Proceso de intenciones

El Tribunal Superior del Pa¨ªs Vasco acord¨® ayer archivar la causa abierta contra el lehendakari Ibarretxe y otras personas por un supuesto delito de desobediencia (en relaci¨®n con las reuniones mantenidas con ex dirigentes de la ilegalizada Batasuna) por considerar que existe "falta de acusaci¨®n leg¨ªtima". Esto supone aplicar la llamada doctrina Bot¨ªn, seg¨²n la cual no debe haber juicio oral cuando no hay acusaci¨®n de la fiscal¨ªa o de particulares con inter¨¦s leg¨ªtimo. El proceso se sustentaba exclusivamente en el ejercicio de la acci¨®n popular por parte de la asociaci¨®n Dignidad y Justicia y el Foro Ermua.

Esta ¨²ltima entidad anunci¨® ayer un recurso ante el Tribunal Supremo, lo que fue interpretado por Ibarretxe como amenaza de repetici¨®n de la vista "cuando sea pol¨ªticamente interesante" para partidos rivales del suyo. El Supremo consider¨® en su momento (caso Atutxa) que la doctrina Bot¨ªn no era de aplicaci¨®n a casos en los que, por su propia naturaleza, no pod¨ªa existir acusaci¨®n particular. Sin embargo, ese mismo tribunal, en un auto de diciembre de 2006, en relaci¨®n tambi¨¦n con las reuniones con Batasuna, adelant¨® unos criterios que, m¨¢s all¨¢ de los aspectos procesales, marcaban pautas destinadas a evitar que la acci¨®n popular se utilizara para fines pol¨ªticos.

El argumento era que constituye un "fraude constitucional" la pretensi¨®n de otorgar a los tribunales la funci¨®n de control de la acci¨®n pol¨ªtica de los gobernantes, que la Constituci¨®n atribuye al Parlamento. Los equilibrios propios del sistema democr¨¢tico se ver¨ªan alterados, ven¨ªa a decir el auto, si cualquiera pudiera, vali¨¦ndose de la acci¨®n popular, desviar hacia la esfera judicial asuntos de naturaleza pol¨ªtica, interfiriendo as¨ª en la competencia propia de los gobernantes.

Si en las condiciones de abril o de julio de 2006 era conveniente o contraproducente que el lehendakari o Patxi L¨®pez se entrevistasen con Otegi es algo discutible por definici¨®n. Pero llevar esa cuesti¨®n al terreno penal (la querella solicitaba varios a?os de c¨¢rcel para Ibarretxe) supone imposibilitar el debate. Por ello, existe una cierta incoherencia en la actitud del lehendakari cuando, tras denunciar el "impulso pol¨ªtico" que ve en el proceso, muestra su preocupaci¨®n por que el tribunal no se haya pronunciado sobre la cuesti¨®n eminentemente pol¨ªtica, por discutible, de si el di¨¢logo con el brazo pol¨ªtico de una banda armada es o no la "¨²nica soluci¨®n para salir adelante". Una cosa es que no sea delito, y otra considerar que sea casi una obligaci¨®n moral.

En Espa?a ha habido, desde mediados de los noventa, una excesiva tendencia a plantear desaf¨ªos en t¨¦rminos de "nos veremos en los tribunales"; incluso entre partidos que se sientan en el Parlamento. En el caso de la Ley de Partidos, ha habido tambi¨¦n una tendencia a la expansi¨®n de sus efectos a situaciones diferentes de las previstas. Ser¨ªa deseable que la resoluci¨®n de ayer anuncie el fin de esa doble tendencia, y que el Supremo lo confirme.