Nuevo examen al plan de incentivos

El curso pasado se vivi¨® un intenso debate en los claustros de los centros educativos andaluces. La Junta abri¨® el plazo para inscribirse voluntariamente en el Plan de Calidad de la ense?anza, una herramienta ideada por la Administraci¨®n a trav¨¦s de una orden -conocida popularmente como ley de calidad- que busca mejorar el rendimiento escolar. Por este sobreesfuerzo, los docentes participantes cobrar¨¢n unos incentivos que podr¨ªan llegar a alcanzar los 7.000 euros en el plazo de cuatro a?os. Ma?ana, Educaci¨®n vuelve a abrir un plazo de un mes para que los colegios e institutos se adhieran. La convocatoria estar¨¢ disponible, en las mismas fechas, durante los pr¨®ximos a?os.

Muchos colegios e institutos se dividieron internamente entre quienes ve¨ªan la iniciativa y la remuneraci¨®n como una manera de reconocer su trabajo, tal y como defiende la Junta, y los que entend¨ªan que era una forma de comprar al profesorado a cambio de m¨¢s aprobados. Este curso podr¨ªa pasar lo mismo. Los centros deber¨¢n decidir, por una mayor¨ªa m¨ªnima de dos tercios de los presentes en la reuni¨®n del claustro, la incorporaci¨®n al programa. En la anterior convocatoria, los dos tercios se establecieron en funci¨®n de todos los profesores del claustro, presentes o no en la votaci¨®n.

El resultado final de la convocatoria pasada plasma el esp¨ªritu con el que fue recibida la medida: s¨®lo 1.168 centros educativos dijeron s¨ª, lo que supone el 35%. La negativa fue especialmente sangrante entre los centros de Secundaria, ya que s¨®lo 126 respondieron afirmativamente. Fuentes de Educaci¨®n consideran la cifra "muy aceptable" y que recuerda otros planes voluntarios en los que el primer a?o la aceptaci¨®n fue similar o menor y actualmente se encuentra muy extendida, como el del Plan de Centros Abiertos.

Las cifras del curso pasado reflejaron el recelo con el que muchos profesionales recibieron la nueva orden. Un rechazo que sindicatos como APIA, USTEA, CGT o SADI -que convocaron una huelga el pasado curso y ya anuncian nuevas movilizaciones- han verbalizado crudamente: "La medida de los 7.000 euros es un soborno para comprar al profesorado a cambio de m¨¢s aprobados", explica Enrique Abascal, presidente de APIA. Por su parte, los sindicatos mayoritarios (UGT, CC OO, y AMPE) s¨ª apoyaron la iniciativa de la Junta. "Esta orden se enmarca en la LOE, que plantea que, en cuatro a?os, se crear¨¢n m¨¢s de 15.000 nuevas plazas de docentes y 2.500 de personal administrativo. Para ejecutar la Orden es necesario dicho aumento de plantilla. Si no se hubiese aprobado, nunca habr¨ªamos aceptado la orden", apunta Patricio P¨¦rez, de CC OO.

La Junta rechaza de plano las acusaciones que se le plantean. "Quien diga que el profesorado va a aprobar a los alumnos s¨®lo por el hecho de cobrar unos incentivos, es que no conoce a los profesores", se?alan. Educaci¨®n advierte de que, entre los 21 par¨¢metros que se miden para evaluar el desarrollo del programa, "s¨®lo hay tres que tienen relaci¨®n directa con los resultados; los otros 18 no guardan relaci¨®n directa con el n¨²mero de aprobados". Entre esos indicadores se mide el dominio de las competencias b¨¢sicas por el alumnado en lengua, matem¨¢ticas y ciencias, o el grado de satisfacci¨®n de las familias. "Estos aspectos son evaluados externamente", explican en la Junta "a trav¨¦s de la Agencia Andaluza de Evaluaci¨®n Educativa y encuestas". Los docentes m¨¢s cr¨ªticos, por su parte, reiteran que el mayor peso, "el 65% del programa", recae en los resultados acad¨¦micos -que dependen de los propios profesores-, pues advierten de que no va a examinarse externamente a los alumnos. Enrique Abascal, por ejemplo, apuesta por "un modelo completamente alejado de la Administraci¨®n e independiente".

Los sindicatos opositores exigen que la Junta se pregunte por qu¨¦, a pesar de la posibilidad de incentivos econ¨®micos y la promesa de m¨¢s profesores, hace seis meses se produjo un rechazo significativo entre los docentes, sindicados o no. Entonces, la Junta adujo que la negativa informaci¨®n dada a los profesionales por parte de ¨¦stas y otras organizaciones fue determinante. Para intentar dar la vuelta a la historia, altos cargos de Educaci¨®n ya mantienen encuentros con directores y docentes para explicar el plan.

Mientras, el plan ya se ha puesto en marcha con los centros que votaron s¨ª el a?o pasado. A los profesores que se han apuntado, se les paga 600 euros el primer a?o. Los opositores al plan advierten que la movilidad propia del profesorado, especialmente, de los interinos, puede permitir que "aquellos que votaron s¨ª el curso pasado, pero han sido trasladados a uno de los centros del no, cobren 600 euros por no hacer nada".