Un barrio acumula centenares de pisos sin propietario legal en Granada

500 viviendas sin licencia de primera ocupaci¨®n; personas que no pueden demostrar que son propietarias de las viviendas que habitan; ventas irregulares de casas... Son algunas de las situaciones que ha destapado un plan de la Administraci¨®n auton¨®mica para regularizar y rehabilitar las 5.000 viviendas sociales de la Zona Norte de Granada, donde se concentran las barriadas m¨¢s humildes de la ciudad (Almanj¨¢yar, Cartuja y La Paz).

Muchos de los propietarios de las viviendas, en las que habitan aproximadamente 30.000 personas, carecen de escrituras o de cualquier documento que acredite la propiedad. M¨¢s de 500 casas ni siquiera tienen la licencia de primera ocupaci¨®n que ten¨ªa que haber tramitado la administraci¨®n.

Los vecinos temen ahora perder una propiedad adquirida seg¨²n sus "propias normas".

El objetivo del plan es regularizar la situaci¨®n sin que se origine un problema social, pero la impunidad que ha reinado durante a?os en la zona dificulta la tarea. Seg¨²n el presidente de la asociaci¨®n de vecinos de Almanj¨¢yar, ?ngel Rubio, "existen viviendas f¨ªsicamente pero no jur¨ªdicamente".Junto a varios afectados, ?ngel Rubio solicita a la Empresa P¨²blica de Suelo de Andaluc¨ªa (EPSA) que "regule la situaci¨®n pero teniendo en cuenta las singularidades del barrio".

El director de la oficina de EPSA en la Zona Norte, Enrique Cobo, asegura que la normalizaci¨®n tiene detr¨¢s largo trabajo de acuerdos con la mayor¨ªa de vecinos. "Pero lo acordado tienen que acatarlo todos y a algunos no les interesa". Contaba EPSA con "resistencia" en el momento culmen del proceso, pero es por parte de una "minor¨ªa", subraya. "El problema es que hay muchos otros que est¨¢n de acuerdo con la actuaci¨®n, pero no hablan".

Por ahora hay al menos seis expedientes de desahucio. Los motivos son diversos, pero el sentir entre los afectados es com¨²n: "Nos quieren echar a la calle". Motivos, seg¨²n la Administraci¨®n, no faltan. Han incumplido los criterios acordados a partir de un d¨ªa cero desde el que se ha empezado a contar. Sin mirar atr¨¢s. "Quien no los respeta no podr¨¢ regularizar su situaci¨®n". Es una decisi¨®n firme, agrega Cobo.

La primera actuaci¨®n realizada afecta de momento a 528 viviendas en alquiler. En una mesa de la vivienda se estableci¨®, de acuerdo con las comunidades de vecinos, que no se admitir¨ªan cesiones u otras acciones ilegales en las casas a partir del 1 de marzo de 2007. Adem¨¢s, para la regularizaci¨®n de esas casas ten¨ªan que habitarlas antes del 1 de enero de ese a?o y dedicarlas s¨®lo al fin de vivienda habitual, y no a otras actividades. "Las ¨®rdenes de desahucio son para quienes no cumplen estos requisitos", asegura Cobo.

Una de las afectadas es Irene L¨®pez, una joven de 21 a?os que vive con sus dos hijos de cuatro y un a?o y medio en una casa "que estaba vac¨ªa" cuando ella la ocup¨®, seg¨²n alega, aunque no opina lo mismo la Junta, y de la que ahora tendr¨¢ que marcharse. No paga recibo de agua ni luz, tiene ambos suministros "enganchados" a otras casas porque "hay demasiados pagos atrasados". Es una pr¨¢ctica habitual. En su mismo bloque hay tramit¨¢ndose dos expedientes m¨¢s.

Es dif¨ªcil saber por qu¨¦ no lo reconocen si pagan en r¨¦gimen de alquiler a los anteriores moradores. O incluso si han pagado por la supuesta compra del piso. El precio en el mercado negro puede alcanzar 48.000 euros.

"El problema es que aqu¨ª hay unas condiciones especiales, que EPSA tiene que respetar. No pueden llegar cortando cabezas", explica el presidente de la asociaci¨®n de vecinos de Almanj¨¢yar, que se ha puesto en contacto con unos abogados en M¨¢laga para intentar escriturar los pisos a trav¨¦s de alg¨²n resquicio legal.

Los casos son tan singulares que una actuaci¨®n individual de EPSA puede que no sea suficiente para lograr la rehabilitaci¨®n integral. Hace varios a?os la administraci¨®n entreg¨® reformadas las viviendas de Molino Nuevo, tambi¨¦n en Almanj¨¢yar. En una de ellos vive Francisco Amador junto a su mujer y su hijo. "Nos dio la casa mi padre", dice. Tambi¨¦n tiene orden de desahucio.

"Necesitamos la casa, llevo aqu¨ª mucho tiempo viviendo y me pertenece una", explica. EPSA justifica su decisi¨®n en que hay que acceder a ellas en base a unos baremos. "No vale meterse a la fuerza". Son de alquiler y "se debe pagar algo simb¨®lico por el fin al que est¨¢n destinadas", indica una trabajadora social de la oficina de la zona norte.

Conforme la actuaci¨®n avance se repetir¨¢n previsiblemente los mismos problemas. "Si no establecemos las normas de una vez, esto no acaba nunca, lo que ha pasado de aqu¨ª para atr¨¢s no puede cambiar", manifiesta Cobo. La plataforma social de la zona norte reclama un trabajo coordinado e integral. "El dinero no basta", aseguran sus responsables.