Todos para uno

Como D'artagnan y los tres mosqueteros, han reaccionado los vocales de extracci¨®n judicial, ampliamente mayoritarios en el Consejo General del Poder Judicial, en el caso del juez Tirado: todos para uno y uno para todos. En una actitud que no puede calificarse sino de ranciamente corporativista, se han opuesto a que el juez del caso Mari Luz fuera sancionado con una suspensi¨®n de entre uno y seis meses. Era la soluci¨®n intermedia propuesta por el instructor del expediente, algo m¨¢s que la rid¨ªcula multa de 1.500 euros que le fue impuesta por el anterior Consejo, pero lejos de la suspensi¨®n de tres a?os reclamada por el ministerio fiscal y que apoy¨® con con gran enfado del estamento judicial la vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega.

El car¨¢cter gremialista y corporativo de la decisi¨®n se hace todav¨ªa m¨¢s visible en esta ocasi¨®n por la l¨ªnea divisoria que separa los 14 vocales opuestos a aumentar la sanci¨®n de los seis favorables a hacerlo. No ha sido, como es habitual, ideol¨®gica, seg¨²n el origen partidario de su nombramiento o la asociaci¨®n profesional de la que proceden, sino la pertenencia o no a la carrera judicial.

El caso del juez Tirado o el caso de la peque?a Mari Luz -tanto da pues ambos est¨¢n inexorablemente unidos- deber¨ªan haber marcado un antes y un despu¨¦s en el funcionamiento del sistema judicial y muy particularmente en la asunci¨®n de responsabilidades por parte de los jueces. Pero parece que todo va a seguir igual, entretenidos los ¨®rganos disciplinarios del Consejo General del Poder Judicial en dilucidar si mantener durante m¨¢s de dos a?os sin ejecutar una sentencia condenatoria contra un pederasta es un mero retraso o una desatenci¨®n. En este falso dilema se obvia la extrema y objetiva gravedad del hecho, sea cu¨¢l sea su encaje jur¨ªdico, as¨ª como el fuerte impacto social que produjo el asesinato de la peque?a Mari Luz. Aunque el asesinato no fuera efecto directo de la dilaci¨®n, su posibilidad est¨¢ inexorablemente unida a esa actuaci¨®n judicial.

El Consejo General del Poder Judicial, o m¨¢s exactamente su amplia mayor¨ªa de vocales jueces, no es que no se hayan dejado influir por la opini¨®n p¨²blica y por determinadas corrientes pol¨ªticas, como ha observado congratul¨¢ndose el portavoz de la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, sino que han hecho gala de una insensibilidad social pasmosa, como si habitaran otro mundo.

No se comprende que el titular del ¨®rgano jurisdiccional comprometido en este caso no d¨¦ la cara, se esconda bajo el manto de los males de la justicia y no asuma la principal responsabilidad de fallos tan graves como los cometidos en el Juzgado de lo Penal n¨²mero 1 de Sevilla. Lo sucedido con el juez Tirado demuestra la existencia de una grave laguna legal en cuanto a la exigencia de responsabilidades a los jueces. No puede ser que los titulares del juzgado o del tribunal sean los ¨²ltimos responsables de su funcionamiento.