Juicio a la barbarie

Ser¨¢ un juez quien determine si el r¨¦gimen de Franco practic¨® una pol¨ªtica de exterminio entre el 17 de julio de 1936 hasta bien avanzados los a?os cincuenta? Habr¨¢n pasado casi 70 a?os desde el final de la Guerra Civil y es posible que la figura de Franco se siente en el banquillo. La memoria de quien lleg¨® a pensar que s¨®lo tendr¨ªa que dar cuentas de sus actos ante Dios y ante la Historia, ser¨¢ escrutada en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional. Pero el juicio de la Historia no va a esperar a Garz¨®n. Un nutrido grupo de historiadores y miles de familiares de represaliados llevan a?os buceando en los archivos y exhumando fosas. Y pase lo que pase en el proceso judicial, ellos seguir¨¢n con su tarea.

M¨¢s de 100.000 consejos de guerra en Catalu?a. ?Cu¨¢ntos en Andaluc¨ªa? ?Y en el Madrid que resisti¨® hasta el final?

"Nos queda por conocer qu¨¦ sucedi¨® en medio pa¨ªs. 25 a?os de investigaciones arrojan un mapa incompleto"

"En Huelva fueron asesinadas 6.019 personas de las que s¨®lo 386 lo fueron tras consejo de guerra"

Setenta a?os despu¨¦s, todav¨ªa hay ancianos que bajan la voz de forma inconsciente cuando recuerdan sucesos del pasado porque el miedo no se ha desprendido de su piel. Es la huella visible del terror. La invisible est¨¢ fuera, en el camino que el paso del tiempo ha alterado o borrado. Bajo la tierra. La fosa. Han sido exhumados 4.054 restos de 171 fosas an¨®nimas desde el a?o 2000. Son evidencias de un exterminio.

Quienes se han esforzado en registrar la memoria oral de aquellos d¨ªas, un conjunto dispar de historiadores y familiares, han podido conocer ese miedo latente, ese silencio esquivo, esa verdad escondida. Lo recuerda Emilio Silva cuando hizo sus primeras indagaciones tras la pista del lugar donde yac¨ªan los restos de su abuelo en El Bierzo. Corr¨ªa el a?o 2000: "Te llevaban a su casa, cerraban las ventanas y bajaban las persianas... S¨®lo entonces empezaban: 'Es la primera vez que hablo de aquello...". Benito Bermejo, historiador de los deportados espa?oles a los campos nazis, vivi¨® hace unos meses la curiosa historia de un hijo que acababa de descubrir que su padre no muri¨® en la guerra, sino en Mauthausen: su madre se lo ocult¨® durante casi 70 a?os por miedo. Call¨® y minti¨®. Cuando a?os atr¨¢s le extra?¨® que percibiera una pensi¨®n de Alemania y le pregunt¨® por los motivos, la madre respondi¨® que el padre hab¨ªa combatido en la Divisi¨®n Azul. Ese miedo incrustado en la m¨¦dula de tanta gente ha llegado hasta nuestros d¨ªas, ha servido de filtro para ocultar la verdadera historia de la represi¨®n franquista. Para demasiados espa?oles, la guerra no acab¨® en 1939.

Hay una geograf¨ªa nacional de fosas sin determinar, un censo de desaparecidos sin verificar y una poblaci¨®n de ajusticiados pendiente de contabilizar. Jordi Guix¨¦, historiador responsable de Proyectos y Espacios del Memorial Democratic de Catalu?a, quiz¨¢ tenga suerte dentro de unos meses cuando pueda cruzar los datos de los casi 111.000 consejos de guerra celebrados por el tribunal militar de la III Regi¨®n, es decir, Catalu?a, donde est¨¢n datados fusilamientos hasta el a?o 1952. Catalu?a fue el ¨²ltimo territorio conquistado por las tropas de Franco: inmediatamente despu¨¦s lleg¨® la venganza. Solsona, una localidad del pre-Pirineo leridano, es un buen ejemplo de lo que sucedi¨® tras el conflicto: un pueblo tranquilo pr¨®ximo a los 3.000 habitantes, muy cat¨®lico, con arzobispado, votante masivo de la derecha en los procesos electorales. Tras su conquista, casi el 10% de la poblaci¨®n fue sometido a consejo de guerra. Se registraron 25 fusilamientos en los primeros d¨ªas.

