La Audiencia revoca las medidas econ¨®micas del 'caso Estepona'

La Secci¨®n Segunda de la Audiencia Provincial de M¨¢laga ha ordenado a la juez Isabel Conejo, instructora del caso Astapa contra la corrupci¨®n en Estepona (M¨¢laga), que levante todas las medidas cautelares de tipo econ¨®mico impuestas al menos a cuatro implicados en la trama. La operaci¨®n, que se inici¨® el pasado 17 de junio, acumula hasta el momento 39 imputados, entre ellos el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, actualmente en prisi¨®n, y otros siete miembros de la corporaci¨®n.

La Audiencia malague?a, en cuatro autos sobre distintos imputados, revoca la prohibici¨®n de disponer de bienes r¨²sticos y urbanos, ordena desbloquear las cuentas bancarias y devolver las cantidades que tuvieron que depositar los imputados para hacer frente a las responsabilidades patrimoniales que pueden derivarse si son hallados culpables en el juicio.

Los letrados conf¨ªan en que se levante pronto el secreto de sumario

Los autos de la Audiencia no incluyen las fianzas personales que han debido ingresar varios imputados para evitar ir a prisi¨®n y que totalizan 2,3 millones de euros. A pesar de que las resoluciones de la instancia superior s¨®lo se refer¨ªan a cuatro imputados, el varapalo jur¨ªdico ha hecho que la juez Conejo decidiera el pasado d¨ªa 18 levantar las medidas cautelares de tipo econ¨®mico a todos los implicados en la trama, seg¨²n fuentes cercanas al caso.

Varios abogados defensores se felicitaban ayer por la medida ya que consideran que la juez impuso medidas cautelares "indiscriminadas", lo que va en contra de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "En este tipo de medidas se tienen que cuantificar las posibles responsabilidades de cada imputado, no se pueden aplicar intervenciones universales, como ha hecho la juez", afirma un letrado.

Durante el verano, la Audiencia Provincial de M¨¢laga ha ido enmendado varias de las resoluciones adoptadas por la instructora en un caso que acumula 39 personas imputadas. El pasado julio, se orden¨® el desbloqueo de las cuentas corrientes de la promotora Valle Romano a petici¨®n de los abogados de la empresa, una de las m¨¢s influyentes de la ciudad hasta que se desat¨® la operaci¨®n. Precisamente, el consejero delegado de la urbanizadora, Luis Fernando Linares, imputado por fraude y malversaci¨®n, tuvo que abonar 500.000 euros para evitar ir a prisi¨®n, la fianza m¨¢s elevada de cuantas pagaron los imputados en la trama.

La primera fase de la Operaci¨®n Astapa -erroneamente bautizada as¨ª por la Polic¨ªa creyendo que era el nombre fenicio de Estepona, cuando en realidad es Estebbuna, y Astapa la denominaci¨®n cartaginesa de Estepa (Sevilla)- ha quedado cerrada con la toma de declaraci¨®n de empresarios locales, empleados municipales y familiares de los principales imputados, de forma bastante discreta.

En estos dos meses han salido a la luz supuestas cobros de comisiones ilegales, convenios urban¨ªsticos irregulares y casos de enchufismo en el Ayuntamiento de una ciudad que en apenas dos d¨¦cadas ha triplicado su poblaci¨®n hasta los 60.300 habitantes. Los abogados calculan que entre septiembre y octubre la juez Isabel Conejo levantar¨¢, al menos parcialmente, el secreto que pesa sobre las actuaciones.