Fronda corporativista

Si la huelga de tres horas convocada para hoy por los secretarios judiciales y la simult¨¢nea y concertada celebraci¨®n de juntas de jueces en toda Espa?a respondiera a una denuncia de la falta de medios materiales y personales de la Administraci¨®n de justicia habr¨ªa pocos motivos para oponerse. Se trata de una situaci¨®n cr¨®nica, nunca resuelta, en la que la dotaci¨®n presupuestaria por parte de los Gobiernos siempre ha ido por detr¨¢s de la demanda social de justicia y frente a la que habr¨ªa razones para una protesta permanente. Pero no se trata de eso, o no s¨®lo ni principalmente de eso.

La acci¨®n concertada de secretarios judiciales y jueces constituye un escandaloso cierre de filas corporativista y un no menos escandaloso rechazo a asumir responsabilidades en el ejercicio de sus funciones. No s¨®lo protestan por la suspensi¨®n de empleo y sueldo durante dos a?os de la secretaria del juzgado de Sevilla, que no ejecut¨® durante m¨¢s de dos a?os la condena del pederasta que asesin¨® a la peque?a Mari Luz y por la posible sanci¨®n m¨¢s rigurosa al juez Tirado, sino que presentan la penuria de medios como justa coartada para eximirles de cualquier responsabilidad.

Los fallos y la falta de atenci¨®n que precedieron al asesinato de la peque?a Mari Luz por un condenado por pederastia en libertad parecen ser moneda corriente en los juzgados. Motivo de m¨¢s para que no se pasen por alto, sobre todo si tienen un coste social inaceptable por concatenarse con un crimen tan horrible como el cometido en la persona de la peque?a Mari Luz. Es l¨®gico que el Gobierno trate de responder a la inquietud social, no s¨®lo promoviendo reformas legales, sino exigiendo sanciones proporcionadas a la gravedad de los fallos. Eso no constituye ninguna injerencia, sino incluso una obligaci¨®n del Ejecutivo, aunque no sea estrictamente necesario que esta intervenci¨®n sobre el procedimiento disciplinario abierto al juez Tirado deba concretarse en el tipo exacto de sanci¨®n que merece, como se desprende de las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno.

Lo que no es l¨®gico es que secretarios judiciales y jueces se abstraigan de los efectos, a veces terribles, que pueden tener sus fallos y errores y que, incluso, pretendan diluirlos en la consabida y recurrente falta de medios. Los jueces ejercen un poder del Estado y tienen una responsabilidad institucional que va m¨¢s all¨¢ de la que corresponde a los funcionarios de su juzgado. Si quieren que la sociedad les reconozca, deber¨ªan ser los primeros en reclamar esa responsabilidad y en ejercerla en casos socialmente tan traum¨¢ticos.

Desde esa perspectiva suenan a puro corporativismo tanto la decisi¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular los servicios m¨ªnimos en el paro de los secretarios judiciales como el manifiesto que parece que hoy har¨¢n p¨²blico varios magistrados del Tribunal Supremo en el que, al tiempo que se reclama el rechazo a eventuales demandas sociales de ejemplaridad en la sanci¨®n al juez Tirado, se pide que se tenga en cuenta en su descargo la situaci¨®n de su juzgado.