El juez sostiene que la vicepresidenta de Castilla y Le¨®n prevaric¨® al recalificar un pinar
El juez de ?vila que desde hace dos a?os instruye el caso por la tala de un pinar protegido en Las Navas del Marqu¨¦s lo tiene tan claro como el fiscal: "Hay indicios racionales de la comisi¨®n de un delito de prevaricaci¨®n" por la vicepresidenta de Castilla y Le¨®n, Mar¨ªa Jes¨²s Ruiz, del PP, que firm¨® en 2004 la declaraci¨®n de impacto ambiental que permit¨ªa talar m¨¢s de 35.000 pinos protegidos para que el promotor Francisco G¨®mez, alias El Paloma, construyera 1.600 viviendas, hoteles y campos de golf. El juez Miguel ?ngel P¨¦rez califica ese dictamen como "ilegal y arbritrario" y apoya la petici¨®n del fiscal de que el Tribunal Superior de Justicia impute a Ruiz. En un escrito de 16 folios fechado el viernes pasado, el juez considera que la Junta de Castilla y Le¨®n incumpli¨® sus propias normas de protecci¨®n de la naturaleza.
El juez coincide con el ministerio p¨²blico en que toda la actuaci¨®n de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente que dirig¨ªa Ruiz estuvo destinada a recalificar el pinar. Ruiz prometi¨® al alcalde de Las navas, Gerardo P¨¦rez, del PP y tambi¨¦n imputado, que aporbar¨ªa la declaraci¨®n. El alcalde y altos cargos de la Junta y la Diputaci¨®n de ?vila hab¨ªan firmado con el promotor de antemano que recalificar¨ªan el pinar y que si se retrasaba el tr¨¢mite le indemnizar¨ªan con 1,5 millones de dinero p¨²blico. La urbanizaci¨®n ya fue declarada ilegal en 2006 por el Tribunal Superior y ahora la justicia investiga si hubo delito en la aprobaci¨®n del plan.
Miguel ?ngel P¨¦rez destaca que "las leyes no permit¨ªan" recalificar el pinar, que tiene una parte clasificada como ¨¢rea cr¨ªtica para la cig¨¹e?a negra, en peligro de extinci¨®n. "Cuando se concibi¨® y planific¨® el proyecto Ciudad del Golf y se realizaron las autorizaciones administrativas para llevarlo a cabo exist¨ªn suficientes instrumentos legales para defender las ¨¢reas naturales m¨¢s valiosas de las agresiones urban¨ªsticas, de modo que s¨®lo la frontal oposici¨®n de la Administraci¨®n a aplicar sus propias normas hizo posible que se produjera la agresi¨®n al medio ambiente determinante de la presenta causa penal", afirma el escrito del juez.
El auto a?ade: "Aquellos informes t¨¦cnicos de Medio Ambiente que pod¨ªan cuestionar la legalidad de la urbanizaci¨®n, unas veces, directamente se omitieron (...) en otro caso no se hizo caso a lo informado por ellos (...) y, como caso m¨¢s extremo, en determinados expedientes se exigi¨® la colaboraci¨®n a los t¨¦cnicos para que los informes fueran favorables (esto ocurri¨® en el expediente de la declaraci¨®n de impacto ambiental con la pol¨¦mica exclusi¨®n del ¨¢rea cr¨ªtica para la cig¨¹e?a negra".
El fiscal pidi¨®, y el juez acepta, separar el caso en cuatro piezas y que el Tribuanl Superior investigue la aprobaci¨®n ambiental (ya que Ruiz es aforada) y el juzgado de ?vila seguir¨ªa con el resto. Tambi¨¦n est¨¢n imputados los miembros de la comisi¨®n de urbanismo que aprobaron la recalificaci¨®n urban¨ªstica; el alcalde, el secretario municipal y el promotor por pactar de antemano la recalificaci¨®n, y el promotor por talar 2.243 pinos cuando la urbanziaci¨®n ya era ilegal con el argumento de que la sentencia no era firme.
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