La burocracia y las deudas paralizan la llegada del nuevo regad¨ªo a Galicia
El Gobierno tiene reservados desde hace a?os 66 millones para acequias y bombeos
"Tenemos un suelo f¨¦rtil, pero sin regad¨ªo se muere. En verano esto es como Castilla". Alicia Tour¨¢n es una campesina de la Galicia ¨¢rida, que tambi¨¦n existe, preocupada por la "crueldad" y el "descontrol" del cambio clim¨¢tico, y con la esperanza puesta en unos sistemas modernos de regad¨ªo que est¨¢n pendientes de implantarse en su tierra, el Val de Lemos (Lugo), desde hace casi 20 a?os. La Administraci¨®n dice tener 66 millones de euros preparados para construir, en esta comarca lucense y la orensana de A Limia, una red de acequias y estaciones de bombeo que multipliquen la rentabilidad de la agricultura y acaben con el tradicional despilfarro de agua. Pero razones burocr¨¢ticas y econ¨®micas demoran las inversiones.
Los agricultores del Val de Lemos llevan el agua a sus tierras gracias a unas canalizaciones de los a?os 60 por las que se pierde el 80% del caudal. Por estas instalaciones han de pagar unas tasas anuales a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica Mi?o-Sil, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que en 2002 pasaron de 36 a 400 euros por hect¨¢rea, una subida que la comunidad de regantes se neg¨® a pagar. Desde entonces los campesinos de Lemos han acumulado una deuda de 500.000 euros que les fue reclamada en 2007 para poder ejecutar las obras de modernizaci¨®n del regad¨ªo. "Pedimos a la Administraci¨®n que paralizara el proyecto porque se nos ven¨ªan encima las tasas", relatan desde la comunidad de regantes de Val de Lemos, que agrupa a unos 4.000 propietarios, 600 de ellos labriegos en activo.
Pero no es la deuda el ¨²nico escollo para renovar los 230 kil¨®metros de obsoletas canalizaciones de riego que recorren Val de Lemos. El proyecto s¨®lo se puede llevar a cabo en territorios donde se haya finalizado el proceso de concentraci¨®n parcelaria y este requisito s¨®lo lo cumplen en esta comarca 800 de las 4.710 hect¨¢reas que conforman la zona regable. "Al ritmo que va la concentraci¨®n podemos estar otros 30 a?os esperando", advierte Alicia Tour¨®n, presidenta de la comunidad de regantes.
Los agricultores de Lemos, en colaboraci¨®n con la Conseller¨ªa de Medio Rural, buscan una salida para ir reformando el regad¨ªo al menos en algunas zonas. Una de las posibilidades es agrupar fincas colindantes en terrenos de 50 hect¨¢reas gracias a acuerdos entre propietarios. Mientras, desde la empresa estatal Seiasa del Norte, encargada del proyecto, aseguran tener reservados los 42 millones de euros que se necesitan para renovar la infraestructura de riego de esta comarca. "En cuanto veamos que la concentraci¨®n parcelaria est¨¢ a punto de finalizarse, meteremos ese dinero en nuestro presupuesto", explica Angel Ballestero, director general de la compa?¨ªa, que lleva cuatro a?os intentando extender el regad¨ªo moderno por Galicia.
En A Limia tambi¨¦n est¨¢n a la espera. Cuatro comunidades de regantes (Entre R¨ªos; Filgueira y Toxal; Alta Limia; y parte baja del r¨ªo Limia), que agrupan a 400 agricultores, ya han llegado a un acuerdo con el Gobierno central para instalar un sistema de regad¨ªo que capte agua de acu¨ªferos subterr¨¢neos a poca profundidad. Hasta ahora estos campesinos regaban sus tierras con unas concesiones "an¨¢rquicas" y un "consumo desmesurado", explica Anxo P¨¦rez R¨²a, del Sindicato Labrego Galego.
Para modernizar el regad¨ªo, con una inversi¨®n que Seiasa del Norte cuantifica en 24 millones de euros, los agricultores han solicitado a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica Mi?o-Sil unas concesiones de caudal que no llegan. P¨¦rez R¨²a asegura que las peticiones han sido tramitadas en algunos casos hace cuatro a?os y no entiende por qu¨¦ el organismo del Ministerio de Medio Ambiente a¨²n no ha contestado. La Confederaci¨®n tampoco ha explicado a este peri¨®dico la demora. Seiasa del Norte ha reservado fondos para esta obra en sus presupuestos de 2009. "Si no van para A Limia, ir¨¢n para otro sitio", se?ala desde Valladolid el director de la empresa estatal.
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