Su seguridad est¨¢ apagada o fuera de cobertura

Un d¨ªa, la abogada de Maricarmen pidi¨® al juez algo ins¨®lito: que liberaran a su clienta del sistema electr¨®nico antimaltrato que la estaba volviendo loca; m¨¢s que proporcionarle seguridad le daba un susto noche s¨ª y noche tambi¨¦n. Cuando la polic¨ªa, alertada por el sistema telem¨¢tico, la llamaba a casa, contestaba que tanto ella como sus dos hijas estaban a salvo. Al otro lado de las ondas electromagn¨¦ticas, en un pueblo perdido a m¨¢s de 100 kil¨®metros de Madrid, el agresor era requerido por la Guardia Civil y trasladado al cuartelillo. Todo hab¨ªa sido una falsa alarma. Y as¨ª una y otra vez.

La tortura por los fallos del sistema acab¨® hace m¨¢s de un a?o, aunque Maricarmen a¨²n tiene las secuelas de un maltrato continuado, ese oleaje que un d¨ªa la lleva a denunciar y al siguiente a compadecerse del que le ha roto la cara porque se ve obligado a llevar una pulsera antimaltrato que no es est¨¦tica ni le deja encontrar trabajo. Un d¨ªa se cura una nariz y un dedo rotos, y al siguiente promete que sus hijas ver¨¢n al padre cuando quieran, que para eso es su padre.

El Gobierno destinar¨¢ cinco millones a extender el uso de los GPS

El sistema es efectivo en centros urbanos, pero falla en zonas rurales

As¨ª han sido los ¨²ltimos a?os de Maricarmen, inmersa en un eterno proceso de divorcio y con un polic¨ªa adscrito que ha estado m¨¢s de un a?o vigilando d¨ªa y noche que el agresor no cruzara la l¨ªnea de protecci¨®n 500 metros alrededor de la v¨ªctima. Una burbuja imaginaria que no debe romperse. Para eso sirven las pulseras antimaltrato, un dispositivo que protege a 116 mujeres en la Comunidad de Madrid, pionera en poner en marcha este sistema. En realidad no las llevan ellas. El brazalete de caucho, que m¨¢s parece un reloj con la esfera cegada, se la ponen al maltratador. En el domicilio de ¨¦ste hay adem¨¢s un amplificador de frecuencia, un aparato fijo que le permite andar por la casa sin llevar colgada la unidad STAR. Esta ¨²ltima debe ir siempre con ¨¦l cuando salga del lugar donde vive, no puede alejarse de ella m¨¢s de ocho metros. De esa forma, sus pasos estar¨¢n controlados por un sistema GPS. Este aparato funciona con una tarjeta de telefon¨ªa m¨®vil, la culpable de los problemas que sufri¨® Maricarmen. Porque esa tarjeta pierde la cobertura all¨ª donde no la hay para los tel¨¦fonos m¨®viles, es decir, en pueblos peque?os, s¨®tanos, el metro, lo que se llaman zonas oscuras. Y cada vez que el agresor perd¨ªa la cobertura, el sistema avisaba al centro de control y la polic¨ªa se pon¨ªa en marcha. Un d¨ªa y otro.

El Gobierno va a destinar 5 millones de euros para generalizar el uso de un dispositivo de control telem¨¢tico en toda Espa?a. El sistema para detectar la presencia de maltratadores funciona s¨®lo en Madrid a pleno rendimiento, aunque otras comunidades se han interesado por ¨¦l. Y se generalizar¨¢ en 2009, porque salvo en esas zonas oscuras, el resultado de estas pulseras ha sido exitoso. El jefe de la Unidad de Prevenci¨®n Asistencia y Protecci¨®n en Madrid, Vicente Ben¨¦itez, de la Polic¨ªa Nacional, se congratula de que desde 2004, en que se implant¨® el sistema, no han tenido que lamentar una sola muerte entre las protegidas con ¨¦l. Sus argumentos coinciden con los del Ministerio de Igualdad: el dispositivo es disuasorio para los agresores, da seguridad a las v¨ªctimas y supone una prueba judicial del quebrantamiento de condena.

