La ley de acompa?amiento entierra el modelo de financiaci¨®n universitaria

La ley de acompa?amiento de los presupuestos de la Generalitat entierra definitivamente el fr¨¢gil acuedo sobre el que se sustenta en la actualidad la financiaci¨®n del sistema universitario p¨²blico. El modelo de financiaci¨®n universitaria pactado hace una d¨¦cada se prorrog¨® sin modificaciones hasta diciembre de 2007, cuando el consejero de Educaci¨®n y responsable de universidades alcanz¨® un acuerdo verbal con los rectores, a los que prometi¨® para 2009 una asignaci¨®n equivalente a la del ejercicio anterior revisada al alza en proporci¨®n al crecimiento del PIB regional.

Educaci¨®n elude el informe previo sobre las cuentas de las universidades

La Generalitat siempre ha prometido la inminente redacci¨®n de un nuevo modelo. Como paso previo, las universidades valencianas asumieron como propia una deuda de m¨¢s de 900 millones de euros derivada de las carencias de financiaci¨®n de parte de la Administraci¨®n auton¨®mica. Y como colof¨®n, la ley de acompa?amiento, en fase de anteproyecto, "desestructura" definitivamente el actual marco de financiaci¨®n, en palabras del gerente de una universidad p¨²blica.

El anteproyecto modifica el art¨ªculo 32 de la ley de Coordinaci¨®n del Sistema Universitario Valenciano que regula "el marco plurianual de financiaci¨®n de las universidades p¨²blicas". Hasta la fecha, el art¨ªculo en cuesti¨®n establec¨ªa que la financiaci¨®n de las universidades "debe basarse en cuatro tipos de aportaciones". Una gen¨¦rica, otra complementaria, otra vinculada a contratos-programa para cubrir necesidades docentes y, por ¨²ltimo, otra aportaci¨®n vinculada a las convocatorias p¨²blicas que estimulen la excelencia.

La nueva redacci¨®n suprime las "aportaciones" y las sustituye por "criterios". Los primeros son "b¨¢sicos, objetivos y transparentes".En la nueva redacci¨®n del art¨ªculo, la segunda aportaci¨®n transformada en criterio se mantiene tal cual. Pero los otros dos tipos de aportaciones vinculadas a contratos programa o convocatorias p¨²blicas vienen precedidas de un "podr¨¢n recibir dotaciones" que abre la v¨ªa a la discrecionalidad de los responsables pol¨ªticos en la distribuci¨®n de fondos al sistema universitario valenciano.

Un gerente destaca la "arbitrariedad" que introduce la nueva redacci¨®n del marco plurianual de financiaci¨®n. Otro responsable universitario resta importancia a las modificaciones y prefiere aludir a la clave del problema, "la ausencia de un modelo". "Prefiero recibir menos financiaci¨®n pero de acuerdo a un modelo objetivo que sufrir el caos actual", sentencia. Y a?ade: "La nueva redacci¨®n indica la escasa voluntad del Consell de alcanzar un acuerdo en torno a un nuevo modelo de financiaci¨®n universitaria".

El anteproyecto de la ley de acompa?amiento tambi¨¦n modifica un punto de la ley de Consejos Sociales de las Universidades P¨²blicas Valencianas que libera al director general del ramo de la redacci¨®n de un informe previo como respuesta a las propuestas de presupuesto que las universidades p¨²blicas deben remitir a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, una novedad que solo viene a reconocer la imposibilidad de emitir un informe solvente si no existe un modelo de financiaci¨®n objetivo.

En materia de dependencia, la ley de acompa?amiento reconoce expresamente un error que cometi¨® el Consell el a?o pasado al regular el silencio administrativo negativo, en contra de lo que es habitual, en "los procedimientos para el reconocimiento de la situaci¨®n de dependencia". El Consell regul¨® el silencio administrativo negativo a trav¨¦s de la ley de presupuestos, una incoherencia legislativa que ha sido objeto de impugnaci¨®n y que est¨¢ en los tribunales. El Consell ha optado por corregir ahora su error a trav¨¦s de la ley de acompa?amiento.

Tambi¨¦n consagra el silencio administrativo negativo para las reclamaciones "en materia de r¨¦gimen retributivo" para el personal al servicio de la Consejer¨ªa de Sanidad. Se trata del caso del m¨¦dico que considera que no le han pagado una guardia y formula una reclamaci¨®n. Si transcurridos tres meses no ha recibido respuesta, puede olvidar su reclamaci¨®n.

El anteproyecto introduce varias modificaciones en la ley de juego relativas a los plazos de las licencias o las condiciones que deben cumplir los responsables de salas de juego. Pero el cambio m¨¢s importante en materia de juego es una rebaja de tres puntos en "la tasa que grava los juegos de suerte" que afecta a la ley que regula los impuestos cedidos. En la actualidad el 26% del precio de un cart¨®n de bingo va destinado al pago de esa tasa. En adelante, solo se destinar¨¢ a impuestos un 23%.