Israel ante la Audiencia

Cada vez que un juez de la Audiencia Nacional decide investigar, a instancias de las posibles v¨ªctimas, hechos susceptibles de ser tipificados como delitos contra la humanidad cometidos en otros pa¨ªses, los problemas diplom¨¢ticos son inevitables. Sucedi¨® con Chile en el caso Pinochet, con China en el del T¨ªbet o con Estados Unidos en el del periodista Jos¨¦ Couso. Nada de extra?o tiene, pues, que el Gobierno israel¨ª muestre su malestar, y as¨ª se lo haga saber al espa?ol, por la decisi¨®n del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de dar curso a una querella contra los responsables -siete altos funcionarios militares y civiles- del bombardeo selectivo que el 22 de julio de 2002 acab¨® con la vida del presunto jefe del aparato militar de Ham¨¢s en Gaza, llev¨¢ndose tambi¨¦n por delante las de 14 civiles que viv¨ªan en casas pr¨®ximas, incluidos ni?os.

Se obvia, en estos casos, que la justicia espa?ola act¨²a en el marco del principio de jurisdicci¨®n universal que el Estado espa?ol, como otros muchos, sobre todo europeos, reconoce en su legislaci¨®n interna para delitos que diversas convenciones de la ONU tipifican como cr¨ªmenes contra la humanidad y que, por tanto, son imprescriptibles y perseguibles en cualquier tiempo y lugar, al margen de la nacionalidad de sus autores o v¨ªctimas. Se pasa por alto tambi¨¦n que en un Estado de derecho como el espa?ol la justicia, y muy especialmente la penal, es independiente, act¨²a y debe actuar al margen del principio de oportunidad pol¨ªtica y no recibe ¨®rdenes del Gobierno. Tener en cuenta estos hechos es imprescindible para que los posibles malentendidos no desborden el contexto jur¨ªdico.

A partir sobre todo de la querella interpuesta hace ocho a?os en B¨¦lgica contra su entonces primer ministro Ariel Sharon por su actuaci¨®n en los campos de Sabra y Chatila (L¨ªbano), Israel tiene un problema que ser¨ªa injusto relacionar con una actitud de complacencia con Ham¨¢s por parte de pa¨ªses -Espa?a y el resto de la UE- que han incluido a esta organizaci¨®n entre los grupos terroristas y que condenan sin paliativos sus ataques al territorio y a la poblaci¨®n israel¨ªes. En el caso de la iniciativa del juez espa?ol, Israel tiene en sus manos bloquearla accediendo a investigar los hechos por su parte. No hacerlo supone aceptar una seria restricci¨®n de movimientos de los implicados no s¨®lo en Espa?a, sino en los pa¨ªses obligados a cooperar: extradit¨¢ndolos, si pisan su territorio.

Se comprende la repugnancia de Israel a admitir, siquiera indiciariamente, que sus funcionarios, militares o civiles, han podido cometer delitos en actos considerados de leg¨ªtima defensa frente a la acci¨®n terrorista. Pero la experiencia ense?a que la finalidad leg¨ªtima y loable no basta para hacer buenos los m¨¦todos empleados a veces contra el terrorismo. Si la justicia israel¨ª no act¨²a en estos casos, la justicia universal o internacional, seguramente aprovechada por sus enemigos, tender¨¢ a llenar el vac¨ªo.