Otras memorias: Chile, Uruguay, Argentina

Franco muri¨® en la cama en noviembre de 1975 y tras su muerte nadie habl¨® de crear comisiones de la verdad que investigaran los miles de asesinatos y las violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura, ni se celebraron juicios contra los supuestos verdugos o responsables de esos actos violentos. En los pa¨ªses del Cono Sur, Chile, Argentina y Uruguay, las comisiones de la verdad y los informes sobre violaciones de los derechos humanos tuvieron, sin embargo, un car¨¢cter fundacional para el proceso de reconstrucci¨®n de la democracia y de la memoria colectiva. Hay quienes creen que esa ausencia de verdad oficial ha marcado la democracia espa?ola en contraste con las democracias que sucedieron a las dictaduras militares en los pa¨ªses del Cono Sur. Pero las cosas no son tan simples.

Frente al olvido e indiferencia hacia el terror organizado s¨®lo caben pol¨ªticas p¨²blicas de memoria

La dictadura de Franco se levant¨® sobre las cenizas de una guerra civil que hab¨ªa dejado a la sociedad espa?ola rota, dividida y con grandes grietas. Dur¨® casi cuarenta a?os. Los golpes militares en Uruguay (27 de junio de 1973), Chile (11 de septiembre de 1973) y Argentina (24 de marzo de 1976) no provocaron guerras civiles, y las dictaduras duraron much¨ªsimo menos: doce a?os en Uruguay, siete en Argentina y casi diecisiete en Chile. Una dictadura de cuarenta a?os tuvo que condicionar necesariamente mucho m¨¢s el periodo de transici¨®n desde el autoritarismo a la democracia. Y eso puede aplicarse tambi¨¦n a las pol¨ªticas p¨²blicas de la memoria para gestionar desde las democracias los pasados de tortura y muerte.

Argentina fue el ¨²nico pa¨ªs donde hubo un juicio militar a los golpistas, iniciado en abril de 1985, el s¨ªmbolo de la derrota pol¨ªtica de los ex comandantes, de la subordinaci¨®n a la autoridad civil. En Chile, una democracia bajo la vigilancia y el cors¨¦ impuesto por el viejo dictador Pinochet no pudo derogar la amnist¨ªa que se hab¨ªan concedido los propios militares antes de dejar el poder. En Uruguay, un refer¨¦ndum con alta participaci¨®n popular ratific¨® en abril de 1989 con una mayor¨ªa significativa la amnist¨ªa, la Ley de Caducidad que cubr¨ªa los actos delictivos cometidos por las fuerzas armadas. Y en Espa?a, la Ley de Amnist¨ªa del 15 de octubre de 1977, aprobada ya por un Parlamento salido de unas elecciones democr¨¢ticas, imped¨ªa juzgar a los responsables de cr¨ªmenes y violaciones de derechos humanos cometidos desde las instituciones del Estado franquista.

Las cuatro sociedades est¨¢n hoy divididas sobre esos pasados represivos porque a ninguna de esas dictaduras le falt¨® el apoyo, la adhesi¨®n y la conformidad de los poderes financieros y econ¨®micos, de la jerarqu¨ªa de la Iglesia cat¨®lica y, lo que parece m¨¢s relevante para el tema que nos ocupa, de amplios sectores de la poblaci¨®n.

Frente al olvido e indiferencia hacia ese terror organizado, que dej¨® en todos los casos un buen saldo de brutalidad y degradaci¨®n del Estado, s¨®lo caben pol¨ªticas p¨²blicas de memoria basadas en archivos, museos y educaci¨®n, un asunto en el que Argentina ha marcado tambi¨¦n el camino. Los Estados democr¨¢ticos deben recopilar y preservar los documentos y testimonios de los periodos dictatoriales. Todo eso, por otro lado, tiene que difundirse y ponerse a disposici¨®n de investigadores e instituciones interesadas. Y hay que ense?ar, adem¨¢s, esa historia reciente y transmitir a los m¨¢s j¨®venes valores de tolerancia y libertad. No se trata s¨®lo de crear tribunales para juzgar la historia, sino de intentar comprender y explicar qu¨¦ ocurri¨®. Como dej¨® escrito el padre Luis P¨¦rez de Aguirre en su Memoria de los detenidos desaparecidos en Uruguay: "No se recuerda, no se juzga el pasado s¨®lo para castigar o condenar, sino para aprender".

Juli¨¢n Casanova es catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea en la Universidad de Zaragoza.