Es la hora de la justicia

Abundan en los ¨²ltimos d¨ªas y semanas art¨ªculos de opini¨®n, editoriales y noticias que no dejan en buen lugar a la justicia ni a los jueces. La justicia no resulta simp¨¢tica, como en general ning¨²n poder. Pero menos a¨²n cuando los titulares de ese poder, los jueces, no somos elegidos democr¨¢ticamente. Cualquier poder legitimado por la elecci¨®n ciudadana encuentra siempre cierta complicidad en los electores, que, entiendo, deriva de una responsabilidad compartida, pues los electores con su elecci¨®n y los elegidos con su gesti¨®n contribuyen, en distinto plano y con diferente responsabilidad, al resultado final.

Con los jueces no sucede as¨ª. Los jueces no estamos legitimados por nuestro origen, sino por el ejercicio del poder que nos ha sido conferido: valemos tanto como nuestras resoluciones. Cuando estas son irracionales o arbitrarias, la legitimidad de los jueces se resiente; y cuando no se ejerce la jurisdicci¨®n, aunque sea temporalmente con ocasi¨®n de una huelga o paro, desaparece. Sin embargo, los acontecimientos desencadenados a ra¨ªz de las protestas judiciales nos enfrentan a un nuevo escenario, ajeno a nuestra labor, donde carecemos adem¨¢s de referencias claras.

El 'caso Tirado' no hizo sino avivar un malestar que ya exist¨ªa en la carrera judicial

Debemos ser prudentes en lo que pedimos y, sobre todo, en hasta d¨®nde llegamos para conseguirlo

Las reivindicaciones p¨²blicas y las amenazas de huelgas y paros nos conducen a un contexto, el reivindicativo, donde las reglas de juego son otras. Por esa raz¨®n, debemos ser prudentes en lo que pedimos y en c¨®mo lo pedimos; y sobre todo, en hasta d¨®nde estamos dispuestos a llegar para conseguirlo. En caso contrario, corremos un serio riesgo de perder el prestigio y reconocimiento social que a¨²n nos queda.

Lo justo y razonable de nuestras peticiones se puede ver enturbiado en la confrontaci¨®n pol¨ªtica y medi¨¢tica. Aqu¨ª no estamos investidos de autoridad ni legal ni moral, y por eso nuestros argumentos, y sobre todo, la forma de defenderlos, deben ser exquisitos. Intentar¨¦ exponer algunos de ellos.

1.- La tutela de los derechos de los ciudadanos, para ser efectiva, no meramente formal, debe contar con una adecuada infraestructura material y personal que permita servir de soporte al ejercicio diario de la funci¨®n jurisdiccional. Los dem¨¢s poderes p¨²blicos no pueden eludir su responsabilidad.

Toda la energ¨ªa empleada para proponer cambios legislativos de dudosa eficacia, a golpe de titular y al calor de desgraciados sucesos, deber¨ªa canalizarse en articular e implementar a corto plazo medidas de refuerzo inmediatas en los juzgados m¨¢s colapsados, sobre todo en aquellas jurisdicciones especialmente sensibles a los derechos fundamentales, como lo es la penal. Jurisdicci¨®n esta, adem¨¢s, donde las tensiones y las desigualdades sociales afloran con mayor intensidad sobre todo en ¨¦pocas de crisis. La falta de medios adecuados, o la err¨¢tica organizaci¨®n de los mismos, condiciona seriamente el ejercicio del Poder Judicial, y con ello la consecuci¨®n del Estado constitucional, m¨¢s que una eventual huelga de jueces.

2.- Las comunidades aut¨®nomas con competencias transferidas en materia de justicia deber¨ªan implicarse decididamente en la soluci¨®n de los problemas y no tratar de echar balones fuera (al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial). Al ciudadano le preocupa que los juzgados funcionen, y lo que preocupa al ciudadano debe ocupar a los responsables p¨²blicos, sean estatales o auton¨®micos. La descentralizaci¨®n que conlleva el Estado auton¨®mico debe servir para acercar a los ciudadanos los n¨²cleos de decisi¨®n y de responsabilidad, mejorando as¨ª la eficacia en la respuesta, pero no para crear compartimentos estancos donde cada administraci¨®n defiende de forma numantina sus competencias. Esto es fuente de descoordinaci¨®n, sumamente grave cuando afecta al ejercicio de un poder de ¨¢mbito nacional.

3.- Para criticar la iniciativa de los jueces se repite hasta la saciedad que la protesta es corporativa, pues surgi¨® a ra¨ªz del caso Tirado y, adem¨¢s, se centra en reivindicaciones salariales, impropias en tiempos de crisis. El caso Tirado no hizo sino avivar un malestar que ya exist¨ªa en la carrera judicial, debido a la falta de medios y al paulatino incremento de la carga de trabajo. Las intolerables e imp¨²dicas injerencias que protagonizaron destacados miembros del poder ejecutivo tratando de condicionar la actuaci¨®n disciplinaria del CGPJ fueron la gota que colm¨® el vaso.

En cuanto al tema retributivo, no hay m¨¢s que leer el comunicado suscrito por las cuatro asociaciones judiciales para apreciar que las reivindicaciones se centran en una mejora global del servicio p¨²blico de la justicia. Las mejoras retributivas aparecen en ¨²ltimo lugar, como recordatorio de la obligaci¨®n legal contenida en la Ley de Retribuciones del a?o 2003 de negociarlas cada cinco a?os. Es falso, y el ministerio lo sabe, que nuestras retribuciones hayan aumentado un 5% el ¨²ltimo a?o. Los jueces y magistrados no hemos visto aumentado nuestro salario por encima del resto de los funcionarios, sino que se nos ha reconocido un derecho del que los dem¨¢s funcionarios ya disfrutaban y es que en las pagas extraordinarias se incluyera el complemento de destino para as¨ª equipararlas a las pagas ordinarias, acabando as¨ª con una discriminaci¨®n injustificada.

Es hora de ponernos todos a trabajar, dejar la ret¨®rica incendiaria a un lado y aunar esfuerzos, todos, para que los ciudadanos tengan la justicia que se merecen.

Pablo Surroca Casas es magistrado y miembro del secretariado de la asociaci¨®n judicial Jueces para la Democracia.