La nueva ley de servicios obligar¨¢ a la Administraci¨®n a revisar 7.000 normas

Con suerte, un fontanero que se decida a montar una empresa puede conseguir las autorizaciones necesarias en 15 d¨ªas. Pero sin ella tendr¨¢ que esperar hasta 240. Todo en funci¨®n de la comunidad aut¨®noma donde viva. El coste del papeleo, adem¨¢s, oscila entre 100 y 2.700 euros. Con el anteproyecto de ley sobre prestaci¨®n de servicios aprobado ayer, el Gobierno pretende acabar con ¨¦sta y otras muchas discrecionalidades.

Solbes dice que es un cambio "cultural y conceptual" de los servicios en Espa?a

El sector supone ahora dos tercios de la riqueza y del empleo nacional

La nueva ley, que el Ejecutivo prev¨¦ que salga del Parlamento a principios de 2009, sentar¨¢ las bases para que la prestaci¨®n de los servicios m¨¢s variopintos -desde una peluquer¨ªa hasta un centro comercial, pasando por el trabajo de un arquitecto- se rija por los principios de no discriminaci¨®n y proporcionalidad para garantizar el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios.

La idea es que para abrir un negocio no haya que esperar a una autorizaci¨®n previa, sino que una inspecci¨®n confirme que el due?o cumple las normas con el establecimiento ya en marcha.

No ser¨¢ f¨¢cil cumplir todos los objetivos, porque la ley se limitar¨¢ a establecer unos principios b¨¢sicos que afectar¨¢n a casi todos los servicios. A estos principios se tendr¨¢n que adecuar unas 7.000 normativas. De ¨¦stas, 80 son leyes estatales y 370, normas de rango menor. El resto lo componen normativas auton¨®micas y locales. Todas las administraciones tienen hasta el 31 de diciembre de 2009 para eliminar, por ejemplo, reglas tan absurdas como la que obliga a las autoescuelas a contar con aulas de m¨¢s de 20 metros cuadrados para impartir las clases para el carn¨¦ de turismos; y de 30 para los que quieran sacarse el permiso de cami¨®n.

El Gobierno espera que el cambio legislativo sirva como acicate para impulsar el crecimiento de un sector que representa dos tercios del PIB y del empleo; y que en los ¨²ltimos a?os ha perdido competitividad por su insistencia en aumentar m¨¢s los precios que en los pa¨ªses de la eurozona.

El Ministerio de Econom¨ªa calcula que con la reforma se reducir¨¢ en medio punto el diferencial de inflaci¨®n. El vicepresidente Pedro Solbes asegur¨® que la ley supondr¨¢ una reforma estructural de "hondo calado" y un cambio "cultural y conceptual" del funcionamiento de los servicios en Espa?a.

Pero no parece que el camino vaya a ser un paseo. Porque cada autoridad competente ser¨¢ la que decida c¨®mo tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Y es previsible que los cambios vayan a pisar algunos callos. Como el de los colegios profesionales. Aunque ¨¦sta no es una ley dirigida a estos colectivos, el secretario de Estado de Econom¨ªa, David Vegara, mencion¨® ayer algunos requisitos de los colegios que casan mal con la nueva normativa. Por ejemplo, algunos ¨®rganos profesionales exigen a sus miembros un c¨®digo de buena conducta.

El anteproyecto responde a la traslaci¨®n de una directiva comunitaria que obliga a los 27 miembros de la UE. Pero el Gobierno espa?ol ha querido ir m¨¢s all¨¢ de la letra dictada por Bruselas y se ha embarcado en varios proyectos legislativos al mismo tiempo. De forma paralela al documento presentado ayer, que afecta a las normas de nueva creaci¨®n, prepara otra ley que recoja las modificaciones de la normativa estatal para adaptarse a la directiva europea.

S¨®lo se han quedado fuera del nuevo marco sectores con sus propias directivas (financiero, transporte, telecomunicaciones, audiovisuales), o a los que por sus caracter¨ªsticas especiales requieren de una regulaci¨®n m¨¢s detallada (sanidad, servicios sociales o trabajo temporal).