso y por influencia territorial, ese bloque es el que garantiza la estabilidad. Fuentes del PP admiten, adem¨¢s, que utilizar¨¢n estas hipotecas de Zapatero como asunto de oposici¨®n en el nuevo curso.
El PSOE, a su vez, prepara una ofensiva pol¨ªtica denunciando la incoherencia del PP por su actitud en comunidades distintas y respecto a su recurso de constitucionalidad contra el Estatut. Como ejemplo citan que el Gobierno valenciano, del PP, pide 1.000 millones, y Javier Arenas 1.200 millones para Andaluc¨ªa y, a la vez, el PP reclama que se reduzca el gasto p¨²blico. Jos¨¦ Antonio Alonso, portavoz socialista en el Congreso, habla abiertamente de "cinismo pol¨ªtico" del PP sobre la financiaci¨®n. Ayer anticip¨® esta estrategia el vicesecretario general del PSOE, Jos¨¦ Blanco, en declaraciones a Efe. El n¨²mero dos socialista, adem¨¢s, acus¨® a CiU de radicalizarse.
PRESUPUESTOS En busca de siete diputados
El Gobierno necesita imperiosamente sumar siete diputados de otros grupos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2009. Lo contrario llevar¨ªa a una pr¨®rroga de los Presupuestos anteriores, lo que afectar¨ªa fatalmente a la estabilidad del Ejecutivo y tendr¨ªa consecuencias nefastas para la econom¨ªa, porque esas cuentas est¨¢n hechas cuando la crisis apenas asomaba. La pr¨®rroga dejar¨ªa extremadamente d¨¦bil a Zapatero.
El primer debate de totalidad del proyecto de Presupuestos en el Congreso ser¨¢ en octubre, y el procedimiento favorece al Gobierno porque se votan por separado las enmiendas de devoluci¨®n, una a una. Es decir, no tiene que lograr mayor¨ªa a favor de su proyecto, sino evitar que alg¨²n partido sume los votos de los dem¨¢s a su enmienda de devoluci¨®n.
M¨¢s dif¨ªcil es el siguiente tr¨¢mite, el del Senado, donde el Gobierno tiene m¨¢s complicado evitar el veto que ya se produjo en 2004 con los primeros Presupuestos de Zapatero. Si se produjera ese veto, el PSOE necesitar¨ªa mayor¨ªa absoluta en el Congreso para levantarlo, es decir, precisar¨ªa sumar siete diputados ajenos a los suyos. A d¨ªa de hoy el escollo para los Presupuestos es la financiaci¨®n, a la que han condicionado su voto CiU, ERC, ICV y BNG. La primera tarea de los socialistas es separar ambos asuntos en el di¨¢logo con los partidos.
El PSOE asegura que aspira a reunir el apoyo de todos ellos y no renuncia a negociar con ninguno. As¨ª, su estrategia inicial ser¨¢ la de diversificar la negociaci¨®n, para no limitarla a ning¨²n grupo. Su problema es que, aun teniendo m¨¢s diputados propios que en la anterior legislatura, tiene menos margen de maniobra para completar mayor¨ªas.
Fuentes de CiU admiten que con un buen acuerdo de financiaci¨®n no tendr¨ªan muchos argumentos para oponerse a las cuentas del Estado, puesto que ya est¨¢ casi garantizada la inversi¨®n para Catalu?a en los t¨¦rminos previstos en el Estatuto. Incluir¨¢n otras exigencias, como medidas para impulsar la actividad econ¨®mica que consideran asumibles por el Gobierno. CiU se considera imprescindible en los acuerdos, porque sus 10 diputados completan por s¨ª solos la mayor¨ªa que est¨¢ buscando el PSOE.
Si, como prev¨¦ el Gobierno, hay elecciones en octubre en Galicia, el PSOE da por hecho que el BNG podr¨¢ apoyar los Presupuestos despu¨¦s, como parte del acuerdo de gobernabilidad en esa comunidad y para "sentirse ¨²til" en la pol¨ªtica nacional. Respecto al PNV, su posici¨®n es m¨¢s dif¨ªcil debido a la proximidad de las elecciones vascas y el conflicto sobre la consulta soberanista de Ibarretxe. Los socialistas aseguran que el PNV se ofreci¨® para negociar el apoyo a la investidura de Zapatero, pero al PSOE le interes¨® estrat¨¦gicamente marcar distancias para presentarse como alternativa en Euskadi.
Con los partidos de izquierdas, IU, ERC e ICV, el Gobierno admite dificultades por la propia estrategia de cada uno de ellos, empe?ados en marcar distancias en esta legislatura. El Ejecutivo prev¨¦ ofrecerles el mantenimiento de los gastos sociales para recabar su apoyo. Por el momento, las reacciones de estos partidos a las medidas econ¨®micas de Zapatero han sido las m¨¢s cr¨ªticas, junto con las del PP.
El PSOE ve posible el acuerdo con Coalici¨®n Canaria, pero este grupo s¨®lo aporta dos diputados.
PACTO SOCIAL Prioridad para alejar la conflictividad
La Moncloa considera que esta semana ha conjurado las acusaciones de inacci¨®n ante la crisis econ¨®mica, y espera que el siguiente movimiento en ese sentido sea el acuerdo con sindicatos y empresarios.