M¨¢s de 100.000 consejos de guerra en Catalu?a. ?Cu¨¢ntos en Andaluc¨ªa? ?Y en el Madrid que resisti¨® hasta el ¨²ltimo d¨ªa? ?Cu¨¢ntos fusilamientos? ?Cu¨¢ntas ejecuciones salvajes a golpe de impulso? La copia de una orden dirigida por el general Queipo de Llano a la comandancia de la Guardia Civil de la localidad de Aznalc¨¢zar (Sevilla) el 23 de julio de 1936 es un documento esclarecedor de la conducta represora en zona ocupada. La orden dictaba lo siguiente: "Primero. En todo gremio que se produzca una huelga o un abandono de servicio que por su importancia pueda estimarse como tal, ser¨¢n pasados por las armas inmediatamente todas las personas que compongan la directiva del gremio y adem¨¢s un n¨²mero igual de individuos de ¨¦ste discrecionalmente escogidos. Segundo, que en vista del poco acatamiento que se ha prestado a mis mandatos advierto y resuelvo que toda persona que resista las ¨®rdenes de la autoridad o desobedezca las prescripciones de los bandos publicados o que en lo sucesivo se publiquen tambi¨¦n ser¨¢n fusilados sin causa propia".

?Cu¨¢nto tiempo habr¨¢ que esperar para que las nuevas generaciones conozcan qu¨¦ pas¨® exactamente en el pasado?

Ninguna instituci¨®n p¨²blica espa?ola ha promovido una investigaci¨®n general de aquellos hechos durante m¨¢s de 25 a?os de democracia, bajo la teor¨ªa acu?ada de que la transici¨®n dej¨® resuelto el cap¨ªtulo de la Guerra Civil con un simple carpetazo, una ley de amnist¨ªa que equival¨ªa a una soluci¨®n de punto final. El argumento de que toda revisi¨®n del pasado contribuir¨ªa a abrir heridas, de que se cometieron barbaridades por ambas partes y no ser¨ªa ¨²til desenterrarlas, tom¨® cuerpo. Del terror se pas¨® al olvido oficial. Pero algo empez¨® a cambiar a partir del a?o 2000, cuando el periodista Emilio Silva escuch¨® aquellos testimonios con las persianas bajadas que le sirvieron para localizar la fosa donde enterraron a su abuelo, exhumarle y darle digna sepultura a sus restos. Desde aquel momento, una parte del silencio protegido se quebr¨® y naci¨® un movimiento ciudadano cuyas repercusiones son evidentes: "Ha sido un ej¨¦rcito de historiadores aficionados el que se ha dedicado a elaborar esos censos, lo cual es maravilloso por una parte y vergonzante por otra. Ya es hora de que el Estado asuma ese trabajo", dice el historiador Paul Preston.

Afloraron asociaciones (20 en 2003) que se multiplicaron con el tiempo. Sergio G¨¢lvez, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, llev¨® la contabilidad de estas instituciones privadas hasta 2006 (157 asociaciones, 29 fundaciones, 10 centros de estudios y 8 coordinadoras). Tras una estancia de un a?o fuera de Espa?a, reconoce que perdi¨® la cuenta: "Calculo que ahora habr¨¢ m¨¢s de 200". "Ha sido todo un fen¨®meno colectivo no exento de personalismos en algunos casos y de enfrentamientos entre asociaciones", concluye G¨¢lvez. El impulso ciudadano ha ido en paralelo con el renacer de investigaciones en torno a la guerra y la posguerra espa?ola, que tuvo primero el respaldo de universidades espa?olas y posteriormente el de instituciones p¨²blicas locales y auton¨®micas. Familiares e historiadores han iniciado una tenaz y desproporcionada b¨²squeda de documentos por la ingente, ca¨®tica y en algunos casos opaca realidad de los archivos de la Administraci¨®n.

