La resaca del crimen de ETA

ETA ha marcado otra muesca en su larga lista de m¨¢s de 850 asesinatos: esta vez en Azpeitia, un municipio situado en el coraz¨®n de la Guip¨²zcoa profunda regido por un ayuntamiento ¨ªntegramente nacionalista: 8 concejales del PNV, 6 de Acci¨®n Nacionalista Vasca (ANV), 2 de Eusko Alkartasuna (EA) y 1 de Aralar. Los juegos de alianzas dieron hace a?o y medio la alcald¨ªa a un representante de ANV, que form¨® equipo de gobierno con EA y Aralar; estos dos partidos han abandonado la coalici¨®n a ra¨ªz del crimen.

La banda terrorista tom¨® como blanco a Ignacio Uria seguramente en su condici¨®n de socio de una empresa concesionaria de la construcci¨®n de la Y vasca (San Sebasti¨¢n-Bilbao-Vitoria) del Tren de Alta Velocidad (TAV). El misone¨ªsmo de la agresiva campa?a lanzada por ETA contra un medio de transporte que mejorar¨¢ las comunicaciones dentro del Pa¨ªs Vasco y con las redes de toda Europa -"una cicatriz de cemento" para "desestructurar al pueblo vasco"- trae a la memoria las condenas apocal¨ªpticas del ferrocarril dictadas por el tradicionalismo decimon¨®nico. No es la primera vez que ETA secuestra una reivindicaci¨®n medioambiental, expresada hasta entonces mediante v¨ªas democr¨¢ticas y pac¨ªficas, para enarbolarla como bandera intimidatoria: el asesinato en 1981 del ingeniero Ryan en la estela de las movilizaciones contra la central de Lem¨®niz y los atentados a comienzos de los 90 contra la autov¨ªa de Leizar¨¢n figuran en ese palmar¨¦s siniestro. El comunicado difundido ayer por cinco grupos conservacionistas subraya, sin embargo, que "la causa del ecologismo y el medio ambiente es, ha sido y ser¨¢ siempre pacifista".

El asesinato de Ignacio Uria en Azpeitia agrava los problemas de la familia nacionalista

La supervivencia durante 40 a?os largos de ETA, que perdi¨® desde mediados de los 80 el r¨¦gimen de tolerancia del santuario franc¨¦s, no podr¨ªa explicarse sin tomar en cuenta dos importantes factores. De un lado, los v¨ªnculos emocionales e ideol¨®gicos que mantienen unida a la familia nacionalista mas all¨¢ de las divisiones entre derecha e izquierda, enemigos y partidarios de la violencia o autonomistas y soberanistas. De otro lado, la solidez de la base electoral que ha venido siendo fiel a ETA.

Las fluctuaciones en las urnas durante tres d¨¦cadas de los partidos vinculados a la banda terrorista han dependido del ¨¢mbito de cada convocatoria electoral (europeas, legislativas, auton¨®micas, forales, municipales), de las treguas de ETA (los resultados fueron muy favorables para la izquierda abertzale en las auton¨®micas de 1998) y de la situaci¨®n legal o ilegal de las organizaciones. Por lo dem¨¢s, la presentaci¨®n de listas blancas manipuladas (el PCTV a las auton¨®micas de 2005 y ANV a las municipales de 2007) y las consignas de voto nulo hacen imposible adelantar hoy un c¨¢lculo exacto de los sufragios atribuibles todav¨ªa a ETA (tal vez unos 100.000) tras la disoluci¨®n de Batasuna por sentencia del Supremo en marzo de 2002.

Las detenciones practicadas anteayer en la resaca del crimen de Azpeitia parecen confirmar la debilidad de la banda terrorista. Aun siendo cierto que la acci¨®n policial y judicial es el factor decisivo en la lucha contra el terrorismo, tambi¨¦n resulta necesario, sin embargo, reducir la tolerancia o el apoyo de que a¨²n disfruta ETA en la sociedad nacionalista. Cr¨ªmenes como la muerte de Ignacio Uria podr¨ªan acelerar esa din¨¢mica. La izquierda abertzale traduce sard¨®nicamente las siglas del PNV como "Partido de los Negocios Vascos"; el asesinato de Azpeitia distanciar¨¢ todav¨ªa m¨¢s a los jeltzales de los "hijos pr¨®digos" o "patriotas descarriados" que les injurian. La oferta dirigida por Eusko Alkartasuna -socio del PNV en el Gobierno de Vitoria- a la izquierda abertzale para formar una coalici¨®n soberanista en las pr¨®ximas auton¨®micas con partidos que renuncien a la violencia quedar¨¢ sin respuesta cre¨ªble. Y aunque las esperanzas puestas en una r¨¢pida erosi¨®n del apoyo electoral a ETA se hayan visto demasiadas veces defraudadas, alg¨²n d¨ªa se ver¨¢n cumplidas.

El Gobierno intenta rehuir los efectos de su imprudente decisi¨®n de tolerar 125 candidaturas de ANV (tras impugnar otras 133) en las elecciones municipales de 2007, incluido el Ayuntamiento de Azpeitia. Es dudoso que PNV, EA y Aralar logren un acuerdo f¨¢cilmente a su alcance (la moci¨®n de censura s¨®lo exige nueve votos) para destituir al alcalde. Y resulta altamente improbable -por no decir imposible- en t¨¦rminos jur¨ªdico-constitucionales que los ayuntamientos de las 42 poblaciones de alta densidad nacionalista gobernados por ANV puedan ser disueltos invocando la actual redacci¨®n del art¨ªculo 61.2 de la Ley de Bases del R¨¦gimen Local (como pretende el PP) o una versi¨®n modificada de ese precepto (como anuncia el Gobierno). Aunque la sentencia del Supremo del 22 de septiembre de 2008 ilegalizase tard¨ªamente a ANV por "complementar y apoyar" pol¨ªticamente a ETA, la Constituci¨®n garantiza a sus concejales electos la conservaci¨®n de las actas y el ejercicio de sus derechos.