Un juez avala que haya 'euskaldunes' y mujeres en cada grupo de la Ertzaintza

La puesta en marcha de manera unilateral en diciembre de 2007 de los grupos policiales de Seguridad Ciudadana sigue enfrentando a Interior con el principal sindicato de la Ertzaintza, Erne. El juez de lo Contencioso Administrativo n¨²mero 3 de Bilbao ha avalado en una sentencia fechada el pasado 12 de diciembre los cambios de grupo para asegurar que haya al menos una mujer y un agente euskaldun en cada uno de ellos.

Tanto la central recurrente como la Fiscal¨ªa, que hab¨ªa informado en contra de los argumentos esgrimidos por Interior, ve¨ªan en la medida una falta de proporcionalidad y una lesi¨®n del derecho constitucional a la igualdad, adem¨¢s de una discriminaci¨®n entre los ertzainas. El titular del juzgado, ?scar Mart¨ªnez Asteinza, rechaza ahora todos esos argumentos.

El juez aprecia que no existe ning¨²n tipo de discriminaci¨®n

Interior difundi¨® ayer extractos de la sentencia, recordando que los cambios de grupo fueron el "principal obst¨¢culo" que puso Erne para negociar el convenio en la polic¨ªa vasca. La resoluci¨®n "deja en evidencia una estrategia sindical insensata que elude sus obligaciones" con los agentes, se?ala el departamento.

Erne replic¨® acusando a la consejer¨ªa que dirige Javier Balza de "mentir y manipular", ya que este sindicato est¨¢ negociando el convenio desde junio pasado. El motivo por el que no se ha alcanzado acuerdo alguno es la "falta absoluta de contenidos" planteados por Interior en la mesa de negociaci¨®n, seg¨²n la versi¨®n de la central. "Si quieren negociar con may¨²sculas ya saben d¨®nde nos tienen. Si lo que quieren es vincular actividad sindical a pol¨ªtica, que miren en su despensa", recalc¨® el sindicato, que recurrir¨¢ el fallo al Superior.

El juez no aprecia discriminaci¨®n por ning¨²n lado, ya que no se "relega ni posterga" a ning¨²n agente con esos cambios. M¨¢s bien, pretenden "poner en valor" el conocimiento ling¨¹¨ªstico y la condici¨®n de mujer de las agentes "en orden a una mejor atenci¨®n al ciudadano en una compleja y cambiante realidad social que cada vez reclama m¨¢s y mejores -por especializadas- atenciones".

La Fiscal¨ªa, que tambi¨¦n recurrir¨¢ la sentencia, hab¨ªa considerado que no existe ninguna "desprotecci¨®n" a la v¨ªctima de un delito de violencia conyugal porque no sea atendida al denunciar los hechos por una ertzaina. Por ello pidi¨®, sin ¨¦xito, a la juez que suspendiese cautelarmente la orden de Interior. En el caso del conocimiento del idioma, el fiscal Luis Lafont aduc¨ªa tambi¨¦n que todos los ciudadanos deben saber castellano y "no consta que las dificultades de expresi¨®n en castellano hayan supuesto en alg¨²n caso un problema para que un ciudadano" pueda denunciar un delito.

Erne recordaba adem¨¢s que la medida se hab¨ªa adoptado sin previa negociaci¨®n con los sindicatos, vulnerando as¨ª el convenio vigente. La decisi¨®n fue aprobada por el director de la Ertzaintza, Jon Uriarte, el 27 de diciembre de 2007 y comunicada verbalmente cuatro d¨ªas despu¨¦s a un agente euskaldun destinado en Gernika y el 8 de enero de 2008 a una ertzaina de Bilbao. Ambos la recurrieron. El fiscal apunt¨® que, al no haber sido negociada con las centrales, la "situaci¨®n perjudicial particular se agrava", y las ¨®rdenes verbales por las que inform¨® a los recurrentes eran, cuando menos, "imprevisibles o extraordinarias".

El juez apunta ahora que "no existe un derecho absoluto" de los recurrentes a "congelar su situaci¨®n laboral". Y a?ade que "las consideraciones de ¨ªndole general gozan de una clara prevalencia sobre las de orden meramente informal, como la p¨¦rdida de contacto con los compa?eros y la posibilidad de trasladarse con los mismos, que no s¨®lo son susceptibles de regeneraci¨®n sino que, en todo caso, se producen sin merma acreditada de derechos". El fiscal apuntaba que deb¨ªa prevalecer el inter¨¦s particular de los recurrentes por los "trastornos inherentes a todo traslado" y, "sobre todo, por el car¨¢cter sorpresivo".