"Cuando comenc¨¦ a investigar en el Archivo de Salamanca, en 1979", recuerda Juli¨¢n Casanova, catedr¨¢tico de Historia y autor de V¨ªctimas de la Guerra Civil, "el director controlaba todos los documentos. Si quer¨ªas fotocopiar algo, con su permiso, te acompa?aba uno de los bedeles a una fotocopiadora de la ciudad, porque en el archivo no se pod¨ªan hacer fotocopias. As¨ª que se sacaban los documentos al exterior, lloviera o nevara, y se le daba una propina al acompa?ante, condici¨®n para seguir con ese procedimiento posteriormente". Casanova ha experimentado en sus huesos no s¨®lo la resistencia de muchos archivos a ofrecer cierto tipo de documentaci¨®n, sino tambi¨¦n la falta de respaldo oficial. "Cuando yo ped¨ªa dinero para proyectos de investigaci¨®n a mediados de los ochenta (en instituciones controladas casi todas entonces por los socialistas), se me contestaba que a condici¨®n de que analiz¨¢ramos tambi¨¦n la violencia de los otros, de los rojos/republicanos, como si esa violencia hubiera estado tambi¨¦n oculta. Era el momento en que las teor¨ªas del fifty-fifty, las culpas repartidas al 50%, parec¨ªan marcar la pol¨ªtica correcta".

La dispersi¨®n de archivos se ha convertido en una carrera de obst¨¢culos para cualquier historiador. Y no s¨®lo la dispersi¨®n. O la p¨¦rdida de documentos. O su mala gesti¨®n y la falta de cat¨¢logos adecuados. El Archivo General de la Administraci¨®n, con sede en Alcal¨¢ de Henares, proclama en su p¨¢gina web que es el tercer archivo m¨¢s grande del mundo detr¨¢s de los Archivos Federales de Washington y el Cit¨¦ des Archives de Fontenebleau (Francia). All¨ª han ido a parar todos los documentos de los ministerios, excepto los relacionados con la seguridad del Estado y algunos otros. A pesar de su tama?o, s¨®lo es accesible por las ma?anas y las copias de documentos tardan un a?o en ser servidas. Ni que decir tiene que los archivos que corresponden al Ej¨¦rcito, la Polic¨ªa y la Guardia Civil, tres de las patas sobre las que el r¨¦gimen franquista asent¨® su poder, o han sido mal gestionados, o se han mostrado opacos. Caso aparte merece la Iglesia, la instituci¨®n m¨¢s reticente a ofrecer cualquier tipo de informaci¨®n.

"El Fichero General", sostiene Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, "contiene tres millones de fichas de personas que sufrieron la represi¨®n, pero toda esa informaci¨®n no est¨¢ informatizada, est¨¢ sin tratar, y adem¨¢s est¨¢ realizada con fines represores, no archiveros, por polic¨ªas, no por profesionales, por lo que tendr¨ªa que ser contrastada".

La ausencia de un archivo centralizado, la desidia y la falta de una norma legal que ampare el derecho de los investigadores y los particulares al libre acceso a documentaci¨®n oficial ha sido la gran excusa para los diferentes Gobiernos de la democracia a la hora de evitar una inc¨®moda investigaci¨®n general sobre la represi¨®n del franquismo. La aprobaci¨®n de una Ley de la Memoria Hist¨®rica en el Parlamento espa?ol (que entr¨® en vigor el 27 de diciembre de 2007) apenas ha sido un t¨ªmido avance. Hay realidades que son esclarecedoras: la Generalitat, que ha creado una direcci¨®n general de la Memoria Democr¨¢tica en la que trabajan 20 personas, dedica un presupuesto mayor (seis millones de euros) al estudio de la posguerra y la dignificaci¨®n de las fosas comunes que el propio Gobierno central. La ayuda oficial ha despertado tambi¨¦n en algunas otras comunidades, caso de Andaluc¨ªa (el proyecto Todos los Nombres ha contabilizado m¨¢s de 35.000 muertos bajo la represi¨®n), Asturias (m¨¢s de 20.000), Galicia (3.588) y Arag¨®n. El mapa de Espa?a tiene, sin embargo, un evidente espacio en blanco: ninguna autonom¨ªa gobernada por el PP ha dedicado un solo euro a la investigaci¨®n del franquismo o la exhumaci¨®n de fosas. Curiosamente, el Gobierno de Aznar s¨ª hizo una inversi¨®n en esta materia cuando subvencion¨® la exhumaci¨®n de restos pertenecientes a soldados en la Divisi¨®n Azul que estaban enterrados en Rusia.

