La guerra sucia que oscurece a Colombia

En la regi¨®n del Bajo Ariari, en el centro de Colombia, estaban acostumbrados a la violencia de paramilitares y guerrilleros, pero no a ¨¦sta. Hace dos a?os, empezaron a desaparecer campesinos y marginados sin motivo alguno. Sus cuerpos fueron encontrados despu¨¦s, a decenas de kil¨®metros, y el Ej¨¦rcito los contabiliz¨® como insurgentes muertos en combate. En total han sido supuestamente 55 v¨ªctimas, aunque las ONG elevan hasta 2.100 los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, cometidas desde 2002 presuntamente por militares, en complicidad con narcotraficantes, paramilitares y delincuentes comunes. Oficialmente, la justicia investiga m¨¢s de mil desapariciones.

M¨¢s de 3.000 funcionarios del Ej¨¦rcito est¨¢n siendo investigados por la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n y la Procuradur¨ªa General de la Naci¨®n en relaci¨®n con los cientos de casos que han sido denunciados. El Gobierno ha destituido a 40 militares hasta ahora. Dos centenares de ONG afirman que los cr¨ªmenes han aumentado y su impunidad.

"No presiono a nadie para que haga actos criminales", afirma Uribe

"El Gobierno est¨¢ viviendo momentos amargos", dice N¨¦stor Morales

Este esc¨¢ndalo, que estall¨® a finales de septiembre, es producto de las grietas de la pol¨ªtica de Seguridad Democr¨¢tica, la principal arma del presidente ?lvaro Uribe desde su llegada al poder en 2002. "Su objetivo es la recuperaci¨®n y el control del territorio y la presencia del Estado donde no estaba", explica Sergio Jaramillo Caro, viceministro de Defensa. Es decir, reducir la violencia y el n¨²mero de secuestros, y devolver la tranquilidad a un pa¨ªs en guerra permanente.

La paz ha vuelto a muchas zonas del pa¨ªs. El aumento de la seguridad ha atra¨ªdo a m¨¢s inversores y mantiene la popularidad de Uribe en m¨¢ximos sin precedentes en Am¨¦rica Latina. Pero esta estrategia, basada entre otras cosas en un sistema agresivo de incentivos, tambi¨¦n ha derivado en una guerra sucia. En primer lugar, el Gobierno recompensa a los civiles que informan sobre guerrilleros, lo que generado presuntamente una red de delincuencia que saca beneficio de entregar a las autoridades los cuerpos de inocentes. En segundo lugar, el Ej¨¦rcito premia a los militares en funci¨®n del n¨²mero de bajas que consiguen, lo que supuestamente ha provocado m¨¢s de un abuso.

Entre el af¨¢n de lograr objetivos y el ansia de obtener recompensas se estar¨ªan cometiendo hechos muy graves, seg¨²n el fiscal Mario Iguar¨¢n Arana. "Yo presiono, pero no presiono a nadie para que haga actos criminales", se ha defendido Uribe. "La realidad ha demostrado que se trata de una pol¨ªtica que incluye el pago de recompensas millonarias por informaci¨®n de insurgentes que ha degenerado en algo siniestro", denuncia Iv¨¢n Cepeda Castro, portavoz del Movimiento Nacional de V¨ªctimas de Cr¨ªmenes de Estado de Colombia.

"No es justo considerar que el asesinato de civiles para ser presentados como guerrilleros dados de baja responda a una siniestra estrategia de las Fuerzas Militares de Colombia. Menos a¨²n puede atribuirse al Gobierno una directa responsabilidad en este esc¨¢ndalo", reflexiona Plinio Apuleyo Mendoza, escritor y periodista.

El perfil de la v¨ªctima corresponde a hombres entre 18 y 30 a?os, campesinos, mendigos, drogadictos, l¨ªderes comunales y j¨®venes marginales. Los embaucan con promesas de trabajo en campos lejanos de sus hogares para que nadie pueda reclamarlos y as¨ª enterrarlos en fosas comunes. "El secuestro es una plaga y el Gobierno ha hecho una labor de sensibilizaci¨®n, pero mientras entre los secuestrados hay pol¨ªticos y ricos, entre los falsos positivos [v¨ªctimas de las ejecuciones extrajudiciales] s¨®lo hay marginados y pobres", se lamenta H¨¦ctor Torres, de la Comisi¨®n de Derechos Humanos del Bajo Ariari.

El perfil del ejecutor var¨ªa. Diversas investigaciones del Ministerio de Defensa, la Fiscal¨ªa, la Procuradur¨ªa y organizaciones de derechos humanos permiten establecer que hay varias clases de criminales. Los narcotraficantes son los que m¨¢s recurren a esta macabra estrategia, seg¨²n explica el viceministro de Defensa. Reclutan con enga?os a estas personas, las dejan en el campo y luego informan a alguien del batall¨®n m¨¢s pr¨®ximo de que en la zona hay guerrilleros. D¨ªas despu¨¦s, llega el Ej¨¦rcito, y, horas m¨¢s tarde, aparecen como ca¨ªdos en combate. As¨ª se benefician las dos partes, los militares cumplen objetivos, ganan m¨¦ritos y, a cambio, dejan en paz a los narcos. Los paramilitares tambi¨¦n participan en esta guerra sucia, se?alando a personas que creen vinculadas a la guerrilla y as¨ª poder limpiar la zona. El tercer grupo lo constituyen las bandas emergentes o delincuentes comunes. Tambi¨¦n est¨¢n las legalizaciones de inocentes que surgen por iniciativa de alg¨²n militar o soldado para ganar m¨¦ritos, ascensos, m¨¢s poder o permisos. No faltan los falsos positivos producto del azar, del llamado fuego amigo, donde muere un inocente y el Ej¨¦rcito lo da como baja de un guerrillero. Finalmente, el Gobierno cree que la guerrilla tambi¨¦n podr¨ªa estar participando en estos cr¨ªmenes para desprestigiar a los militares.

?Por qu¨¦ el Gobierno de Uribe ha guardado silencio tanto tiempo y descalificado a quienes denunciaban estos cr¨ªmenes? "Uno de los problemas es la veracidad de la informaci¨®n", explica el viceministro de Defensa. "S¨®lo a trav¨¦s de un proceso judicial se puede establecer la veracidad. Adem¨¢s, hay falsas denuncias, sin desconocer que hay casos reales".

"El Gobierno vive momentos amargos. Pero lo m¨¢s importante es que por una vez hay un golpe a la legitimidad de su principal bandera: la pol¨ªtica de Seguridad Democr¨¢tica", dice N¨¦stor Morales periodista de Caracol Radio.