Trapos sucios

En Catalu?a, como en el resto de Espa?a, el poder judicial est¨¢ integrado por jueces independientes, honrados, laboriosos y expertos. La polic¨ªa auton¨®mica, integrante del poder ejecutivo, es una instituci¨®n emblem¨¢tica y de alta cualificaci¨®n t¨¦cnica, especialmente en su funci¨®n, auxiliar de los jueces, de polic¨ªa judicial. Jueces y polic¨ªas de Catalu?a gozan de un prestigio ¨¦tico y democr¨¢tico indiscutido e indiscutible.

?ltimamente, sin embargo, se han sucedido informaciones sobre acontecimientos que no abundan, precisamente, en favor de aquella fama de correcci¨®n y eficiencia. As¨ª, tras un goteo de noticias sobre resoluciones judiciales sorprendentes, nos llega informaci¨®n sobre un comportamiento privado incorrecto de una magistrada, en relaci¨®n con un posible etilismo leve. Asimismo, hemos conocido casos de presuntos malos tratos y otras irregularidades sobre detenidos, imputados a unos polic¨ªas auton¨®micos, incluida, en una ocasi¨®n, sentencia condenatoria pendiente de lo que resuelva el Tribunal Supremo.

La transparencia obliga a informar de forma di¨¢fana de los hechos que la opini¨®n p¨²blica tiene inter¨¦s y derecho a conocer

Desde los colectivos judiciales o policiales llegan a la opini¨®n p¨²blica reacciones de irritaci¨®n gremial, pero no, como ser¨ªa razonable, contra las personas concretas que protagonizaron los incidentes desafortunados o reprobables, sino contra la divulgaci¨®n de la correspondiente noticia, y hubiera sido conveniente, adem¨¢s, ahorrar alguna manifestaci¨®n de corporativismo judicial, extempor¨¢nea, destemplada y autoritaria, as¨ª como alguna desafortunada declaraci¨®n pol¨ªtica de apoyo a los polic¨ªas condenados.

Ha cundido la sospecha de que la noticia de dicha sentencia, que por cierto es constitucionalmente p¨²blica, ha sido divulgada desde alguna alta sede judicial. Y asimismo, que la informaci¨®n sobre lo de la magistrada s¨®lo pod¨ªa provenir de filtraci¨®n policial. Las sospechas, rec¨ªprocas, apuntan a una intenci¨®n, rec¨ªproca, de agraviar, en represalia o castigo por la filtraci¨®n o divulgaci¨®n contraria, y por otros desencuentros anteriores. Si las sospechas tuvieran fundamento, nos hallar¨ªamos ante una utilizaci¨®n del llamado cuarto poder, los medios de comunicaci¨®n, para una funci¨®n aflictiva inadecuada y contraproducente, que por ello no es practicable mediante los resortes legales, ¨²nicos de que debieran disponer los servidores de los poderes del Estado.

Las incorrecciones de los servidores p¨²blicos solamente deben ser prevenidas, investigadas y, en su caso, sancionadas por los organismos disciplinarios de cada instituci¨®n. Si un juez o una magistrada act¨²a incorrectamente, lo procedente es remitir los datos, como se ha hecho, a quien tiene atribuida la funci¨®n sancionadora. Y si unos polic¨ªas atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente cuando est¨¢n detenidos, deben ser apartados, sancionados y, si procede, denunciados. As¨ª se hizo. Y no s¨®lo eso. Adem¨¢s, siendo mejor prevenir que curar, se adoptaron medidas de vigilancia en los centros policiales, mediante c¨¢maras y otros medios tecnol¨®gicos, que erradicaron definitivamente el riesgo de posibles excesos ocasionales, extraordinarios, m¨ªnimos, pero que llenar¨ªan de bochorno, desde luego, a los propios miembros del cuerpo policial y a cualquier conciencia democr¨¢tica.

Por otra parte, un elemental compromiso de transparencia obliga a informar de manera di¨¢fana de los hechos, que la opini¨®n p¨²blica tiene inter¨¦s y derecho a conocer, ya que afectan a servidores p¨²blicos. Los posibles aunque indeseables trapos sucios nunca deben lavarse, a escondidas, en casa. Prevenci¨®n, investigaci¨®n, denuncia, informaci¨®n, son las coordenadas del deber de legalidad y transparencia. El cumplimiento de este deber c¨ªvico, democr¨¢tico, leg¨ªtimo, jam¨¢s puede ser objeto de reproche, sino de alabanza.

Jos¨¦ Mar¨ªa Mena es ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.