?Y ahora qu¨¦ pasar¨¢ con Luis?

Luis sabe que la ¨²ltima hora de clase de los martes es distinta. Este chaval de 14 a?os se levanta antes de que comience la lecci¨®n, mete sus libros en la mochila y sale por la puerta. Los martes a ¨²ltima hora se imparte en un aula de su instituto p¨²blico del Puerto de Santamar¨ªa (C¨¢diz) la asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa y los Derechos Humanos, materia obligatoria en la que se ense?an valores morales y constitucionales. Pero Luis es objetor. O, mejor dicho, su padre Guillermo es objetor y no quiere que su v¨¢stago asista a esas clases.

"Cuando llega el profesor cogemos las maletas, nos vamos al aula de apoyo o a la biblioteca y con una profesora hacemos las tareas". Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa que permite a Luis faltar a la clase de Ciudadan¨ªa (no todos los 22 chicos y chicas que est¨¢n objetando en su instituto cuentan con ese respaldo). Hoy, el Tribunal Supremo se re¨²ne para decidir sobre esa y otras sentencias a favor de la objeci¨®n, y las resoluciones contrarias que tambi¨¦n se han dictado en distintos tribunales superiores de justicia.

"Ahora tenemos una clase calentita; el a?o pasado estaban en el pasillo"

Andaluc¨ªa espera que el Alto Tribunal indique c¨®mo actuar

"Ha habido un problema de dejaci¨®n de funciones", se?ala un experto

?Qu¨¦ pasar¨¢ con estos chavales si el Supremo decide que no pueden objetar? Tanto los que tienen resoluci¨®n judicial a favor como Luis (entre 100 y 300, seg¨²n qu¨¦ parte del conflicto haga las cuentas), como los j¨®venes que est¨¢n faltando a clase sin apoyo de ning¨²n tribunal, varios miles. La Junta de Andaluc¨ªa, por ejemplo, espera que el Supremo fije "un marco de actuaci¨®n claro y com¨²n a todas las comunidades" para que se sepa c¨®mo se debe actuar frente a los objetores, dice un portavoz. Lo que est¨¢ claro es que si el Supremo confirma "la obligatoriedad de la asignatura", los alumnos tendr¨¢n que volver a cursarla, dice la catedr¨¢tica de Derecho Constitucional Paloma Biglino. Parece simple, pero no lo es tanto, ya que probablemente lo que espera la Junta del Supremo es que les indique la forma de atender a los chavales que se tengan que reincorporar, sobre todo teniendo en cuenta que en Andaluc¨ªa hay 12 alumnos que no la estudiaron el curso pasado amparados por la justicia.

?Tendr¨¢n que cursarla un a?o despu¨¦s? ?Les pondr¨¢n un examen sin m¨¢s? Biglino prefiere esperar a la sentencia para pronunciarse, y Manuel Rodr¨ªguez, jurista, ex consejero de Consejo Escolar del Estado, y ahora del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, dice que tampoco tiene claro que pasar¨¢ con los objetores del a?o pasado, y asegura que existe al respecto un "vac¨ªo legal".

El hecho es que la actuaci¨®n de las Administraciones frente a los objetores nunca ha estado clara. El Gobierno, sin dar orientaciones precisas (las competencias las tienen las comunidades) siempre ha dicho lo mismo: es una asignatura obligatoria y no se puede faltar a clase. Sin embargo, en la pr¨¢ctica, cada comunidad ha hecho de su capa un sayo en un conflicto muy politizado desde el principio, con unos obispos que iniciaron una aut¨¦ntica guerra contra la asignatura tras ver frustrada su petici¨®n de que Ciudadan¨ªa fuera la alternativa a Religi¨®n.

El curso pasado, siete comunidades (Andaluc¨ªa, Asturias, Arag¨®n, Cantabria, Catalu?a, Extremadura y Navarra) empezaron a impartir Ciudadan¨ªa (el resto ha empezado este curso). Navarra aplic¨® las sanciones por absentismo normales para cualquier alumno que falta reiteradamente a clase (en este caso, fue un apercibimiento y el chico se reincorpor¨®). En otras, como Extremadura, directamente les suspendieron, sin m¨¢s. En Asturias, los 16 objetores que contabiliz¨® la Consejer¨ªa de Educaci¨®n pudieron hacer un examen extraordinario a final de curso. Todos ellos se presentaron y cuatro aprobaron.

