El coraz¨®n y la cabeza

La contradicci¨®n entre la muerte, hace 10 meses, de la ni?a onubense de cinco a?os Mar¨ªa Luz Cort¨¦s y la sentencia en firme dictada por la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005 contra su presunto asesino -condenado a dos a?os y nueve meses por abusos sexuales cometidos con su propia hija en 1999-, que no hab¨ªa sido a¨²n ejecutada en el momento del crimen a causa de la negligencia de un juzgado hispalense, se halla en el origen de un grave conflicto entre el Gobierno y la magistratura.

El delito imputado a Santiago del Valle -cuyo historial judicial entre 2003 y 2007 incluye el manoseo a una ni?a de nueve a?os, los tocamientos a una menor en un supermercado, el acoso a una muchacha de 13 a?os y los juegos con una ni?a de cuatro- ha despertado la indignaci¨®n popular. En los casos l¨ªmite, las ideas ilustradas sobre la justicia penal, que derrotaron a la concepci¨®n retributiva de la ley del tali¨®n, pueden llegar a ser barridas por esas entendibles -y no justificables- oleadas pasionales. Es cierto que el caos de la Administraci¨®n de Justicia dificulta el sosiego reflexivo. Pero dentro de la divisi¨®n del trabajo entre la cabeza y el coraz¨®n, la defensa de la l¨®gica del Estado de derecho frente al desbordamiento emocional es un deber de todos sus poderes.

El Gobierno y el Poder Judicial se enfrentan a causa de la sanci¨®n disciplinaria del CGPJ al juez Rafael Tirado

Por desgracia, las protestas contra la leve sanci¨®n disciplinaria -una multa de 1.500 euros por "desatenci¨®n grave"- aplicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a Rafael Tirado, titular del juzgado penal sevillano que demor¨® durante 26 meses la ejecuci¨®n de la sentencia firme contra Santiago del Valle, han sido jaleadas por una parte del Gobierno, que ha irrumpido en el asunto como elefante en cacharrer¨ªa. La vicepresidenta Fern¨¢ndez de la Vega, que ha sido secretaria judicial y vocal del CGPJ, manifest¨® su esperanza de que la sanci¨®n al juez Tirado se elevara a los tres a?os de suspensi¨®n de empleo y sueldo pedidos por el fiscal. El ministro Bermejo acus¨® con aire intimidatorio a la magistratura de "intereses corporativos de autodefensa". Las im¨¢genes del presidente Zapatero con el padre de Mari Luz fueron algo m¨¢s que informativas.

La reacci¨®n judicial no se hizo esperar. Un escrito firmado por magistrados del Supremo rechaz¨® "las inaceptables injerencias" del Gobierno en el ¨¢mbito del CGPJ y sus demandas "justicialistas y ejemplarizantes". Una abrumadora mayor¨ªa de los miembros de la carrera judicial se solidariz¨® con la huelga -legal- convocada para el 21 de octubre (con un 85% de seguimiento) por el cuerpo de secretarios judiciales en apoyo de su compa?era sevillana, sancionada a dos a?os de suspensi¨®n; la v¨ªa elegida fue un paro encubierto disfrazado de Juntas de Jueces concertadas para el mismo d¨ªa. Pero la huelga -como la afiliaci¨®n sindical- es un derecho negado a los jueces, que encarnan un poder del Estado. No se trata s¨®lo de que el Poder Ejecutivo respete las fronteras del Poder Judicial; los magistrados est¨¢n igualmente obligados a respetar las leyes. -