El Parlamento tramita la Ley de Servicios Sociales sin el apoyo del PP

Anxo Quintana reclam¨® ayer para la nueva Ley de Servicios Sociales un consenso similar al que generar¨ªa la universalizaci¨®n de la educaci¨®n o la sanidad. "Altura de miras", resumi¨®. Pero el PP no recogi¨® el guante, y mantuvo su enmienda a la totalidad ante un proyecto que tach¨® de "papel mojado".

El PP afirma que la ley es "papel mojado" porque no hay fondos para aplicarla

Anxo Quintana reclam¨® ayer para la nueva Ley de Servicios Sociales un consenso similar al que generar¨ªa la universalizaci¨®n de la educaci¨®n o la sanidad. "Altura de miras", resumi¨®. Pero el PP no recogi¨® el guante, y mantuvo su enmienda a la totalidad ante un proyecto que tach¨® de "papel mojado". Los populares basaron su rechazo en los incumplimientos de la Ley de Dependencia, que restan "credibilidad" al proyecto de Vicepresidencia. PSOE y BNG tumbaron con sus votos la enmienda del Grupo Popular, por lo que el Parlamento admiti¨® el proyecto a tr¨¢mite. El vicepresidente de la Xunta invit¨® a la oposici¨®n a enriquecer la ley durante su paso por la C¨¢mara auton¨®mica.

Una de las determinaciones de la norma que Quintana admiti¨® como mejorable es el sistema de financiaci¨®n. Tras la resistencia de los alcaldes gallegos, liderada por el presidente de la Fegamp, el socialista Carlos Fern¨¢ndez, la Xunta renunci¨® a obligar a las administraciones locales a consignar el 7% de su presupuesto para gastos de naturaleza social. Finalmente, la ley se limita a recomendar que se alcance ese porcentaje en el plazo de seis a?os. Para el PP, se trata de un brindis al sol. "Esta ley es papel mojado, no garantiza la cobertura de los derechos que consagra, carece de memoria econ¨®mica y deja al Gobierno sin dinero para aplicarla", acus¨® la diputada popular Marta Rodr¨ªguez Arias. Quintana, en cambio, valor¨® que la ley "marca un horizonte y llama a la responsabilidad de las instituciones". "Pero si hay otro mecanismo mejor, plant¨¦enlo", ret¨® al PP.

El instrumento rector de la ley ser¨¢ el Plan Estrat¨¦xico, que se elaborar¨¢ cada seis a?os para definir objetivos y mecanismos de control. La nueva norma plantea la elaboraci¨®n de un cat¨¢logo de servicios, programas y prestaciones que ser¨¢ exigible como derecho. Tres nuevos instrumentos tratar¨¢n de racionalizar las intervenciones: la tarjeta social, el expediente social b¨¢sico y la figura del profesional de referencia, equivalentes a la tarjeta sanitaria, la historia cl¨ªnica y el m¨¦dico de cabecera. Para hacer posible el acceso a los servicios, se prev¨¦ la creaci¨®n de la Axencia Galega de Servicios Sociais. La ley introduce la figura de las ¨¢reas sociales, unidades territoriales de referencia para la planificaci¨®n de los servicios. Esa distribuci¨®n se plasmar¨¢ despu¨¦s en el Mapa Galego de Servicios Sociais. La configuraci¨®n del sistema se completar¨¢ con el Consello Galego de Benestar, el Observatorio de Servizos Sociais y una Mesa Galega de Servicios Sociais.

La nueva normativa, explic¨® el vicepresidente de la Xunta, "hace de los servicios sociales una pol¨ªtica de primera l¨ªnea" y supondr¨¢ "un gran paso adelante en la producci¨®n legislativa de car¨¢cter nacional". El gran avance, a?adi¨®, consiste en "pasar de un viejo modelo asistencialista hacia uno nuevo de gesti¨®n del bienestar", caracterizado por la universalizaci¨®n de los servicios sociales, "que se elevan a la categor¨ªa de derechos". El tambi¨¦n l¨ªder del BNG enumer¨® los principios rectores de la ley: "La universalidad, la innovaci¨®n en la gesti¨®n, la planificaci¨®n, la participaci¨®n, la calidad, la colaboraci¨®n, la corresponsabilidad financiera y el control y la garant¨ªa p¨²blica".

El Partido Popular convirti¨® su rechazo a la ley en una censura global a la Vicepresidencia de la Xunta. "Llevan tres a?os defraudando a los gallegos que creyeron en sus promesas de cambio, y m¨¢s de un a?o a los que esperan por las ayudas que prometieron", acus¨® Marta Rodr¨ªguez Arias. La gesti¨®n de Quintana, a?adi¨®, "es la de las tres efes: fraude, frustraci¨®n y f¨¢bula". "Le avala un historial de incumplimientos", acus¨® la diputada, que calific¨® los nuevos instrumentos previstos por la ley de "chiringuitos".

Rodr¨ªguez Arias reclam¨® a Quintana que explique por qu¨¦ retir¨® de la ley la obligaci¨®n de destinar el 7% de los presupuestos de los ayuntamientos a gasto social. "?Qu¨¦ pas¨®, que no quer¨ªa problemas con el presidente de la Fegamp?", pregunt¨®. La diputada tambi¨¦n acus¨® al Consorcio Galego de Servicios Sociais de pagar 60.000 euros anuales por el alquiler de las oficinas de un hotel en A Coru?a para su delegaci¨®n en la ciudad. Socialistas y nacionalistas rechazaron los argumentos del PP por "demag¨®gicos".