Cobard¨ªa pol¨ªtica

Como no pod¨ªa ser de otra manera, el Tribunal Supremo puso fin a la situaci¨®n esperp¨¦ntica que se ha prolongado durante casi a?o y medio en relaci¨®n con la ense?anza de la asignatura Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, contemplada como asignatura obligatoria en la ley org¨¢nica actualmente vigente que regula el derecho a la educaci¨®n.

Es absurdo que se haya tenido que llegar hasta aqu¨ª y que se haya necesitado tanto tiempo para resolver un problema que simplemente no exist¨ªa. ?nicamente desde posiciones rabiosamente fundamentalistas y, por tanto, inequ¨ªvocamente antidemocr¨¢ticas se pod¨ªa poner en cuesti¨®n no s¨®lo la legalidad sino tambi¨¦n la legitimidad de la inclusi¨®n de la asignatura como obligatoria en los estudios de bachillerato.

Es obvio que a esta situaci¨®n se ha llegado como consecuencia de que un n¨²mero no peque?o, pero si muy minoritario, de padres ha ejercido derechos constitucionales que tienen reconocidos, en especial el derecho a la tutela judicial efectiva, y han acudido a los tribunales para que les fuera reconocido un inexistente por imposible derecho a la objeci¨®n de conciencia por entrar en contradicci¨®n la impartici¨®n de la asignatura con el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones.

Pero no es menos obvio, al menos para m¨ª, que este disparate ha sido posible por la cobard¨ªa del PP. Desde que se aprob¨® la ley org¨¢nica, el PP, aunque estaba en contra de la misma, sab¨ªa que era una ley constitucionalmente irreprochable. Por eso, teniendo la posibilidad de que 50 diputados, 50 senadores o diversos gobiernos o parlamentos de las comunidades aut¨®nomas por ellos dirigidas interpusieran recurso de inconstitucionalidad contra la ley, no lo hicieron. El PP no ha tenido nunca la m¨¢s m¨ªnima duda de que la impartici¨®n de educaci¨®n para la ciudadan¨ªa como asignatura obligatoria era plenamente constitucional y que era, por tanto, una obligaci¨®n de los colegios impartirlas y de los alumnos cursarlas.

Tambi¨¦n sab¨ªa que era un disparate la campa?a de boicotear la aplicaci¨®n de la ley a trav¨¦s de los recursos contencioso-administrativos contra los actos de ejecuci¨®n de la misma y que dicha campa?a no iba a conseguir otra cosa que perturbar la normalidad acad¨¦mica de manera transitoria y nada m¨¢s.

Y sin embargo, no ha tenido el valor de decirle a la sociedad que, aunque no le gustara la ley y que, en el momento en que llegara al Gobierno, intentar¨ªa cambiarla, la ley era una ley aprobada por las Cortes Generales y que ten¨ªa que ser obedecida. Y la direcci¨®n nacional no ha tenido el valor de decirle a las comunidades aut¨®nomas en las que gobierna que ten¨ªan que hacer cumplir lealmente la ley y no enredarse en todo tipo de zancadillas a su aplicaci¨®n.

Convendr¨¢n conmigo en que, si la direcci¨®n nacional del PP y los presidentes de las comunidades aut¨®nomas gobernadas por el PP hubieran actuado de esta manera, no habr¨ªa existido propiamente conflicto en torno a la ense?anza de educaci¨®n para la ciudadan¨ªa. Se habr¨ªan interpuesto recursos de manera individualizada con toda seguridad, pero tales recursos habr¨ªan sido algo anecd¨®tico. Ha sido la cobertura que le ha dado el PP la que le ha dado una dimensi¨®n de conflicto pol¨ªtico.

Al final para nada o, mejor dicho, para tirar piedras contra su propio tejado. Un partido de gobierno tiene que tener el coraje de decirle a sus votantes cu¨¢les son las obligaciones de inexcusable cumplimiento en una sociedad democr¨¢tica y no seguirles la corriente en una protesta fundamentalista y antidemocr¨¢tica. Un partido de gobierno tiene que acreditar su condici¨®n de tal tambi¨¦n cuando est¨¢ en la oposici¨®n.