Una bienvenida a la huelga de los jueces

No me pronunciar¨¦ sobre la oportunidad ni sobre la legalidad de la iniciativa de magistrados y jueces. Su oportunidad es opinable. Y su legalidad es discutible, seg¨²n se les contemple como titulares de un poder constitucional o como funcionarios responsables de un servicio p¨²blico esencial. Cabe reconocer que les resulta beneficioso poder invocar una u otra condici¨®n seg¨²n les convenga. Lo que s¨ª quiero resaltar es que este movimiento sin precedentes expresa una reacci¨®n colectiva que algunos esper¨¢bamos desde hace a?os. ?C¨®mo es posible que los principales protagonistas judiciales hayan aceptado estoicamente condiciones de trabajo y organizaci¨®n que consideran tan deficientes? ?Por un sentido de Estado, inasequible al des¨¢nimo? ?Por una vocaci¨®n profesional a prueba de toda adversidad? ?Por la comodidad de disponer de una excusa en la que refugiarse si alguien les exig¨ªa mayor rendimiento? Probablemente, de todo un poco.

No es s¨®lo un tema de escasez de medios, sino, sobre todo, de obsolescencia de un modelo del siglo XIX

Lo cierto es que de modo implacable ha ido decreciendo la confianza ciudadana en la administraci¨®n de justicia. Lo reiteran encuestas y estudios de opini¨®n, tal como lo ratifica el m¨¢s reciente estudio del CIS (noviembre de 2008). El veredicto popular es tal vez excesivamente severo, porque no todas las jurisdicciones, ni todos los ¨®rganos judiciales ni todos los profesionales merecen cr¨ªticas en bloque. Y es tambi¨¦n un veredicto que se contradice con el auge de la litigiosidad: cada vez se conf¨ªa menos en la justicia, pero cada vez se acude m¨¢s a ella. Todo ello expresa la complejidad del problema y la dificultad de darle soluciones f¨¢ciles.

F¨¢cil ser¨ªa, por ejemplo, aumentar los recursos p¨²blicos: m¨¢s ¨®rganos judiciales, m¨¢s jueces, m¨¢s personal auxiliar, mejores salarios, mejores instalaciones, mayor apoyo telem¨¢tico, etc. Debe hacerse en alg¨²n caso y circunstancia. Pero no de manera general e indiscriminada. Porque una pol¨ªtica meramente incrementalista no resolver¨¢ los complicados problemas. Atacar el mal con una sobredosis de medicamentos no acabar¨¢ con una enfermedad cr¨®nica que requiere cambio de dieta, m¨¢s ejercicio f¨ªsico y en alg¨²n caso un decidido tratamiento quir¨²rgico.

Quien contempla la administraci¨®n de justicia con cierta ingenuidad admira el esfuerzo de una parte de su personal por obtener resultados positivos, a pesar de carencias que castigan por igual a profesionales y usuarios. Pero este esfuerzo exige a veces condiciones sobrehumanas. No es justo. Y adem¨¢s es perjudicial porque enmascara una obsolescencia estructural que no aliviar¨¢ el acopio de m¨¢s recursos.

En la pol¨¦mica reciente faltan propuestas que no sean el "m¨¢s de todo y de lo mismo". Se echa de menos un diagn¨®stico a fondo de los males de una justicia cuyo esquema b¨¢sico pertenece al siglo XIX. ?Corresponde la divisi¨®n en partidos judiciales y audiencias a los cambios demogr¨¢ficos de la sociedad y a su urbanizaci¨®n masiva? ?Tiene sentido que grandes n¨²cleos urbanos constituyan un solo partido judicial que impide una coordinaci¨®n ¨¢gil y eficaz? ?Es l¨®gico que predominen los ¨®rganos judiciales unipersonales sujetos a las vicisitudes de un ¨²nico titular? ?Es adecuada la selecci¨®n del juez sin acreditar previamente su rendimiento en la pr¨¢ctica profesional? ?No es muy costosa la falta de una justicia r¨¢pida de proximidad dedicada a incidencias de poca complejidad? ?Es ¨²til que el funcionariado de las oficinas judiciales siga gestionado por un sistema de cuerpos, r¨ªgidamente centralizado y de muy lenta aplicaci¨®n? ?Se dispone de un m¨¦todo transparente para evaluar la calidad del servicio?

?stas y otras cuestiones se plantean a quien examina el estado de nuestra justicia sin esquemas heredados y convertidos por comodidad o por ignorancia en piezas intocables de un sistema bloqueado.

Se atrevi¨® con estas cuestiones el Llibre Verd de l'Administraci¨® de Just¨ªcia de Catalunya. El tercer aniversario de su aprobaci¨®n -enero de 2006- coincide con la protesta judicial. El Llibre Verd conten¨ªa recomendaciones dirigidas a las administraciones responsables. Fue fruto de una deliberaci¨®n sin precedentes con intervenci¨®n de representantes del Parlament, de la magistratura y de la fiscal¨ªa, y de sus asociaciones, de los colegios profesionales, de la administraci¨®n municipal, auton¨®mica y estatal y de las facultades de Derecho. Como tantos informes, s¨®lo una parte muy reducida de sus recomendaciones ha sido atendida. El grueso -pendientes de reformas legislativas estatales- ha corrido la triste suerte que corrieron las recomendaciones del Libro Blanco de la Justicia de 1997, porque los grandes partidos estatales esquivan desde hace d¨¦cadas un planteamiento eficaz del asunto.

Tal vez haya que dar la bienvenida al movimiento reivindicativo de los jueces si evita la deriva gremial que le amenaza. Sus bienintencionados impulsores -que los hay- quedar¨ªan defraudados. Para ello les convendr¨ªa contar con la compa?¨ªa de un movimiento ciudadano m¨¢s amplio, con participaci¨®n de otros colectivos econ¨®micos, profesionales y sociales. Sin olvidar a las comunidades aut¨®nomas que -como parte del Estado definido hace 30 a?os en la Constituci¨®n- comparten tambi¨¦n responsabilidades en la materia. S¨®lo una amplia coalici¨®n ciudadana -y no s¨®lo una negociaci¨®n Gobierno-jueces- podr¨¢ alumbrar la reforma de la justicia que la sociedad necesita.

Josep M. Vall¨¨s es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica (UAB) y ex consejero de Justicia de la Generalitat de Catalu?a.