La guerra que no cesa

La at¨ªpica providencia enviada por el juez Garz¨®n a varios organismos p¨²blicos, diversos ayuntamientos, la Conferencia Episcopal y la Universidad de Granada para recabar informaci¨®n sobre muertes y enterramientos posteriores al 17 de julio de 1936 a?ade todav¨ªa m¨¢s confusi¨®n jur¨ªdica al ya ca¨®tico panorama creado por la llamada Ley de la Memoria Hist¨®rica de 26 de diciembre de 2007. El n¨²cleo de la pol¨¦mica son las responsabilidades criminales exigibles a los vencedores de la Guerra Civil y las reparaciones a que tienen derecho sus v¨ªctimas. El fiscal niega la competencia de la Audiencia Nacional para conocer las denuncias presentadas por varias asociaciones de recuperaci¨®n de la memoria; tambi¨¦n aduce falta de tipicidad y de perseguibilidad por prescripci¨®n o por amnist¨ªa de los presuntos delitos cometidos.

Garz¨®n pide a entes p¨²blicos y parroquias informaci¨®n sobre muertes acaecidas desde el 17 de julio de 1936

Se dir¨ªa que Garz¨®n -cuya admirable labor en pro de los derechos humanos le mantiene a salvo de las calumnias de sus detractores- pretende cambiar su condici¨®n de instructor de una causa penal por el papel de promotor de una Comisi¨®n de la Verdad extrajudicial al estilo de las que operaron en el Cono Sur, Centroam¨¦rica y Sur¨¢frica. Con independencia de las motivaciones del juez, la iniciativa procesal puede demorar indefinidamente en el tiempo y ampliar de forma inabarcable en el ¨¢mbito burocr¨¢tico una envenenada pol¨¦mica que enfrenta pasionalmente a grupos sociales ligados ideol¨®gica o emocionalmente a los recuerdos de la guerra y de la dictadura. Las transiciones a la democracia de finales del siglo XX en Europa meridional, Am¨¦rica Latina, el bloque sovi¨¦tico, Asia y ?frica han renovado el inter¨¦s por la justicia transicional en el marco de una mayor sensibilidad hacia los derechos humanos; Rendici¨®n de cuentas, de Jon Elster (Katz, 2006), ofrece una excelente introducci¨®n hist¨®rica y anal¨ªtica al respecto. La singularidad espa?ola es que se contin¨²en buscando en 2008 las responsabilidades individuales de los cr¨ªmenes cometidos entre 1936 y 1975, a los 33 a?os de iniciada la transici¨®n y 72 a?os despu¨¦s de comenzada la Guerra Civil. Por mucho que se repita la necedad, la atribuci¨®n de esa anomal¨ªa a un pacto de silencio solapadamente suscrito en 1978 por franquistas c¨ªnicos e izquierdistas claudicantes continuar¨¢ siendo una solemne tonter¨ªa.

El nuevo encasillamiento de los desaparecidos como figura victimaria especial de la guerra civil espa?ola -en sustituci¨®n de los paseados- refleja la anacr¨®nica influencia terminol¨®gica ejercida por la represi¨®n de las dictaduras militares del Cono Sur sobre el golpe de 1936. ?Cabe imaginar a un juez estadounidense desenterrando en 1933 cad¨¢veres inhumados en 1861 a la busca de desaparecidos? Pero esa imposibilidad no impide que la investigaci¨®n hist¨®rica y la creaci¨®n art¨ªstica acerca de la guerra de secesi¨®n se mantengan vivas, como muestran la abundante filmograf¨ªa sobre aquella carnicer¨ªa o la reciente novela de Doctorow sobre la marcha del general Sherman a trav¨¦s de la Confederaci¨®n. -