Tensi¨®n en el CGPJ por los candidatos a presidir la Audiencia de Castell¨®n

La elecci¨®n del presidente de la Audiencia provincial de Castell¨®n ha sido uno de los motivos que ha elevado la tensi¨®n entre los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que votaran ma?ana la elecci¨®n de varios cargos. El desacuerdo para este nombramiento se ha centrado, fundamentalmente, en el seno del llamado grupo progresista, en el que los apoyos est¨¢n divididos, cuando esta audiencia provincial tiene actualmente un especial relieve ya que hasta ella llegan los recursos del caso Fabra.

Los consejeros han barajado tambi¨¦n la "inquietud" que puede provocar la posible reelecci¨®n del actual presidente de la Audiencia, Carlos Dom¨ªnguez, dada su relaci¨®n manifiesta con el propio presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra. Ante todo, de cara a la sociedad y despu¨¦s de que Dom¨ªnguez no haya tenido reparos en aparecer en p¨²blico con el pol¨ªtico, imputado e investigado ante la posible comisi¨®n de varios presuntos delitos contra la administraci¨®n p¨²blica y fraude fiscal.

Sin embargo, el del presidente de la Audiencia de Castell¨®n no es el ¨²nico puesto que se decide en la votaci¨®n del pleno del CGPJ de ma?ana y el acuerdo parece haber pasado por la cesi¨®n del puesto de Castell¨®n por parte de los progresistas con el fin de llegar a un acuerdo en la elecci¨®n de los nuevos presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Galicia y de las Audiencias Provinciales de Madrid y C¨¢ceres.

El llamado sector progresista cuenta con mayor¨ªa en el pleno del Consejo pero entre sus miembros se encuentra el representante de la Asociaci¨®n Francisco de Vitoria, a la que pertenece Carlos Dom¨ªnguez. ?ste ya obtuvo, hace cinco a?os, el apoyo mayoritario del Consejo, cuando entonces estaba dominado por el sector m¨¢s conservador y pese a que la Francisco de Vitoria no contaba con ning¨²n representante.

El Consejo General del Poder Judicial suele optar por la reelecci¨®n en los casos de las presidencias de Audiencias provinciales. En el caso de Castell¨®n, Carlos Dom¨ªnguez logr¨®, hace cinco a?os, el respaldo de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), la m¨¢s conservadora y cuyos representantes fueron elegidos a propuesta del PP. Al igual que entonces, Jos¨¦ Manuel Marco, de la Asociaci¨®n Jueces para la Democracia, es el segundo candidato a ocupar el puesto.

En esta ocasi¨®n, la reelecci¨®n ha sido motivo de debate, en el que ha participado el vicepresidente del CGPJ y ex consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana, Fernando De Rosa. La relaci¨®n entre el presidente de la Audiencia y el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, no se limita a actos institucionales sino que se extiende a festejos taurinos o partidos de f¨²tbol. Adem¨¢s, el pasado mes de mayo, la Diputaci¨®n de Castell¨®n edit¨® y present¨® p¨²blicamente un libro de la esposa de Dom¨ªnguez sobre derecho eclesi¨¢stico.

Nadie pone en duda en el consejo la capacidad como jurista del candidato a la reelecci¨®n pero, en algunos casos, s¨ª se observan con recelo las incursiones que el propio magistrado ha tenido en el caso Fabra, en las que lleg¨® a vulnerar las normas de reparto dictadas desde la propia Audiencia. ?stas establecen que todos los recursos contra resoluciones judiciales en la fase de instrucci¨®n de una misma causa penal deben tramitarse y resolverse en la misma secci¨®n. Con su aplicaci¨®n, le toc¨® a la secci¨®n II de la Audiencia hacerse cargo de todos los recursos del caso que se sigue contra el presidente del PP de Castell¨®n, iniciado hace cinco a?os. Sin embargo, en noviembre de 2006, la secci¨®n I, que preside Dom¨ªnguez, tramit¨® y resolvi¨® uno de estos recursos. La alerta lleg¨® cuando, en junio de 2007, la misma secci¨®n, la I, se hizo cargo de otro recurso cuando, seg¨²n la norma, no deb¨ªa tramitarlo. A¨²n as¨ª, Dom¨ªnguez lo tramit¨® y marc¨® fecha para su resoluci¨®n. El mismo d¨ªa en el que deb¨ªa resolverse, decidi¨® devolverlo a la secci¨®n II, a la que deber¨ªa haber llegado desde un principio para su tramitaci¨®n.

As¨ª, transcurrieron ocho meses desde que los abogados de Fabra presentaron el recurso y la resoluci¨®n de ¨¦ste que, finalmente, desestim¨® la petici¨®n del abogado de Fabra de limitar en tiempo y forma el acceso de los peritos a los datos tributarios tanto del presidente de la Diputaci¨®n como de su familia y sus empresas.