Pero los obst¨¢culos oficiales y la pol¨ªtica del olvido no han obtenido resultado. El movimiento asociativo ha ganado su primera batalla, y la demanda de informaci¨®n del juez Garz¨®n a los ministerios del Interior, Defensa, Cultura y Justicia, a los ayuntamientos de Sevilla, C¨®rdoba, Granada y Madrid, a la abad¨ªa del Valle de los Ca¨ªdos y a la Conferencia Episcopal han dado carta de naturaleza a la necesidad de cerrar el c¨ªrculo de la investigaci¨®n sobre la represi¨®n del franquismo.

?Hubo exterminio tal y como se entiende en la legislaci¨®n moderna emanada de la Declaraci¨®n de Derechos Humanos? Independientemente del derecho a la reparaci¨®n que merezcan las familias de las v¨ªctimas, est¨¢ la respuesta a esa pregunta.

El trabajo de las asociaciones ciudadanas ha sido tenaz, la bibliograf¨ªa producida por los historiadores empieza a ser abundante. Este fen¨®meno no ha estado exento de disputas internas y duros debates entre historiadores. Tambi¨¦n se puede hablar de cierto despilfarro en algunas iniciativas: actualmente hay en marcha cuatro tesis doctorales sobre la represi¨®n del franquismo en Zamora, "donde no se tienen noticias de que fuera especialmente notable", explica Sergio G¨¢lvez. Sin embargo, al despacho del juez Garz¨®n lleg¨® una denuncia documentada y apoyada por familiares y asociaciones.

Francisco Espinosa, un historiador que ha indagado profundamente en la represi¨®n franquista en Andaluc¨ªa, director del proyecto Todos los Nombres, es el autor del Informe sobre la represi¨®n franquista. Estado de la cuesti¨®n, que sirve como sustento documental a la causa abierta en las diligencias previas 399/2006-E, abiertas por el juez Garz¨®n. "Nos queda por conocer lo sucedido en medio pa¨ªs; 25 a?os de investigaciones arrojan un mapa incompleto", reconoce. Espinosa repasa en dicho informe tanto la violencia republicana como la franquista, pero concreta las diferencias. El bando franquista inici¨® un profundo proceso de investigaci¨®n del llamado terror rojo que fue conocido como Causa General. "Una minuciosa investigaci¨®n a escala nacional, que analiz¨® lo ocurrido en cada localidad desde febrero de 1936 hasta la fecha de ocupaci¨®n y document¨® lo ocurrido a cada una de las v¨ªctimas del terror rojo. Esta investigaci¨®n dio lugar a un importante fondo documental de m¨¢s de 1.500 legajos, conservados en el Archivo Hist¨®rico Nacional", escribe Espinosa, quien presenta un cuadro de las v¨ªctimas de la represi¨®n republicana por provincias con sus aportaciones bibliogr¨¢ficas. Son 38.563.

La represi¨®n franquista fue mucho m¨¢s larga en el tiempo y alcanza a los a?os sesenta, coinciden los historiadores. Seg¨²n las cifras avanzadas por el documento de Espinosa, la cifra de v¨ªctimas ascender¨ªa a unas 130.000, a falta de profundizar m¨¢s en la investigaci¨®n de la mitad del territorio nacional. ?Hubo exterminio? Espinosa no duda en utilizar ese calificativo, pero a?ade en su informe: "Lo que interesa destacar de esta etapa fue el alt¨ªsimo n¨²mero de personas que quedaron sin inscribir en el registro y de cuya muerte no ha quedado huella alguna: detenidas ilegalmente, asesinadas y enterradas por lo general en fosas an¨®nimas abiertas en los cementerios, en el campo e incluso en fincas particulares. El mapa de las fosas comunes se superpone a la Espa?a donde triunf¨® el golpe militar y se aplic¨® de inmediato el calculado plan de exterminio que los sublevados ten¨ªan previsto desde el principio". Espinosa pone como ejemplo la provincia de Huelva, una de las mejor investigadas, "donde fueron asesinadas 6.019 personas de las que s¨®lo 386 lo fueron tras sentencia de consejo de guerra".

