Jueces bajo sospecha

El nuevo CGPJ ratific¨® la semana pasada la multa de 1.500 euros impuesta a un juez de Sevilla por no haber ejecutado a su debido tiempo una sentencia dictada contra el responsable de un delito de abusos sexuales cometido con su hija. El magistrado Tirado hab¨ªa condenado en noviembre de 2002 a Santiago del Valle en primera instancia a dos a?os y nueve meses de prisi¨®n; la Audiencia Provincial confirm¨® la pena en mayo de 2003 pero retras¨® hasta diciembre de 2005 la notificaci¨®n de la sentencia al juzgado, que a su vez demor¨® hasta marzo de 2008 su ejecuci¨®n.

Santiago del Valle, con otros cuatro expedientes por abusos sexuales abiertos entre 2003 y 2007, est¨¢ acusado de haber dado muerte a la ni?a Mari Luz Cort¨¦s en enero de 2008, cuando el imputado segu¨ªa benefici¨¢ndose de una libertad provisional que la aplicaci¨®n a tiempo de la ejecutoria hubiese hecho imposible.

Sobre esa secuencia cronol¨®gica descansa el oscuro sentimiento latente -al margen de la l¨®gica del Derecho Penal- de que el incumplimiento por el juez Tirado de sus deberes procesales le hace tambi¨¦n responsable de alguna manera del homicidio. Tal vez se pueda llegar a entender, aunque nunca a justificar, la propagaci¨®n emocional de esa tesis en la opini¨®n p¨²blica. Pero el encolerizado rechazo de las decisiones del Poder Judicial por los otros dos poderes del Estado despide un tufo demag¨®gico: los profesionales de la pol¨ªtica est¨¢n obligados en un sistema democr¨¢tico a razonar y a comportarse en t¨¦rminos jur¨ªdico-constitucionales. Ya con ocasi¨®n de la sanci¨®n contra el juez Tirado dictada por el anterior CGPJ la vicepresidenta Fern¨¢ndez de la Vega emul¨® a la Reina de Corazones de Alicia en el pa¨ªs de las maravillas al exigir cabezas. El ministro de Justicia pidi¨® entonces tres a?os de suspensi¨®n para Rafael Tirado y amenaza ahora con modificar en represalia el reglamento disciplinario de la carrera judicial. Y hasta el presidente del Gobierno se ha convertido en el portavoz justiciero de la opini¨®n p¨²blica frente a los tribunales.

La menci¨®n al corporativismo de los jueces (desmentido con la condena impuesta la semana pasada a un pintoresco magistrado de Murcia por sus pares) para explicar la lenidad de la sanci¨®n del CGPJ no deber¨ªa olvidar que el mismo pecado gremialista es cultivado con esmero por los grandes cuerpos de la Administraci¨®n en defensa de sus miembros y por los partidos en provecho de su financiaci¨®n legal o irregular. Si los jugadores dejaran de dar patadones al aire y bajasen el bal¨®n al c¨¦sped, tal vez pudieran aclararse algunos puntos confusos del debate.

1. ?Es admisible descalificar la justicia impartida por los tribunales de un Estado de derecho, en beneficio de una justicia del pueblo dispensada por los medios de comunicaci¨®n o de la justicia del visir teorizada por Max Weber que ahora pretenden aplicar el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros?

2. Los retrasos de la Audiencia Provincial de Sevilla y del juez Tirado en notificar y ejecutar la sentencia condenatoria de Santiago del Valle ?son hechos atribuibles exclusivamente a esos magistrados o forman parte tambi¨¦n de un mal funcionamiento de la Administraci¨®n de justicia imputable no s¨®lo a los tribunales sino tambi¨¦n a las insuficiencias presupuestarias e inform¨¢ticas de las que el Ministerio del ramo y las comunidades aut¨®nomas deben dar cuenta?

3. ?Cu¨¢l es la raz¨®n de que 12 de los 14 jueces (as¨ª como un abogado y un secretario judicial) del actual CGPJ tipificaran el comportamiento de Rafael Tirado s¨®lo como una falta grave por retraso injustificado en la tramitaci¨®n de una ejecutoria? ?S¨®lo por vil corporativismo? ?Respondi¨® quiz¨¢s a una motivaci¨®n ang¨¦lica la propuesta de los otros siete vocales restantes, en plena coincidencia con los vehementes deseos del Gobierno y del PP, para calificar esa conducta como una falta muy grave de desatenci¨®n? ?No est¨¢n los magistrados -"sometidos ¨²nicamente al imperio de la ley", seg¨²n mandato constitucional- altamente cualificados para la interpretaci¨®n de las normas? ?Es un capricho que el art¨ªculo 122 de la Constituci¨®n exija que al menos 12 de 20 los miembros del CGPJ sean jueces o magistrados?

4. La obediencia rendida por los vocales de las anteriores reencarnaciones del CGPJ a los grupos parlamentarios que les hab¨ªan propuesto ha sido la causa principal del desprestigio de la instituci¨®n, transformada en mera correa transmisora de las fuerzas pol¨ªticas. Justo en el momento en que los miembros del ¨®rgano de gobierno de la magistratura empiezan a votar de acuerdo con criterios diferentes al agradecimiento debido a sus padrinos ?no resulta obscena la marimorena organizada por el Gobierno y el principal partido de la oposici¨®n a prop¨®sito del caso del juez Tirado?