Un c¨®digo a debatir

El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a la m¨¢s ambiciosa reforma del C¨®digo Penal desde la llevada a cabo por el Gobierno de Aznar en 2003. Ante reformas de este tipo siempre surge la duda de si el Gobierno de turno no las utiliza para abordar problemas de dif¨ªcil soluci¨®n, cuya ra¨ªz est¨¢ extramuros de la ley penal, pero que provocan estados de alarma social y conviene pol¨ªticamente hacerles frente cuanto antes. El tratamiento penal, incluso el m¨¢s riguroso, puede que no resuelva el problema pero apacigua los ¨¢nimos, algo muy de agradecer para los gobernantes.

Esa duda se plantea con la medida m¨¢s pol¨¦mica de la reforma: la nueva pena accesoria de libertad vigilada hasta un m¨¢ximo de 20 a?os para delincuentes sexuales y terroristas tras cumplir condena. Inicialmente prevista para los primeros, por su constatada propensi¨®n a reincidir, se aplicar¨¢ tambi¨¦n a los segundos, de los que no hay constancia hist¨®rica de que tengan esa propensi¨®n. En su caso, la prolongada estancia en la c¨¢rcel termina por alejarles, si no de la ideolog¨ªa del grupo, s¨ª de la militancia activa. Algunas de las 12 medidas en que se materializar¨¢ la nueva pena se superponen a las ya existentes de prohibici¨®n de aproximarse y comunicarse con la v¨ªctima de delito o a sus familiares. Son, pues, redundantes. Y todas ellas supondr¨¢n una nueva y pesada carga para el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, con riesgo de quedar en papel mojado si no van acompa?adas de medios y de mayor coordinaci¨®n.

El grueso de la reforma se ci?e al objetivo inicial: los delitos sexuales, sobre todo si la v¨ªctima es menor o incapaz. Pero abarca muchas m¨¢s cuestiones en el centenar de art¨ªculos de que consta: desde la corrupci¨®n funcionarial vinculada a la inspecci¨®n y control de proyectos urban¨ªsticos y un mayor castigo para la corrupci¨®n privada -sobornos en el ¨¢mbito empresarial- hasta las nuevas formas de delincuencia inform¨¢tica, pasando por la creciente trata de seres humanos relacionada con la inmigraci¨®n y prostituci¨®n. La ampliaci¨®n de la reforma se justifica en compromisos internacionales -directivas europeas- y en la propia din¨¢mica social generada tras la ¨²ltima reforma. Es l¨®gico, en este sentido, que se haga desaparecer cualquier atisbo de penalizaci¨®n de la fecundaci¨®n de ¨®vulos humanos con fines terap¨¦uticos, una vez que entr¨® en vigor la ley sobre t¨¦cnicas de reproducci¨®n asistida del 26 de mayo de 2006.

Sobre la necesidad de ajustar y aun agravar las penas a los delincuentes sexuales existe consenso social y jur¨ªdico, incluso desde antes del asesinato de la peque?a Mari Luz, desencadenante de la reforma. Tambi¨¦n sobre la necesidad de un control tras cumplir condena m¨¢s bien de tipo terap¨¦utico como la castraci¨®n qu¨ªmica voluntaria. Es dudoso que la libertad vigilada, de car¨¢cter estrictamente judicial y policial, sea lo adecuado. El tema, como toda la reforma, merece un serio debate en el Parlamento.