Las asociaciones que defienden el boicoteo (Foro Espa?ol de la Familia, Fundaci¨®n Universidad San Pablo CEU, Profesionales por la ?tica y Confederaci¨®n Cat¨®lica de Padres de Alumnos) dicen que este a?o hay 50.000 objetores. Seg¨²n el recuento que hizo este peri¨®dico el pasado diciembre con datos de los Gobiernos aut¨®nomos sobre alumnos que efectivamente est¨¢n en el curso en que se da la asignatura, son cerca de 7.000, aunque varias consejer¨ªas admiten que hay chavales que han presentado la objeci¨®n, pero est¨¢n entrando a clase.

"Este a?o ha mejorado mucho, tenemos una clase calentita, el a?o pasado los objetores estaban en el pasillo, en las mesas de castigo", explica Luis, el alumno objetor de C¨¢diz. Su padre Guillermo no quiere que se pueda identificar a su hijo, por eso no accede a que se publiquen sus apellidos ni el nombre del instituto en el que estudia Luis. "A los chicos les atienden este a?o perfectamente", comenta Guillermo.

Las sentencias y las medidas cautelares a favor de la objeci¨®n se empezaron a multiplicar hacia finales del curso pasado. As¨ª, en este a?o escolar que empez¨® en septiembre, la actitud cautelosa, a la expectativa de lo que diga el Supremo, ha ido m¨¢s all¨¢ de las comunidades cuyos Gobiernos (del PP) han apoyado el boicoteo, como Madrid o La Rioja. En esta ¨²ltima, la consejer¨ªa hizo firmar a los padres objetores un papel en el que se exim¨ªa de la materia a los ni?os, pero los progenitores asum¨ªan todas las consecuencias judiciales de sus actos, "especialmente las desfavorables".

La consejer¨ªa riojana explic¨® el pasado mes de julio, cuando adopt¨® esta medida, que se trataba de que los padres asumieran la decisi¨®n final del Supremo. Sin embargo, de las palabras del jurista Manuel Rodr¨ªguez, experto en educaci¨®n, se infiere algo m¨¢s. Si el Supremo dice que los objetores, indebidamente, han dejado de estudiar una materia obligatoria, "habr¨ªa que buscar responsabilidades", asegura Rodr¨ªguez, ya que se est¨¢ tocando algo tan importante y tan sensible como es el derecho a la educaci¨®n. Rodr¨ªguez alude tambi¨¦n a un problema de "dejaci¨®n de responsabilidades" por parte de las Administraciones en toda la pol¨¦mica.

El abogado y miembro del PP Carlos Seco prefiere esperar a que se difunda la sentencia para analizar los matices del texto. Seco expone los argumentos a favor de la objeci¨®n, por ejemplo, que Ciudadan¨ªa defiende el "relativismo moral" y la "ideolog¨ªa de g¨¦nero", en referencia esta ¨²ltima a la homosexualidad, argumentos utilizados a menudo por la Iglesia cat¨®lica. Seco es una de las personas que ha capitaneado la lucha contra la materia en Andaluc¨ªa. Se ha encargado de presentar alrededor de 70 recursos contra esta asignatura ante el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA). Y la sala tercera de lo contencioso-administrativo del TSJA ha respaldado sistem¨¢ticamente las tesis de los objetores permiti¨¦ndoles no asistir a estas clases. Dos de los cinco magistrados de esta sala del TSJA est¨¢n vinculados al Opus Dei.

Pero Seco adelanta, como ya hicieron las principales asociaciones promotoras del boicoteo, que si el Supremo no reconoce el derecho a objetar acudir¨¢n al Constitucional. Adem¨¢s, aseguran que le pedir¨¢n que deje en suspenso la sentencia del Supremo hasta que resuelva el recurso.

Eso dar¨ªa lugar quiz¨¢ a unos a?os de aplazamiento, y a que los hijos de los actuales objetores pudiesen acabar sus estudios sin cursar la asignatura. El caos podr¨ªa llevar a que, si el Constitucional se pronunciara en sentido contrario, estos alumnos podr¨ªan encontrarse, por ejemplo, en plena universidad con la materia de secundaria pendiente y sin poder recibir por ello el t¨ªtulo universitario al acabar la carrera. Salvando las distancias, ya ocurri¨® algo similar en el franquismo con algunas alumnas que se negaron a hacer el servicio social, y estuvieron m¨¢s de cinco a?os sin recibir el diploma universitario habiendo acabado la carrera.

Todos los puntos oscuros de esta pol¨¦mica comenzar¨¢n a aclararse hoy, en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo.