Perseguir las estrellas

Aznar en el banquillo. Muchos de los que estuvieron en las manifestaciones contra la guerra de Irak en 2003 seguro que ver¨ªan con agrado esa posibilidad. La prepotencia del entonces presidente hablando con acento tejano y la creencia de que antepon¨ªa sus ambiciones personales por estar en la foto de las Azores a los intereses de millones de ciudadanos espa?oles a los que con sus decisiones puso en el punto de mira de los terroristas -las reivindicaciones de la c¨¦lula de Legan¨¦s de los atentados del 11-M son elocuentes-, parecen razones suficientes para querer que ahora se le juzgue por haber prestado su colaboraci¨®n a los estadounidenses en los denominados vuelos de la CIA y en los vuelos militares que trasladaron a prisioneros talibanes y de Al Qaeda a la base de Guant¨¢namo, en Cuba. Sin embargo, la cuesti¨®n no es sencilla.

Una cosa es la dimensi¨®n pol¨ªtica de lo ocurrido y otra la carga penal

Algunos supuestos expertos, que parece que se dejan llevar m¨¢s por sus propios deseos que por la realidad de los hechos, se han precipitado a hablar de una cascada de delitos, entre los que figuran detenci¨®n ilegal y falsedad documental, pero lo cierto es que con lo que se conoce de lo ocurrido y lo que figura en el sumario es muy dif¨ªcil acusar de esos delitos al Ejecutivo de Aznar y, sobre todo, probarlo.

Por un lado, la Audiencia Nacional inici¨® las investigaciones de los vuelos de la CIA por delitos de torturas. Se trataba de aviones civiles fletados por la agencia de espionaje norteamericana para trasladar a sospechosos de terrorismo, previamente secuestrados, a c¨¢rceles secretas fuera de territorio estadounidense para poder interrogarlos con m¨¦todos prohibidos en todas las convenciones internacionales. Ya no era un limbo jur¨ªdico, como Guant¨¢namo, sino la comisi¨®n de graves delitos como secuestros de ciudadanos de terceros pa¨ªses. Si antes de los atentados de las Torres Gemelas y el Pent¨¢gono, Estados Unidos ya se comportaba como el sheriff del mundo, tras el 11-S traspas¨® todas las rayas rojas de la convivencia internacional, salvo lanzar una bomba nuclear.

Hasta el momento, lo ¨²nico que se ha podido acreditar, por m¨¢s que haya una lista de vuelos sospechosos, es que el 23 de enero de 2004 un Boeing 747 despeg¨® de Palma de Mallorca en direcci¨®n a Macedonia. La CIA hab¨ªa secuestrado al ciudadano alem¨¢n de origen liban¨¦s Khaled el Masri, al que confundi¨® con el terrorista de Al Qaeda Khalid al Masri. En Skopje lo subieron al avi¨®n procedente de Mallorca, lo trasladaron a Kabul, donde lo encarcelaron y torturaron durante varios meses hasta que se descubri¨® el error y lo pusieron en libertad. Lo que ocurre es que esa detenci¨®n ilegal y las torturas infligidas no ocurrieron en Espa?a, sino en Macedonia y Afganist¨¢n. Y nadie ha podido dar cuenta al juez de irregularidades cometidas en Espa?a o por espa?oles en ese u otros vuelos civiles.

Ahora se suman a la causa los vuelos militares con destino Guant¨¢namo, en los que se trasladaron a prisioneros talibanes y terroristas de Al Qaeda. Tambi¨¦n el caso cuenta aqu¨ª con numerosas aristas.

En los documentos que estos d¨ªas ha revelado EL PA?S, el 10 de enero de 2002 la Administraci¨®n de Bush solicit¨® y obtuvo del Ejecutivo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar la autorizaci¨®n para que aviones militares estadounidenses sobrevolaran o hicieran escala en las bases de Mor¨®n de la Frontera (Sevilla) y Rota (C¨¢diz) en los traslados de prisioneros a Guant¨¢namo. En principio, esos traslados no ten¨ªan per se que ser ilegales si respetaban las convenciones de Ginebra. Adquirieron la ilegalidad cuando Bush priv¨® a los talibanes de sus derechos como prisioneros de guerra y los consider¨® "combatientes enemigos ilegales". A partir de ese momento, recluidos en Guant¨¢namo por tiempo indefinido, sin juicio a la vista y sometidos a procedimientos que la Cruz Roja ha calificado como "equivalentes a tortura", los norteamericanos incurrieron y siguen incurriendo en varios delitos, entre ellos, detenci¨®n ilegal y torturas.

La pregunta que surge es: ?Esos delitos se pueden aplicar a quien en Espa?a autoriz¨® que los aviones sobrevolaran el territorio espa?ol?

Es muy discutible. Imagine que su cu?ado le encarga que compre un cuchillo para cortar un jam¨®n que le han regalado y luego lo utiliza para matar a su hermana. ?Ser¨ªa usted responsable de su crimen?

Por eso, habr¨¢ primero que demostrar que por Espa?a pasaron prisioneros talibanes, porque, que se sepa, nadie los vio ni en Mor¨®n ni en Rota, donde hubo escalas. Se me dir¨¢ que es obvio que pasaron porque aparecieron en Guant¨¢namo: los 20 primeros llegaron a la base cubana el 11 de enero de 2002, un d¨ªa despu¨¦s de la petici¨®n estadounidense.

Lo que ocurre es que los norteamericanos anunciaron que los vuelos de los traslados ser¨ªan siempre directos y sobrevolando corredores a¨¦reos internacionales. Si todos los viajes se realizaron de esa manera, los espa?oles no habr¨ªan cometido delito.

Adem¨¢s, est¨¢ claro que algunos de los traslados tuvieron que ser directos porque con siete aviones militares, que son los que entre 2002 y 2005 hicieron escala en Espa?a, a raz¨®n de unos 20 detenidos por avi¨®n, no se llena Guant¨¢namo, por donde han pasado hasta 800 prisioneros de 42 pa¨ªses.

Luego, habr¨ªa que probar que Aznar o el miembro de su Gobierno que autoriz¨® las escalas conoc¨ªa previamente que Bush iba a detener ilegalmente o torturar a los prisioneros, circunstancia m¨¢s que dudosa. M¨¢s probable parece que el presidente del Gobierno pudiera saber que Bush no iba a respetar los derechos civiles de los talibanes, lo que, en caso de probarse, supondr¨ªa una complicidad en un delito del art¨ªculo 542 del C¨®digo Penal, que castiga con inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico a la autoridad que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de los derechos c¨ªvicos reconocidos en la Constituci¨®n y en las leyes.

A simple vista se aprecia que la situaci¨®n dista mucho de estar clara y antes de empezar a correr hay que saber andar. Porque una cosa es la dimensi¨®n moral y pol¨ªtica de lo ocurrido -una chapuza vulneradora de los derechos humanos reprobada en todas las instancias internacionales- y otra, la responsabilidad penal.

Es cierto que el caso ha avanzado mucho desde que se inici¨®, pero, al menos de momento, tratar de imputar a Aznar es una arrebatada fantas¨ªa, como perseguir las estrellas.