Los avances de algunas investigaciones permiten ir consolidando cifras en determinados territorios de Espa?a. La tesis de la doctora Queralt Sol¨¦, convertida en libro de reciente publicaci¨®n (Els morts clandestins, editorial Afers), concluye con un mapa de fosas muy detallado de Catalu?a. Queralt ha investigado las cifras de fallecidos por ambos bandos, tanto en acciones de guerra como en actos represivos. Su investigaci¨®n transcurre pueblo a pueblo, y su experiencia le llev¨® a toparse con una realidad que desconoc¨ªa, la del Valle de los Ca¨ªdos, donde yacen entre 40.000 y 70.000 restos, seg¨²n diversas fuentes. Queralt Sol¨¦ hall¨® documentos que prueban c¨®mo la Guardia Civil conoc¨ªa con m¨¢s exactitud que los propios ayuntamientos de la ¨¦poca la existencia y localizaci¨®n de fosas. Sin embargo, esa informaci¨®n est¨¢ muy dispersa.

Pese al tiempo transcurrido, el Valle de los Ca¨ªdos es todav¨ªa una asignatura pendiente del Estado, el mejor ejemplo de la magnitud del olvido oficial. Ning¨²n Gobierno democr¨¢tico se ha atrevido a poner sus manos en ese monumento, que sigue siendo gestionado por monjes benedictinos, amparados en un enorme vac¨ªo legal. Cuantas comisiones ministeriales se crearon para darle una soluci¨®n, la ¨²ltima en 1984, resultaron in¨²tiles: nunca celebraron una sola reuni¨®n.

El Valle de los Ca¨ªdos no es un cementerio. Algunos familiares de muertos en ambos bandos pretenden rescatar sus restos y han interpuesto demandas en juzgados. No lo conseguir¨¢n. Y no porque un juez lo vaya a impedir. "Los restos sirvieron para llenar cavidades internas de las criptas y ahora forman parte de la estructura del edificio. Las humedades han hecho el resto", explica una fuente del Valle de los Ca¨ªdos. No hay columbarios. No hay nichos como se ha llegado a creer. Queralt Sol¨¦ tiene una ¨ªntima convicci¨®n despu¨¦s de a?os investigando los fallecidos: "Franco ni siquiera respet¨® a sus muertos".

La investigaci¨®n iniciada por el juez Garz¨®n ha reabierto la fosa de la Memoria. Miles de espa?oles quieren saber. El proceso iniciado por el juez no tiene consecuencias penales, pero algunos historiadores creen que ha llegado el momento de avanzar un paso m¨¢s en la investigaci¨®n y de darle respuesta a otras preguntas. Despu¨¦s del qu¨¦ est¨¢ el qui¨¦n.

As¨ª lo expone Sergio G¨¢lvez: "?Est¨¢ la sociedad espa?ola preparada para que, al igual que vamos conociendo los nombres de las v¨ªctimas de la represi¨®n franquista, los historiadores comiencen a investigar y ofrecer los nombres de los denunciantes, de los beneficiarios econ¨®micos y, asimismo, de los responsables pol¨ªticos que llevaron y ejecutaron meticulosamente la represi¨®n? De llevarse a cabo estas investigaciones, ?modificar¨ªa sustancialmente nuestro conocimiento sobre la reciente historia contempor¨¢nea espa?ola? Y lo que es m¨¢s importante: ?nos servir¨ªa para trazar, desde una perspectiva hist¨®rica, la configuraci¨®n de las redes pol¨ªticas, sociales, econ¨®micas durante el franquismo y sus lazos actuales con las fuerzas centrales del pa¨ªs que hoy dominan dichos espacios? Ah¨ª quedan estas preguntas que en breve requerir¨¢n respuestas concretas por parte de los investigadores".