El Tribunal de Cuentas censura m¨²ltiples fallos en el Consorcio de Iru?a de Oca

El Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas ha propinado un severo varapalo al Consorcio de Aguas de Iru?a de Oca al analizar su gesti¨®n de 2005. La entidad alavesa, que gestiona el agua de los pueblos de Nanclares de Oca, Montevite, Ollavarre, V¨ªllodas y Trespuentes, no ha cumplido en su gesti¨®n con la normativa foral, hasta el punto de que el tribunal detalla numerosas irregularidades en su actuar. El informe, conocido ayer, fue encargado por la C¨¢mara.

La auditor¨ªa se?ala, en descargo del Consorcio, que su peque?a dimensi¨®n y la consiguiente escasez de personal explican estas irregularidades, como la no elaboraci¨®n ni aprobaci¨®n de su cuenta general correspondiente a 2005. Por ello, recomienda al Consorcio que solicite a la Diputaci¨®n que alguna de las secretar¨ªas de los ayuntamientos que lo integran "acumule las funciones de la gesti¨®n econ¨®mica y legal".

Entre las irregularidades registradas, la auditor¨ªa se?ala que las tarifas aprobadas "no recogen el periodo impositivo". Tampoco han sido publicadas en el Bolet¨ªn Oficial alav¨¦s, "con lo que se supone que no han entrado en vigor". Las tarifas fueron aprobadas antes de la constituci¨®n formal del Consorcio y no han sido ratificadas con posterioridad.

La entidad contaba en 2005 con una empleada a tiempo parcial, contratada sin cumplir ninguno de los principios legales. Esta trabajadora fue despedida en mayo de 2006 por el presidente del Consorcio, que pas¨® a ocupar su puesto "sin que hubiera consignaci¨®n presupuestaria para este empleo". A ello se a?aden las deficiencias en los presupuestos de 2005, que ni siquiera fueron publicados oficialmente.

El Consorcio alega en su defensa que ya ha solicitado la ayuda a la Diputaci¨®n para gestionar sus cuentas y que las tarifas fueron aprobadas por unanimidad por todas las juntas administrativas implicadas. En cuanto a la empleada, reconoce que fue contratada, pero en 2002. "Su inclusi¨®n en la fiscalizaci¨®n del ejercicio 2005 es por tanto un cotilleo improcedente", reza la alegaci¨®n. "La mala opini¨®n expresada por el Tribunal responde a criterios puramente subjetivos y sorprendentes en una auditor¨ªa profesional", concluyen los responsables del Consoricio, que sostienen que lo ¨²nico cierto es que su contabilidad no se adecua al formato oficial e institucional.