El gallego Rouco

Rosal¨ªa de Castro, Curros Enr¨ªquez, Castelao, Emilia Pardo Baz¨¢n, Concepci¨®n Arenal, Lu¨ªs Seoane, Rafael Dieste, Pablo Iglesias, Blanco Amor, Lorenzo Varela o Valle-Incl¨¢n son s¨®lo algunos nombres extra¨ªdos de la numerosa e imponente n¨®mina de hombres y mujeres que, sin renunciar a sus ra¨ªces y desde posiciones pol¨ªticas diversas, han prestigiado a Galicia en el mundo y, en no pocos casos, han situado a nuestro pa¨ªs en las vanguardias del pensamiento universal.

Por desgracia, nuestra tierra alumbr¨® tambi¨¦n a personas en las ant¨ªpodas de los citados, gallegos cuyo ignominioso legado nos llena de verg¨¹enza. Para respaldar esta afirmaci¨®n no es necesario recurrir al recuerdo del m¨¢s siniestro personaje que ha visto la luz en Galicia, el tenebroso general que asol¨® Espa?a a finales de los a?os 30 y dirigi¨® una de las m¨¢s crueles dictaduras del siglo XX.

El Gobierno est¨¢ obligado a hacer efectivo el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado

En efecto, hoy mismo, un gallego de nacimiento, el cardenal Rouco Varela, encabeza una aut¨¦ntica cruzada contra los ideales de progreso y modernidad, en especial contra los valores laicos y constitucionales. Este prelado que recorri¨® todo el escalaf¨®n burocr¨¢tico de la Iglesia Cat¨®lica hasta llegar a presidir la Conferencia Episcopal, cargo que ocupa en la actualidad, es el ejemplo paradigm¨¢tico de una concepci¨®n trasnochada y la expresi¨®n recalcitrante de un talante impert¨¦rrito ante el signo de los tiempos.

En abierta contradicci¨®n con el Vaticano II, en especial con el documento Gaudium et Spes, que reconoce abiertamente la autonom¨ªa de lo temporal, el cardenal Rouco, en plena sinton¨ªa con el papa Rat-zinger y con su proyecto involucionista, pretende poner l¨ªmite a los legisladores, acus¨¢ndolos de violar la ley natural y de llevar a cabo una aut¨¦ntica subversi¨®n de los principios morales. Lo que subyace a estos planteamientos es la resistencia de la Iglesia a reconocer la aconfesionalidad del Estado y a aceptar el pluralismo pol¨ªtico, ideol¨®gico y religioso de la sociedad espa?ola. Esta actitud de la jerarqu¨ªa cat¨®lica -que no comparte la sociedad espa?ola ni, estoy seguro, la mayor¨ªa de los cat¨®licos de nuestro pa¨ªs- s¨®lo se entiende desde la nostalgia del privilegio, cuando la Iglesia disputaba con ¨¦xito al Estado el derecho a definir el bien p¨²blico.

Pero frente a estas indeseables presiones, el Gobierno tiene la indelegable obligaci¨®n de hacer efectivo el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado, y de legislar, tambi¨¦n en las materias que tanto parecen molestar a los obispos, bas¨¢ndose exclusivamente en la ¨¦tica civil y sin m¨¢s l¨ªmite que el que afecta a cualquier otra norma: la Constituci¨®n Espa?ola.

El hecho de que el Gobierno legisle de acuerdo con el pluralismo pol¨ªtico que caracteriza a nuestra sociedad, y que representa uno de los pilares b¨¢sicos de la democracia, no significa, en modo alguno, pedir a los ciudadanos que renuncien a sus creencias. Se trata simplemente de garantizar que aqu¨¦llas no puedan imponerse a quien no las comparta.

En abierta oposici¨®n con estos elementales principios democr¨¢ticos, y por muy incre¨ªble que parezca, Rouco y sus obispos no han renunciado a imponer sus convicciones a trav¨¦s del C¨®digo Penal, y siguen empecinados en la anacr¨®nica pretensi¨®n de trasladar el derecho can¨®nico a normas de derecho com¨²n.

Ignoran que las sociedades europeas se basan en la ¨¦tica civil, que no es una verdad revelada sino la consecuencia de la evoluci¨®n hist¨®rica de nuestras naciones. El conflicto surge, como sucede ahora, cuando la Iglesia se muestra incapaz de adaptarse a esa evoluci¨®n y pretende frenar el proceso civilizador, resultado de un largo camino hacia la desacralizaci¨®n de las relaciones sociales, cuyo producto hist¨®rico son las modernas democracias, asentadas en principios tales como la secularizaci¨®n, el car¨¢cter laico del poder o la disociaci¨®n entre creencias y pensamiento racional.

Ser¨ªa, pues, muy deseable que el proceso de modernizaci¨®n de nuestro pa¨ªs no tenga que lamentar haberse topado, una vez m¨¢s, con la Iglesia Cat¨®lica.

Por eso ha llegado el momento de recordarle al gallego Rouco y a sus obispos que todos, incluidos ellos, tenemos el deber de respetar la Constituci¨®n, pero que, sin embargo, no todos estamos vinculados por las respetables normas de su iglesia.