El fiscal secunda la querella por 'mobbing' de la calle de Robadors

"En la querella se sostienen afirmaciones muy graves, de las que podr¨ªan resultar imputaciones de delitos castigados con penas de prisi¨®n". As¨ª de contundente se expresa el fiscal en relaci¨®n con la querella por mobbing inmobiliario sufrido por un vecino del n¨²mero 29 de la calle de Robadors de Barcelona. Es el ¨²nico que queda en el inmueble, pues los otros acabaron march¨¢ndose, y lleva meses sufriendo el hostigamiento de los administradores.

En un escrito dirigido al juez, el fiscal solicita que antes de tomar declaraci¨®n "a los imputados y a los testigos", se practiquen diversas diligencias para "preguntarles sobre datos y hechos concretos e indubitados". Entre esas diligencias, se reclama que la Guardia Urbana de Barcelona o los Mossos d'Esquadra realicen una inspecci¨®n ocular del inmueble y tomen declaraci¨®n a los vecinos, sean afectados o no por el acoso inmobiliario. Tambi¨¦n se solicita que se pida a las compa?¨ªas de agua, gas y electricidad que informen sobre posibles cortes de suministro que hayan sufrido los vecinos y que el Ayuntamiento de Barcelona informe sobre el estado de las viviendas afectadas y si las empresas propietarias han realizado las obras exigidas por los informes t¨¦cnicos que acompa?an a la querella.

El Consistorio tambi¨¦n deber¨¢ informar sobre si ha realizado tareas de desratizaci¨®n y desinsectaci¨®n de los pisos, sobre si los bomberos han tenido que intervenir por el estado ruinoso de las viviendas, as¨ª como presentar una cronolog¨ªa de las quejas y denuncias presentadas por los vecinos. El distrito de Ciutat Vella ya se posicion¨® en su d¨ªa al lado del afectado, y denunci¨® el caso, pero todo qued¨® paralizado por la pasividad judicial.

La querella fue presentada en octubre de 2007 y ha pasado m¨¢s de un a?o sin que el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 12 de Barcelona haya realizado ninguna gesti¨®n, ni siquiera la decisi¨®n formal de admisi¨®n o inadmisi¨®n a tr¨¢mite de la misma. El magistrado que ha actuado con tal pasividad es Luis Fernando G¨®mez Vizcarra, jubilado hace unas semanas al cumplir los 70 a?os y que contin¨²a como magistrado em¨¦rito en la Audiencia de Barcelona.

El fiscal considera que los administradores de las sociedades mercantiles Mancia 2003 SL y Tavarus SL pudieron cometer un delito contra la integridad moral, contra la libertad o contra el patrimonio.

Mientras tanto, el procedimiento de desahucio contin¨²a su tr¨¢mite. Fue suspendido hace unos d¨ªas por la presi¨®n de los vecinos y la previsi¨®n es que se vuelva a intentar al cabo de unos dos meses.