Las denuncias falsas

Han pasado m¨¢s de cuatro a?os desde que se inici¨® el debate para valorar el impacto de las reformas legislativas que en materia de violencia dom¨¦stica hab¨ªa realizado el PP en 2003, y que continu¨® el PSOE con la ley contra la violencia de g¨¦nero en 2004. Se empez¨® a decir en voz alta que no se estaban respetando los derechos fundamentales de muchos ciudadanos en Espa?a, que las leyes aprobadas contribu¨ªan a aumentar el nivel de intensidad del conflicto en las parejas heterosexuales, provocaban dolor innecesario, supon¨ªan un despilfarro para el erario p¨²blico y no consegu¨ªan atajar lo m¨¢s m¨ªnimo el problema de la violencia extrema sobre las mujeres.

Ahora podemos afirmar que el ¨²nico avance en el respeto a las libertades fundamentales de todos que, de momento, hemos conseguido en esta materia, es que podamos hacer uso de nuestro derecho a la libertad de expresi¨®n. Se hab¨ªa instalado un pensamiento ¨²nico que llev¨® a varias asociaciones a solicitar al CGPJ, en 2005, que me sancionaran y prohibieran hablar en p¨²blico.

Se est¨¢n produciendo abusos al aplicar la bienintencionada ley contra la violencia de g¨¦nero

Expuse entonces que todos est¨¢bamos teniendo un comportamiento poco acertado. Me refer¨ªa a jueces, fiscales, polic¨ªas, abogados, periodistas y a muchas mujeres que utilizaban el C¨®digo Penal para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de rupturas de parejas.

La presi¨®n medi¨¢tica ha llevado a muchos profesionales a una reacci¨®n defensiva y de autoprotecci¨®n ante el miedo a las posibles consecuencias personales. As¨ª, jueces que han concedido pr¨¢cticamente todas las ¨®rdenes de protecci¨®n que les han solicitado por temor a que se les pudiera acusar de no haber tomado medidas, colapsando as¨ª los servicios administrativos de protecci¨®n a las v¨ªctimas que dif¨ªcilmente las pueden atender; fiscales solicitando en pr¨¢cticamente todos los casos que se adoptara una orden de protecci¨®n, normalmente alejamiento, muchas veces sin demasiadas pruebas y sin valorar que ello pod¨ªa comportar p¨¦rdida de empleo si ambos trabajaban en la misma empresa, o dificultades para permanecer en una ciudad peque?a con el estigma de maltratador; polic¨ªas que han procedido a la detenci¨®n de miles de hombres sin m¨¢s indicios que la sola afirmaci¨®n de la denunciante, sabiendo que en uno o dos d¨ªas ser¨ªan puestos en libertad por el juez, y sin considerar el trauma que para algunos ciudadanos puede suponer pasar esas horas detenido, esposado y trasladado junto a delincuentes, todo por miedo a exponerse a un expediente disciplinario si luego ocurr¨ªa un hecho luctuoso, ya que "ellos tambi¨¦n ten¨ªan familias"; abogados que han recomendado la interposici¨®n de una denuncia por malos tratos porque se pod¨ªa solventar en horas la atribuci¨®n provisional del uso de la vivienda familiar, ya que la orden de alejamiento supone la expulsi¨®n inmediata de la misma, as¨ª como la fijaci¨®n de una pensi¨®n de alimentos y la custodia de los hijos; periodistas que cuando se produc¨ªa un hecho grave lo expon¨ªan de modo que culpabilizaban a todos los que de un modo u otro hab¨ªan intervenido, y en ocasiones de manera sensacionalista (esto ahora ya no ocurre); y mujeres que, sin ning¨²n escr¨²pulo ni respeto por las que est¨¢n padeciendo situaciones terribles sin atreverse a denunciar, han abusado de lo que se les ofrec¨ªa, poniendo en marcha el aparato policial y judicial con fines espurios, en algunos casos invent¨¢ndose directamente hechos que ni siquiera han ocurrido, pero con escaso riesgo de que ello pueda demostrarse, y se les exijan responsabilidades.

Pero no es la maldad de algunas personas la causante del problema. Lo tremendo es estructurar un sistema legal, y una aplicaci¨®n de la norma, que permita a los perversos utilizar la organizaci¨®n colectiva para conseguir sus objetivos, causando da?o a muchos otros (ni?os, abuelos, padres...), y se mantenga durante a?os a pesar de la evidencia de que no ha dado resultado. Mueren tantas mujeres como antes.

La ley integral contra la violencia sobre la mujer, aprobada por unanimidad por el Parlamento, era bienintencionada, pero los que formamos parte de la estructura judicial del Estado sab¨ªamos que ¨²nicamente tendr¨ªa desarrollo la parte referida a la modificaci¨®n del C¨®digo Penal, con escas¨ªsimos medios y total falta de coordinaci¨®n con otros profesionales (especialmente servicios sanitarios y sociales de cada lugar), pues la ley ni siquiera encarg¨® a nadie el desarrollo de esta necesidad.

La consecuencia de atribuir a un ¨®rgano de cada partido judicial en exclusiva esta materia ha desorganizado la estructura judicial y colapsado los juzgados de violencia, que se han convertido en destinos que no quiere pr¨¢cticamente nadie. Hemos consentido la detenci¨®n de miles de hombres que luego, en su mayor¨ªa, han resultado absueltos, y probablemente habremos condenado a m¨¢s de un inocente, en aplicaci¨®n de unas leyes que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denomina "agresor" al denunciado, antes de iniciar cualquier investigaci¨®n tendente a averiguar la certeza de los hechos. Y mientras tanto, la mayor¨ªa de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeci¨¦ndola en silencio, viendo c¨®mo su causa ha sufrido el desprestigio por la acci¨®n de los que s¨®lo las han utilizado para sus propios fines y aspiraciones. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento, y valorar los resultados del camino andado.

Mar¨ªa Sanahuja es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia y la Plataforma Otras Voces Feministas