Aguirre privatiza el asesoramiento judicial a mayores

El pr¨®ximo marzo el Servicio de Orientaci¨®n Jur¨ªdica de Mayores (SOJ) -que asesora a las personas de m¨¢s de 60 a?os sobre sus derechos generales y asistenciales (pensiones, herencias o arrendamientos)- pasar¨¢ a manos privadas. Por ese motivo el Colegio de Abogados de Madrid, que gestionaba el servicio desde su creaci¨®n en 2003, impugnar¨¢ el concurso p¨²blico aunque ayer su portavoz no quiso confirmarlo. La opci¨®n al concurso se cerr¨® hace una semana y los tr¨¢mites ser¨¢n en febrero.

El ¨®rgano colegial piensa que el procedimiento infringe el Decreto 86/2003, que regula la Asistencia Jur¨ªdica Gratuita en la Comunidad de Madrid, y la Ley 1/1996 de Asistencia Jur¨ªdica Gratuita. Ambos textos, regional y estatal, dejan claro, en opini¨®n de los letrados, que estos servicios deben ser gestionados por los colegios profesionales.

Fuentes de la Comunidad de Madrid explican, por su parte, que una nueva Ley de Contratos del Sector P¨²blico, en vigor desde 2008, les obliga a sacar a concurso el SOJ. Los abogados, sin embargo, sostienen que el servicio no est¨¢ dentro del ¨¢mbito de esta ley porque no es un servicio jur¨ªdico de o para la Comunidad de Madrid, sino para el ciudadano. En junio del a?o pasado -con la ley ya vigente- se firm¨® una cl¨¢usula de pr¨®rroga para 2009, que fue anulada en diciembre. El Gobierno regional, que dice estar satisfecho con la labor del colegio de abogados, no entiende por qu¨¦ no ha optado al concurso.

El colegio profesional ve, sin embargo, varios inconvenientes en el concurso. Hasta ahora su independencia, dicen, era "absoluta", ya que no eran los encargados de llevar el procedimiento judicial. Ahora cualquier despacho privado que acceda al concurso podr¨ªa animar a acudir a los tribunales y, de esta forma beneficiarse econ¨®micamente, si el asesorado no tuviera derecho a la asistencia gratuita.

Adem¨¢s, critican que el servicio pase de nueve letrados a cuatro. Hasta ahora, tres atend¨ªan en la Direcci¨®n General del Mayor y los otros seis itineraban por los 32 centros de mayores que dependen del Gobierno regional. Cuando se reanude el servicio s¨®lo uno se desplazar¨¢ a las residencias.

Esta falta de personal especializado ser¨¢ suplida con asistencia telef¨®nica, una pr¨¢ctica no permitida hasta la fecha. Sin la documentaci¨®n necesaria delante es dif¨ªcil el asesoramiento, precisan.

Con la nueva f¨®rmula no s¨®lo la Comunidad no va ahorrar sino que tendr¨¢ que a?adir a 94.000 euros presupuestados 15.000 m¨¢s del IVA, un impuesto del que el Colegio est¨¢ exento.