El pacto sobre la justicia le estalla en las manos al Gobierno

El pasado 24 de julio, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y Mariano Rajoy firmaron en La Moncloa un pacto para la Justicia que ahora le explota en las manos al Gobierno. Cinco meses despu¨¦s el PSOE mantiene el enfrentamiento con el renovado Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional sigue empantanado y se prepara una ins¨®lita huelga judicial. El pacto no ha desactivado el problema.

El acuerdo inclu¨ªa la renovaci¨®n de dos ¨®rganos institucionales -Poder Judicial y Constitucional-, y s¨®lo el primero se ha cumplido. Pero el caso Mari Luz ha puesto de manifiesto un nuevo enfrentamiento, liderado por el presidente del Ejecutivo, con el ¨®rgano de gobierno de los jueces y hasta el PSOE descalifica ahora al Consejo que pact¨® entonces.

El Tribunal Constitucional ha batido el r¨¦cord de interinidad

El PP, reticente a que Carlos D¨ªvar comparezca por la sanci¨®n a Tirado

El PSOE mantiene ahora el pulso para forzar la comparecencia del presidente del Consejo, Carlos D¨ªvar, en el Congreso. El PP es reticente a apoyar esa comparecencia, seg¨²n fuentes populares, que estudiar¨¢n con detalle el reglamento de la C¨¢mara para determinar si debatir sobre un asunto sub i¨²dice afecta a la separaci¨®n de poderes y, en todo caso, subrayan que el PSOE est¨¢ utilizando esa petici¨®n.

En el Constitucional, el PP ha logrado ya su objetivo de que sea el Tribunal con su composici¨®n anterior el que decida sobre el trascendente recurso contra el Estatuto de Catalu?a. El Constitucional bate ya todos los r¨¦cords sin ser renovado: ha cumplido un a?o con un tercio de sus miembros en situaci¨®n de interinidad.

El Gobierno del PSOE renunci¨®, para alcanzar el pacto por la Justicia, a gran parte de sus posiciones y de su programa electoral, y debe hacer frente a una huelga de jueces sin precedentes que se cuece para el 21 de enero. Los resultados de ese acuerdo fueron entonces contestados en el PSOE y en sectores progresistas de la Justicia. Para cerrar el pacto, el Gobierno guard¨® en el caj¨®n un borrador de reforma del Consejo General del Poder Judicial que elabor¨® el ministro de Justicia, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo. Inclu¨ªa el cese autom¨¢tico de funciones del Consejo cuando acababa su mandato y la exigencia de responsabilidades de sus miembros, estableciendo la obligaci¨®n de comparecer en el Congreso para dar cuenta de sus decisiones, entre otras novedades. En el inicio de esa negociaci¨®n, los socialistas aceptaron todas las peticiones del PP para hacer posible la renovaci¨®n del Consejo. Por ejemplo, que el bloque conservador mantuviera la mayor¨ªa de bloqueo para decisiones trascendentes y, sobre todo, que los vocales de procedencia judicial procedieran casi todos de las dos asociaciones mayoritarias, la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia. No entr¨® ning¨²n independiente, ni miembros de asociaciones minoritarias, y el PSOE s¨®lo pudo dar entrada a uno de Francisco de Vitoria. El resultado de ese acuerdo fue un Consejo que ahora ha sido descalificado con dureza por el PSOE por "debilidad extrema" y por defraudar al Congreso. En la resoluci¨®n sobre la sanci¨®n al juez Rafael Tirado -responsable de no ejecutar una orden de prisi¨®n contra el hombre que despu¨¦s presuntamente asesin¨® a Mari Luz Cort¨¦s-, los vocales de procedencia judicial han actuado como un bloque compacto, como corresponde a su adscripci¨®n asociativa. Y Carlos D¨ªvar ha tenido un papel activo en mantener la sanci¨®n de 1.500 euros a Tirado.

La ¨²ltima renuncia del PSOE en esa renovaci¨®n fue el nombramiento del presidente, pactado por Zapatero con Rajoy. Renunci¨® a su capacidad de nombrar un presidente progresista como le correspond¨ªa e incluso a uno que no procediera de la judicatura. La presidencia de D¨ªvar desnivela la mayor¨ªa progresista, por ejemplo, para el futuro informe sobre la Ley del Aborto. Ese dictamen no es determinante pero ser¨¢ importante ya que el PP ha apuntado que dar¨¢ la batalla de la judicializaci¨®n del aborto con un recurso al Constitucional contra la anunciada ley de plazos. As¨ª, el PP podr¨ªa recibir combustible pol¨ªtico con un informe cr¨ªtico del Consejo a la ley de plazos.

Para el Constitucional, el PSOE acept¨® renunciar a vetos y el PP lo utiliz¨® para promover a Enrique L¨®pez y Francisco Hernando al alto tribunal, a propuesta de las comunidades aut¨®nomas, para forzar as¨ª el bloqueo de la renovaci¨®n.

Del pacto de la Justicia ha salido el acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el funcionamiento de la oficina judicial y para garantizar la tramitaci¨®n y aprobaci¨®n de la reforma del C¨®digo Penal, que establece, por ejemplo, el control de terroristas y pederastas tras el cumplimiento de su condena. No le ha permitido al Gobierno evitar el desgaste de hacer frente a la anunciada huelga de los jueces. El Gobierno tendr¨¢ dif¨ªcil el apoyo del Consejo frente a esa protesta. Su voluntad de modificar el r¨¦gimen de sanciones no apaciguar¨¢ los ¨¢nimos en las asociaciones mayoritarias de jueces, que copan el Consejo como resultado de la negociaci¨®n entre el PP y el PSOE. Ayer mismo, el portavoz de la APM, Antonio Garc¨ªa, arremeti¨® contra Zapatero y mostr¨® su radical oposici¨®n a la modificaci¨®n del r¨¦gimen disciplinario, informa Europa Press. Esta asociaci¨®n es mayoritaria en la carrera judicial y en el Consejo.

El Gobierno ha aparcado tambi¨¦n la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorgue al fiscal la capacidad de instruir y las reformas legales de desarrollo del Estatuto de Catalu?a, es decir, la creaci¨®n de consejos auton¨®micos y la cesi¨®n de competencias del Supremo a los tribunales superiores de cada comunidad.