El Poder Judicial negocia suspender al juez Tirado entre cinco meses y un a?o

El Consejo General del Poder Judicial est¨¢ negociando una sanci¨®n que puede oscilar entre cinco meses y un a?o de suspensi¨®n de empleo y sueldo para el juez Rafael Tirado, el magistrado de Sevilla que no ejecut¨® una sentencia de ingreso en prisi¨®n del pederasta Santiago Del Valle, presunto asesino de la ni?a Mari Luz. La idea del Consejo es despachar este pol¨¦mico asunto en un pleno el 17 de diciembre. A¨²n no hay nada cerrado. Pero ya se han producido los primeros contactos entre los vocales progresistas y conservadores del Poder Judicial para tratar de consensuar la sanci¨®n y evitar una fractura en la primera decisi¨®n controvertida que deber¨¢n adoptar desde su nombramiento en septiembre.

Tras estudiar el expediente del juez, sus alegaciones y el recurso del fiscal, que reclama una sanci¨®n de tres a?os de suspensi¨®n, el sector progresista maneja como opci¨®n una sanci¨®n que oscile entre seis meses y un a?o de suspensi¨®n. Y as¨ª lo han hecho saber a los vocales del sector conservador. ?stos (no todos, pero s¨ª una mayor¨ªa) convienen en que la sanci¨®n que impusieron los anteriores vocales del Poder Judicial (una multa de 1.500 euros por una falta grave de desatenci¨®n) fue exigua. Pero tienen claro su rechazo a convertir al juez Tirado en un cabeza de turco. Un sector significativo del sector conservador estar¨ªa dispuesto a aceptar que la sanci¨®n sea por falta muy grave, lo que lleva impl¨ªcito una suspensi¨®n de funciones, pero no a que ¨¦sta exceda de seis meses. Cinco meses o incluso menos ser¨ªa aceptable. El matiz est¨¢ en que una sanci¨®n superior a seis meses supondr¨ªa que, al t¨¦rmino de la misma, Tirado estar¨ªa obligado a cambiar de juzgado.

Si finalmente no hubiera consenso entre ambos sectores, tampoco es descartable que ambos grupos permitan el voto en conciencia a cada vocal. Y es que hay vocales conservadores partidarios de mantener la multa y otros progresistas que han llegado a postular dos a?os de suspensi¨®n.

La decisi¨®n de la anterior comisi¨®n disciplinaria de imponer una multa de 1.500 euros parti¨® de los dos vocales conservadores y fue secundada por el vocal independiente Agust¨ªn Azparren, quien decant¨® al final la balanza en ese sentido. Las dos vocales progresistas de esta comisi¨®n eran partidarias de catalogar como falta muy grave la actuaci¨®n de Tirado y suspenderle de funciones.

La multa de 1.500 euros provoc¨® un gran debate social y llev¨® a miembros del Gobierno y de la oposici¨®n a criticarla con dureza. La vicepresidenta Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega apost¨® incluso porque el nuevo Consejo elevase la sanci¨®n a tres a?os de suspensi¨®n. La multa se habr¨ªa tornado firme e inapelable si no fuese por el recurso que present¨® la fiscal¨ªa y que obliga a que el asunto sea revisado por el Pleno del Gobierno de los jueces, compuesto por 21 miembros, el presidente, nueve progresistas, nueve conservadores y dos propuestos por PNV y CiU.

Ahora mismo, el asunto est¨¢ de nuevo en manos de la comisi¨®n disciplinaria (pero ya con nuevos vocales). Esta comisi¨®n puede hacer un nuevo informe para elevarlo al pleno, dando su opini¨®n sobre los recursos que han presentado el fiscal y el juez Tirado contra la sanci¨®n. El ponente del caso en esta instancia es el vocal progresista Jos¨¦ Manuel G¨®mez Ben¨ªtez. Esta comisi¨®n se compone de dos vocales progresistas, dos conservadores y Margarita Ur¨ªa, propuesta por el PNV, que es la que puede decantar el contenido del informe. Pero s¨®lo podr¨¢ hacer un informe, ya que el caso Tirado es ya un asunto que compete de lleno al pleno del Poder Judicial. ?ste ha nombrado como ponente del asunto al vocal progresita F¨¦lix Az¨®n. Lo previsible es que ambos ponentes dialoguen y lleven una propuesta conjunta al pleno.

Progresistas y conservadores intentar¨¢n llegar al pleno con una propuesta com¨²n. El objetivo es sancionar este caso desde una perspectiva estrictamente jur¨ªdica, exenta de presiones medi¨¢ticas o sociales. Para ello, algunos vocales han consultado incluso la doctrina sobre conductas similares promulgada por el Supremo. Quieren evitar que el alto tribunal la anule luego.

Por ello, vocales de uno y otro sector insisten en que hay que desvincular la desatenci¨®n de Tirado en el expediente del caso Mari Luz de la muerte de la ni?a y analizarlo desde una ¨®ptica jur¨ªdica. Desde esa perspectiva, lo m¨¢s grave que se cierne sobre el juez es que, tres meses antes de la muerte de la ni?a, inspectores del Poder Judicial visitaron su juzgado y le advirtieron de que deb¨ªa corregir el descontrol que hab¨ªa en la ejecuci¨®n de sentencias.