Varapalo judicial por el hotel Algarrobico

La Junta de Andaluc¨ªa y el Ayuntamiento de Carboneras (Almer¨ªa), del PSOE, ignoraron la Ley de Costas y el plan del parque natural del Cabo de Gata al permitir el hotel del Algarrobico -m¨¢s de 20 plantas a 28 metros del mar- e insistir durante a?os en que era legal.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almer¨ªa, Jes¨²s Rivera, declar¨® ayer nula la licencia del hotel y pidi¨® al fiscal que investigue a los responsables locales y auton¨®micos porque ve indicios de delito.

La promotora reclama 100 millones por la expropiaci¨®n

La dura sentencia da la raz¨®n al recurso de la organizaci¨®n ecologista Salvemos Moj¨¢car, a la que luego se sum¨® la Junta. La resoluci¨®n, contra la que cabe recurso, cuestiona la gesti¨®n del Ministerio de Medio Ambiente, que negocia para indemnizar al promotor con dinero p¨²blico, algo improcedente al ser ilegal.

El juez ordena a la Fiscal¨ªa que investigue al Ayuntamiento y a la Junta al advertir presuntos delitos de prevaricaci¨®n administrativa y contra la ordenaci¨®n del territorio en su actuaci¨®n.

Para el magistrado, la Administraci¨®n auton¨®mica no solamente "no ejerci¨®" sus potestades y facultades en defensa del inter¨¦s general sino que modific¨® los planos del parque del Cabo de Gata para decir que el hotel era legal.

Esta conclusi¨®n, mantenida por Ecologistas en Acci¨®n y Salvemos Moj¨¢car desde que en 2005 empez¨® la lucha judicial contra el proyecto de la empresa Azata del Sol, lleva al magistrado a acusar de "abulia y desidia" tanto a la Administraci¨®n auton¨®mica como al Ayuntamiento de Carboneras en la defensa del medio ambiente.

En relaci¨®n con la Ley de Costas, el magistrado atribuye a la Corporaci¨®n local, presidida por el socialista Crist¨®bal Fern¨¢ndez, "perfecto conocimiento desde hace 20 a?os" de que la zona de servidumbre para la protecci¨®n de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre era de 100 metros en esa zona.

La Corporaci¨®n local siempre defendi¨® que los terrenos del Algarrobico eran urbanizables y que, como el resto del municipio, las edificaciones pod¨ªan alzarse a 20 metros de la orilla.

Pero el juez tambi¨¦n tilda de "pasiva y condescendiente" la actuaci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa al considerar que no hizo nada para que el Consistorio cumpliera la Ley de Costas.

Para el portavoz de Salvemos Moj¨¢car, Jaime del Val, el dictamen del juez supone todo un triunfo de la legalidad y reafirma los presupuestos de los conservacionistas sobre la ocupaci¨®n ilegal de la servidumbre de costas de 100 metros. "La sentencia afirma que el Ayuntamiento conoc¨ªa perfectamente que la servidumbre a aplicar era de 100 metros antes de conceder la licencia, haci¨¦ndolo claramente responsable del acto administrativo contrario al ordenamiento jur¨ªdico, junto con la Junta de Andaluc¨ªa", explic¨® Del Val.

El Ayuntamiento de Carboneras traslad¨® su disconformidad con la sentencia y anunci¨® su intenci¨®n de interponer un recurso de apelaci¨®n ante el TSJA. Rosario Fern¨¢ndez, segunda teniente de alcalde y hermana del regidor de la localidad, Crist¨®bal Fern¨¢ndez (PSOE), asegur¨® que el equipo de Gobierno "no comparte" la decisi¨®n del Juzgado, si bien expres¨® su respeto al sistema judicial.

El presidente andaluz, Manuel Chaves, declar¨® que la sentencia "da la raz¨®n a la Junta". Azata del Sol no quiso pronunciarse ayer sobre la sentencia del juez Rivera.

El Ministerio de Medio Ambiente rehus¨® tambi¨¦n pronunciarse sobre la resoluci¨®n judicial "hasta que el gabinete jur¨ªdico del ministerio no estudie en profundidad su contenido".

El anterior equipo del Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Cristina Narbona, inici¨® un expediente expropiatorio y dict¨® una resoluci¨®n por la que se declar¨® la utilidad p¨²blica de los bienes y derechos situados en la servidumbre de protecci¨®n de 100 metros.

Fuentes oficiales del ministerio confirmaron d¨ªas atr¨¢s que estaba "previsto" que el pr¨®ximo oto?o se decidiera sobre la continuidad del expediente expropiatorio. Las mismas fuentes apuntaron entonces que ser¨ªan "determinante" las resoluciones judiciales pendientes.

La empresa promotora del proyecto, Azata del Sol, ha reclamado 100 millones de euros a la Administraci¨®n por la expropiaci¨®n.