Zapatero se ha comprometido a que no habr¨¢ ning¨²n tipo de reforma laboral sin pacto previo con los interlocutores sociales. Este pacto, adem¨¢s, le garantizar¨ªa paz social en periodo de crisis econ¨®mica. La prioridad inmediata, seg¨²n explic¨® p¨²blicamente el presidente el jueves, es la reforma del mercado laboral, "con el objetivo de mejorar las pol¨ªticas activas de empleo" y para facilitar la recolocaci¨®n de los desempleados, especialmente de la construcci¨®n. Adem¨¢s, el 3 de septiembre el Gobierno quiere presentar una reforma de la formaci¨®n profesional para pactarla con los interlocutores sociales.
RENOVACI?N INSTITUCIONAL Poner nombres
a las cuotas
Es el acuerdo m¨¢s avanzado de todos los pendientes para oto?o. Zapatero y Mariano Rajoy pactaron antes de irse de vacaciones la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. La primera estaba pendiente desde hace m¨¢s de 20 meses.
Queda, no obstante, poner nombre a las cuotas pactadas por los dos partidos. Para el CGPJ cada uno de los dos propondr¨¢ nueve nombres y dejar¨¢n uno para el PNV y otro para CiU. Para el Constitucional cada uno propondr¨¢ dos, y otro ser¨¢ de consenso. Las condiciones en principio son evitar los vetos mutuos y, en lo posible, buscar la paridad. Esta ¨²ltima condici¨®n resulta extremadamente dif¨ªcil de cumplir, porque los partidos deben seleccionar los vocales de la carrera judicial entre las propuestas presentadas, y ah¨ª es abrumadora la mayor¨ªa de hombres.
La renovaci¨®n del Consejo debe esperar a que la sala del 61 que preside Francisco Hernando, presidente del Consejo General y del Tribunal Supremo, firme la sentencia sobre la ilegalizaci¨®n de ANV y PCTV, previsiblemente antes del 10 de septiembre. El objetivo es llegar a tiempo al acto de apertura del a?o judicial, a mediados de septiembre.
Luego se convocar¨¢ la Comisi¨®n de Nombramientos. Los vocales deben designar presidente, cargo para el que el PSOE asegura que no tiene a¨²n candidato. Las quinielas judiciales apuntan nombres como Jos¨¦ Antonio Xiol Rios, Juan Saavedra, Fernando Ledesma, D¨¢maso Ruiz Jarabo o Angel Juanes. Zapatero aprovecha la necesidad de Rajoy de presentarse como hombre de Estado dispuesto a cerrar el acuerdo.
En el Constitucional, el Gobierno conseguir¨¢ asegurar una mayor¨ªa progresista de cara al recurso sobre el Estatuto de Catalu?a que, si fuera desfavorable, provocar¨ªa un nuevo terremoto pol¨ªtico. No estar¨¢ concluida hasta octubre porque precisa que todos los parlamentos env¨ªen sus propuestas antes del 30 de septiembre. En paralelo, el Gobierno tiene que abordar las reformas de la Justicia que, en algunos casos, desarrollan el Estatuto catal¨¢n. Se refieren a la creaci¨®n de consejos auton¨®micos y la descentralizaci¨®n del Tribunal Supremo. El PP las rechaza, por lo que el Gobierno tendr¨¢ que acordarlas con el resto de partidos.
PACTO ANTITERRORISTA Armas legales contra ETA
El pacto antiterrorista PSOE-PP ha sido sustituido por un acuerdo de no polemizar sobre ETA, por el intercambio permanente de informaci¨®n y por futuras reformas legales contra los terroristas. Alfredo P¨¦rez Rubalcaba y Federico Trillo han logrado un ¨®ptimo nivel de interlocuci¨®n que les permite coordinar sus posiciones y, a diferencia de la anterior legislatura, sacar este asunto del debate p¨²blico. Para el inicio del curso pol¨ªtico est¨¢ pendiente cerrar las reformas legales para asegurar las medidas de control de los terroristas que hayan cumplido condena. Se har¨¢ por proposici¨®n de ley conjunta, aunque el entusiasmo es mayor en el PP que en el Gobierno.
El Ejecutivo quiere incluirlo en la reforma m¨¢s global y lenta del C¨®digo Penal, que afectar¨¢ tambi¨¦n a las penas de los pederastas y al control efectivo de los convictos que salgan de la c¨¢rcel. Adem¨¢s, como ya hay cumplimiento efectivo de las penas por terrorismo hasta los 40 a?os y las normas no tienen aplicaci¨®n retroactiva, cualquier reforma pactada ahora s¨®lo puede aplicarse dentro de m¨¢s de 40 a?os, cuando salga de la c¨¢rcel quien cometiera sus cr¨ªmenes tras la reforma legal.
El Gobierno tiene pendiente tambi¨¦n la nueva Ley de V¨ªctimas del Terrorismo, a la que se comprometi¨® en el Congreso. No estar¨¢ concluida antes de principio de 2009 por la falta de presupuesto y porque debe ser negociada previamente con las asociaciones de v¨ªctimas.
En la agenda estar¨¢ la estrategia de Zapatero para desbancar al PNV del Gobierno vasco.
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