La avalancha de peticiones duplica el gasto en la ley de Dependencia

Las estimaciones han fallado en la ley de Dependencia. Y el dinero que ten¨ªa previsto invertir la Junta de Andaluc¨ªa para la aplicaci¨®n de esta norma tambi¨¦n se ha quedado corto. En los Presupuestos auton¨®micos para 2008 se hab¨ªan reservado 270 millones de euros. Pero esta cifra inicial se habr¨¢ duplicado cuando se cierre el a?o, seg¨²n Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social. Navarro pide ahora m¨¢s implicaci¨®n econ¨®mica al Gobierno central para poder prestar las ayudas a las personas dependientes.

Esta ley estatal entr¨® en vigor el 1 de enero de 2007. Comenz¨® a aplicarse el 23 de abril de ese a?o en Andaluc¨ªa. Y se produjo una verdadera avalancha de solicitudes. El pasado 22 de octubre de 2008 se hab¨ªan recibido ya 201.499 peticiones en la Consejer¨ªa para la Igualdad, de las que el 85% (171.247 personas) han sido examinadas. De estas ¨²ltimas, 113.989 tienen derecho a percibir en este momento alg¨²n tipo de prestaci¨®n y 80.524 personas est¨¢n recibiendo ya la ayuda econ¨®mica en Andaluc¨ªa.

Cuando se aprob¨® la ley se prepar¨® una memoria econ¨®mica y un libro blanco con la inversi¨®n necesaria y las personas que ser¨ªan potenciales beneficiarias de las ayudas. "La estimaci¨®n que se hac¨ªa en Andaluc¨ªa para el grupo de grandes dependientes estaba entre 35.000 y 40.000 personas", se?ala Navarro. Pero la Junta de Andaluc¨ªa ya tiene identificados dentro de este mismo grupo a 96.632 hombres y mujeres con derecho a percibir ayudas. "La estimaci¨®n de personas grandes dependientes se ha demostrado despu¨¦s que se ha quedado muy corta", asegura la consejera.

"La memoria econ¨®mica tambi¨¦n se ha quedado corta porque estaba en funci¨®n de una estimaci¨®n que se ha sobrepasado. Para el a?o 2009 se fijaba un gasto del Gobierno central de 900 millones de euros. Pero el presupuesto que se va a recoger finalmente en los Presupuestos del Estado para 2009 es de 1.158 millones", a?ade Navarro.

"El Estado tiene que aumentar la financiaci¨®n", se?ala la responsable de Igualdad. El coste de la ley de Dependencia es compartido entre las comunidades aut¨®nomas y el Gobierno central. Las comunidades tienen que aportar, como m¨ªnimo, el 50% de los que aporte el Estado. Pero no hay m¨¢ximos, cada gobierno auton¨®mico puede fijar su inversi¨®n. Seg¨²n los datos provisionales de la consejer¨ªa, el 65% del gasto en la aplicaci¨®n de esta norma en Andaluc¨ªa ha sido aportado por la Junta en este a?o 2008.

Catalu?a ha llegado a amenazar con congelar la aplicaci¨®n de la ley si el Gobierno no aporta m¨¢s dinero. Navarro rechaza esta posibilidad: "Ninguna comunidad puede paralizar su aplicaci¨®n de manera unilateral. Es una ley estatal y no se podr¨ªa hacer salvo que el Gobierno y las comunidades en el consejo territorial lo decidan. Y actualmente no se est¨¢ planteando una moratoria".

La aplicaci¨®n de ley de Dependencia se plante¨® desde un principio de forma gradual. Primero se empezaron a reconocer las ayudas a las personas pertenecientes al grupo de grandes dependientes, en su nivel uno y dos. Actualmente tambi¨¦n reciben prestaciones parte de los dependientes severos. Est¨¢ previsto que en 2015 est¨¦n completados todos los grupos y subgrupos.

La ley de Dependencia est¨¢ inmersa en un proceso de revisi¨®n. El Congreso aprob¨® hace unas semanas la creaci¨®n de un grupo de expertos para analizar el funcionamiento de la norma y su financiaci¨®n.

La Junta ha anunciado esta semana que 530 millones de sus presupuestos ir¨¢n a parar a la ley de Dependencia, lo que supone que el 30% de la inversi¨®n en la Consejer¨ªa de Igualdad se destinar¨¢ a las ayudas a los dependientes. Seg¨²n las previsiones de los responsables auton¨®micos, en 2009 se habr¨¢n presentado unas 225.000 solicitudes y 130.000 personas recibir¨¢n alg¨²n tipo de prestaci¨®n.