La crisis amenaza las ayudas para 30.000 personas dependientes

La crisis econ¨®mica amenaza el cuarto pilar del Estado del bienestar: la atenci¨®n a las personas dependientes. El Gobierno de la Generalitat admiti¨® ayer abiertamente que es posible que se retrase la aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia. Con el nuevo a?o, estaba previsto que la prestaci¨®n a personas dependientes no s¨®lo acoger¨ªa a ciudadanos con dependencias graves, c¨®mo ahora, sino tambi¨¦n con las consideradas leves. Un total de 30.000 personas pasar¨ªan a sumarse a las 32.000 que ahora reciben ayudas.

Sin embargo, el Gobierno de la Generalitat se prepara para el recorte. El consejero de Innovaci¨®n, Empresa y Universidad, Josep Huguet, admiti¨® que la crisis econ¨®mica crea "cierta complicaci¨®n" en el desarrollo de la ley. Por ello, inst¨® al Gobierno central a "mover ficha, ya sea poniendo el dinero que falta" o a "coger el toro por los cuernos y decir abiertamente que su aplicaci¨®n ser¨¢ m¨¢s lenta".

La consejera de Acci¨®n Social, Carme Capdevila, no le desminti¨®. Durante una comparecencia parlamentaria, Capdevila tampoco rechaz¨® la idea que ya ha planteado el Partit dels Socialistes: posponer las ayudas a las personas con menor grado de dependencia ante las limitaciones de financiaci¨®n actuales.

Capdevila indic¨® que su voluntad es esperar a tener sobre la mesa las cuentas de 2009. "Mientras no tengamos sobre la mesa los presupuestos cerrados no podemos decidir" sobre estas pr¨®rrogas, dijo.

Capdevila reiter¨® que la Generalitat no podr¨¢ soportar durante mucho tiempo la carga econ¨®mica que le supone la ley. Record¨® que si se perpet¨²a la actual situaci¨®n sobre el reparto de la financiaci¨®n en ambas administraciones, en 2011 la Generalitat se har¨ªa cargo del 81% del coste p¨²blico y el Gobierno central s¨®lo del 19%. La ley dicta que las dos administraciones, Gobierno central y Generalitat, deben hacerse cargo a partes iguales de dos tercios del coste, mientras que el usuario debe afrontar el otro tercio.

Capdevila sostuvo que la proporci¨®n es del 67,8% sufragado por la Generalitat y el 22,2% por la Administraci¨®n central. La consejera republicana se?al¨® que este a?o la Generalitat est¨¢ pagando 370 millones de los 545 que est¨¢ costando aplicar la ley.

El Gobierno catal¨¢n tiene reconocidas a 5.762 personas con grado 1 (personas que requieren asistencia una vez al d¨ªa para su aseo personal u otra necesidad b¨¢sica) y 6.541 dependientes en grado 2.1 (cuando la ayuda que necesitan pasa a ser intermitente, al menos dos o tres veces al d¨ªa, para sus necesidades fisiol¨®gicas o de alimentaci¨®n). Si las previsiones no vuelven a fallar, en enero 20.000 personas m¨¢s tendr¨¢n reconocida una dependencia con grado 1, lo que agravar¨¢ la situaci¨®n. Este grado de dependencia, calcula el tripartito, agrupar¨¢ a unas 30.000 personas. Son ¨¦stas las que, de diferirse las ayudas, se quedar¨¢n sin dinero.

UGT exigi¨® ayer la aplicaci¨®n urgente de la Ley de la Dependencia y pidi¨® al tripartito y al Parlament "m¨¢s seriedad y rigor" en la elaboraci¨®n y aprobaci¨®n de normativas legislativas "especialmente en aquellas que tienen que ver con una ampliaci¨®n de la garant¨ªa de derechos de las personas".

Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona aprob¨® a propuesta de CiU una moci¨®n que insta a los servicios municipales a hacerse cargo de la atenci¨®n a los dependientes cuando sus cuidadores tengan alg¨²n tipo imprevisto.