El Gobierno propone ahora comprar 500 pisos para convertirlos en sociales

El Pacto Nacional por la Vivienda celebr¨® ayer un a?o de andadura sin que cundiera el entusiasmo. La crisis est¨¢ dejando todav¨ªa a m¨¢s gente sin acceso a la vivienda y, adem¨¢s, pone a prueba las costuras del acuerdo que en ocubre de 2007 sellaron administraciones, patronales, cooperativas y sindicatos. Arreciaban las acusaciones casi un¨¢nimes a las entidades financieras por cerrar el grifo a los compradores de vivienda de protecci¨®n oficial (VPO) y la Generalitat se sac¨® de la manga una medida que tampoco cuaj¨® entre todos los firmantes.

La banca niega que haya cerrado el grifo, pero las empresas insisten

Unos 800 pisos se han acogido a la figura del concertado catal¨¢n

El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, anunci¨® que invertir¨¢ 75 millones de euros en la compra de 500 viviendas, a raz¨®n de 150.000 euros cada una, para venderlas luego como VPO. El objetivo, seg¨²n Baltasar, era superar el "cuello de botella" que supone la crisis crediticia, tanto para el comprador como para el promotor. Las inmobiliarias no tardaron en tacharla de "inviable".

Seg¨²n varios asistentes a la comisi¨®n de seguimiento del pacto, la reuni¨®n fue seg¨²n el gui¨®n previsto: la Generalitat entreg¨® un amplio informe en el que tambi¨¦n constataba la mala situaci¨®n del mercado inmobiliario y crediticio, y los promotores denunciaron que sin dinero de la banca los objetivos son inalcanzables. El representante de la Federaci¨®n de Cajas de Ahorros de Catalu?a espet¨® entonces que las entidades han dado el 80% de las 5.800 solicitudes que se le han presentado en el ¨²ltimo a?o para viviendas sociales. Apostill¨®, no obstante, que requerir¨¢n m¨¢s solvencia.

"Las entidades financieras no quieren que la cuota suponga m¨¢s de entre el 30% y el 40% de los ingresos de las familias", explic¨® posteriormente la secretaria de Vivienda, Carme Trilla. Pero es esta exigencia, precisamente, la que puede dejar fuera, por ejemplo, a un mileurista, cuya cuota hipotecaria mensual m¨¢xima deber¨ªa estar, seg¨²n este criterio, como m¨¢ximo entre 300 o 400 euros.

El presidente de la Asociaci¨®n de Promotores y Constructores (APCE), Enric Reyna, se reafirm¨® tras la reuni¨®n en que el pacto era un "excelente instrumento" en octubre del a?o pasado. No obstante, advirti¨® de que ahora todo es diferente y de que requiere una revisi¨®n por la falta de liquidez de las entidades financieras. Tambi¨¦n lo pidi¨® CiU, que no quiso entrar hace un a?o en el pacto. El diputado Carles Sala reclam¨® que se reoriente el documento, aunque matiz¨® que esta "hoja de ruta 2.0" deber¨ªa contener todo lo que pueda aprovecharse.

Baltasar se desdijo de sus declaraciones del martes, cuando afirm¨® que la Generalitat asumir¨ªa las "tareas cl¨¢sicas de las entidades financieras" mientras ¨¦stas sufrieran por la falta de liquidez. Pero el Instituto Catal¨¢n de Finanzas no puede prestar dinero a particulares. "Cada uno har¨¢ lo que le corresponde. No queremos sustituir al sistema financiero", rectific¨®. S¨ª calific¨® de "excepcional" la medida de adquirir en este trimestre 500 pisos en el mercado libre a precio de vivienda protegida, lo cual supondr¨ªa que el promotor efectuara una rebaja cercana al 50%.

La medida soliviant¨® a la patronal de las inmobiliarias. Reyna enseguida respondi¨® que es "imposible" que ning¨²n promotor venda un piso a ese precio en Barcelona y su ¨¢rea metropolitana, que concentra la mayor¨ªa de las necesidades de vivienda protegida. "No hay imposibles", le rebati¨® Baltasar.

En cambio, otras entidades rechazaron la medida al interpretarla como una ayuda a los promotores. Especialmente cr¨ªtica fue UGT, que consider¨® que estas compras no son una medida para la vivienda social e insisti¨® en que "las entidades financieras deniegan los cr¨¦ditos hipotecarios a los adjudicatarios de vivienda protegida aunque demuestren su solvencia".

El documento que la Generalitat entreg¨® a los firmantes del pacto contiene un amplio abanico de n¨²meros y medidas. Baltasar sostuvo que unas 120.000 familias recibir¨¢n a finales de a?o alg¨²n tipo de ayuda. Casi la mitad las tendr¨¢n en formas de ayuda al alquiler, la mitad de las cuales las aportar¨¢ el Ministerio de Vivienda. Unos 800 pisos que antes eran de precio libre se han acogido a la nueva figura del concertado catal¨¢n. El Ejecutivo inici¨® 4.516 viviendas protegidas durante el primer semestre del a?o. En septiembre Baltasar hab¨ªa afirmado que hab¨ªan puesto en marcha 6.000.