Sus resultados en ¨¢mbitos urbanos nadie los pone en duda. Pero ?qu¨¦ pasa en las zonas oscuras? El Gobierno dice que hay sistemas m¨¢s perfeccionados que pueden salvar los problemas de cobertura y que ser¨¢n los que se usen all¨¢ donde falla el GPS ordinario. Porque en el mundo rural, aunque las denuncias sean pocas y la cobertura nula, los maltratadores existen.

Los jueces tambi¨¦n est¨¢n a favor de la extensi¨®n de este sistema, aunque conocen los problemas actuales de cobertura. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de G¨¦nero en el ¨®rgano de gobierno de los jueces, Inmaculada Montalb¨¢n, cree que es un instrumento ¨²til para la v¨ªctima y como prueba judicial. Y conf¨ªa en que se extienda a toda Espa?a. Una encuesta en junio del a?o pasado entre los jueces revel¨® que s¨®lo 39 de los 405 juzgados que contestaron dispon¨ªan de esta herramienta para localizar al maltratador. El resto, aunque quisiera, no podr¨ªa dictaminar su uso.

Pero no s¨®lo las zonas oscuras dificultan la protecci¨®n de las v¨ªctimas. Existen otros fallos, propios, por lo general, de errores de falta de especializaci¨®n en estos delitos, donde el maltratador no teme la acci¨®n de la justicia (se entregan o se suicidan) y la v¨ªctima no siempre pide la reparaci¨®n del da?o.

Desde la Comisi¨®n para la Investigaci¨®n de los Malos Tratos a Mujeres, afirman que falta especializaci¨®n. Cuando la Junta de Tratamiento en las c¨¢rceles -un psic¨®logo, un crimin¨®logo, un educador, un trabajador social y el director- deniega un permiso al agresor, ¨¦ste recurre al juez de vigilancia penitenciaria, que puede concederlo. "El juez de vigilancia penitenciaria puede ratificar la negativa, pero si el condenado recurre a la Audiencia Provincial, a veces, muchas veces, este ¨®rgano le permite salir. Es una cuesti¨®n burocr¨¢tica, suelen tener en cuenta simplemente que la petici¨®n se haga en tiempo y forma y que los plazos sean correctos", afirman en esta organizaci¨®n. No conocen, coinciden los expertos, la naturaleza de estos delitos ni de estos delincuentes. "Hace falta especializaci¨®n, rara vez estos agresores modifican su conducta", afirma Montalb¨¢n. En la persona de estos condenados coincide muchas veces la de un reputado profesional adorado por amigos y vecinos. Ellos no entienden por qu¨¦ su mujer les mand¨® a la c¨¢rcel con una denuncia. Y cuando salen, vuelven por la culpable de sus desgracias.

Por otro lado, la ley contra la violencia de g¨¦nero recoge que se avise a la v¨ªctima de que su agresor saldr¨¢ de la c¨¢rcel. Eso se hizo en el caso de Galicia del s¨¢bado, pero no siempre se hace, entre otras cosas porque no se especifica qui¨¦n es el que ha de hacerlo. ?El juez, la c¨¢rcel? Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explican que las medidas de modernizaci¨®n inform¨¢ticas que est¨¢n emprendiendo deber¨¢n considerar esto para que sea eficaz. "Porque no sirve que se les obligue a ir a firmar al cuartelillo; lo hacen al salir de la c¨¢rcel y antes de entrar y entre esas horas pueden hacer lo que quieran", explican en la Comisi¨®n. Y a?aden que "la mayor¨ªa de las v¨ªctimas se enteran por la gente del pueblo, del barrio, de que el agresor sale de la c¨¢rcel".

El problema que se ha dado en ocasiones es que el juez no tiene el domicilio de las v¨ªctimas porque suele estar oculto, un problema a?adido.

La familia del condenado es la que suele avalar la salida del prisionero. Ellas se encargar¨¢n. "Pero ha habido casos en que la hija avalaba y recib¨ªa al padre en casa, ?en la misma casa en que viv¨ªa la madre!", afirman en la Comisi¨®n. Opinan que tanto Instituciones Penitenciarias como las audiencias provinciales deber¨ªan tener contacto con la v¨ªctima, no s¨®lo con el agresor. Todo esto se lo har¨¢n saber por carta al Ministerio de Igualdad y al Consejo General del Poder Judicial.