Tutela p¨²blica de gesti¨®n privada

Sin duda debe de ser muy dif¨ªcil para unos padres comprender que no pueden hacerse con su hijo, que sus problemas de conducta, fruto tal vez de patolog¨ªas psicol¨®gicas o de alguna adicci¨®n, hacen imposible que les puedan atender debidamente. Es en ese momento en el que se ponen en manos de las Administraciones y delegan en ellas la responsabilidad. Tambi¨¦n hay ocasiones en que es la propia fiscal¨ªa la que decide (por su comportamiento o el de su familia) que s¨®lo los poderes p¨²blicos pueden atenderles debidamente y han de abandonar su casa.

Pero en ese momento, las Administraciones, en la gran mayor¨ªa de los casos, delegan de nuevo hacia otro lado, en las asociaciones y fundaciones que gestionan 55 de los 58 centros de protecci¨®n de menores que ha contabilizado el informe del Defensor del Pueblo sobre estas residencias para chavales con trastornos de conducta y en dificultad social, competencia de las autonom¨ªas. S¨®lo hay dos centros p¨²blicos en Catalu?a y otro en Castilla y Le¨®n, y al menos este ¨²ltimo tiene una parte de la atenci¨®n concertada.

Se trata de buscar organizaciones muy especializadas, dice la Comunidad de Madrid

Las autonom¨ªas han eludido sus responsabilidades, sostiene Javier Urra

El Defensor destaca la entrega de los educadores y su mala situaci¨®n laboral

Los profesionales reclaman m¨¢s coordinaci¨®n en la atenci¨®n al menor

La normativa no da seguridad ni a ni?os ni a trabajadores, dicen los expertos

El estudio considera escasos los controles a los centros; los Gobiernos discrepan

Hoy, tras la publicaci¨®n de ese estudio, est¨¢ bastante m¨¢s que en entredicho el servicio que ofrecen algunos de ellos. El texto habla de castigos f¨ªsicos, de celdas, del ox¨ªmoron terrible que parec¨ªa ya olvidado de la "colleja educativa". Y ni siquiera se trata s¨®lo de esas irregularidades en s¨ª. M¨¢s all¨¢, late en el fondo de la polvareda que se ha levantado la conveniencia de que una atenci¨®n p¨²blica tan delicada como es la de los menores m¨¢s conflictivos se deje en manos privadas. Se trata, una vez m¨¢s, del encarnizado debate que se ha dado con muchos servicios p¨²blicos, pero con la diferencia de que en la sanidad o la educaci¨®n hay comunidades que apuestan claramente por la gesti¨®n p¨²blica (Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo) y otras son acusadas permanentemente de privatizaci¨®n (como Madrid).

En la Comunidad de Madrid, una portavoz explica que los centros de protecci¨®n de menores con problemas de conducta requieren recursos muy especializados, por eso buscan asociaciones y fundaciones con larga tradici¨®n. Adem¨¢s, menciona un acuerdo entre poderes p¨²blicos y sindicatos para contratar este tipo de servicios. El responsable de relaciones sociales del Ararteko (equivalente vasco al Defensor del Pueblo), Ferm¨ªn Barcel¨®, habla de algo parecido, de una situaci¨®n heredada de hace d¨¦cadas en la que estos servicios eran considerados de beneficencia y, por tanto, quedaban a merced de la buena voluntad de los particulares (asociaciones, ¨®rdenes religiosas...).

Sin embargo, para Javier Urra, psic¨®logo forense y ex Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, las Administraciones se han "desresponsabilizado" del problema. Un problema que va en aumento -asegura el Defensor del Pueblo que hay unos 11.000 menores en residencias y pisos de acogida-, aunque las situaciones m¨¢s complicadas son relativamente pocas: unos 800 menores ocupan plazas en los centros por problemas graves de conducta. Pero es muy inc¨®modo, porque se trata de atender a unos chavales a veces agresivos, antisociales, con problemas de autocontrol, pero, al fin y al cabo, menores que deben ser tratados como tales, con todas las prevenciones y cuidados y las acciones educativas que puedan sacarles adelante.

As¨ª, Barcel¨® se?ala otra raz¨®n de la gesti¨®n privada de esos servicios: el dinero. Seg¨²n el informe del Defensor del Pueblo, el coste medio diario de una plaza en un centro privado es de 127 euros al d¨ªa, y en uno p¨²blico, entre 300 y 350 euros. El ahorro es un argumento repetido, m¨¢s o menos veladamente, a favor de la gesti¨®n privada de los servicios p¨²blicos, am¨¦n de una presunta mayor eficiencia, flexibilidad y capacidad de reacci¨®n ante los problemas, como ocurre con este mismo debate en la sanidad o la educaci¨®n.

Pero como ocurre en la sanidad o la educaci¨®n, esa diferencia de costes la pagan muchas veces las condiciones laborales de los trabajadores. El sueldo medio de los educadores de estos centros es "excesivamente bajo", de unos 800 euros mensuales de media, seg¨²n el informe del Defensor.

En la Fundaci¨®n O'Bel¨¦n, algunas de cuyas residencias son de las peor paradas del informe, el sueldo base de los educadores es de 977 euros al mes, 886 euros si se trata de un educador auxiliar, seg¨²n el convenio colectivo de la fundaci¨®n de 2006. Sin embargo, Antonio Tort, de la directiva de la asociaci¨®n Dianova, dice que los sueldos de sus empleados est¨¢n "algo por encima" de lo que establece el convenio del sector de la intervenci¨®n social (entre 1.134 y 1.431, dependiendo del nivel de formaci¨®n). Adem¨¢s, Tort habla de una baja rotaci¨®n de sus trabajadores (en torno al 15%).

Entre Dianova y O'Bel¨¦n acumulan 12 de los 58 centros estudiados por el Defensor. El primero no sale especialmente mal parado en el informe. Entre los dos gestionan cada a?o unos 17 millones de euros (unos cinco Dianova y cerca de 12 O'Bel¨¦n), m¨¢s del 90% procedentes del pago en concepto de servicios sociales que les aportan las Administraciones. Entre las otras 39 entidades que gestionan este tipo de centros hay de todo. Desde ¨®rdenes religiosas (aunque pocas), como la Orden Hospitalaria Hermanos de San Juan de Dios (con un centro en Palencia), a una sociedad mercantil, Empresa de Servicios Integrados Clece, dedicada a todo tipo de servicios de limpieza, catering o atenci¨®n social, presente en Guip¨²zcoa.

Muchas voces dentro del entorno de la atenci¨®n a menores se quejan de que se trata, sin m¨¢s, de empresas que tienen un presupuesto y han de cuadrar las cifras como objetivo primordial, pero ¨¦stas defienden su funci¨®n social y su falta de ¨¢nimo de lucro. ?sa es la figura jur¨ªdica (de asociaci¨®n o fundaci¨®n) que tiene la mayor¨ªa. Pero las malas condiciones que, en general, se?ala el informe del Defensor est¨¢n ah¨ª: los sueldos, una "alta rotaci¨®n" de los empleados y, en definitiva, una falta de seguridad imprescindible en un trabajo en el que recibir insultos, tal vez que te rompan el coche e incluso ser v¨ªctima de una agresi¨®n es parte de la cotidianidad.

"Yo lo dej¨¦ por las condiciones laborales, no por el trabajo, aunque es muy duro, pero siempre compensa por los chavales", asegura Carlos Ayuso hablando de su paso, all¨¢ por 2000, por el centro de Azuqueca de Henares gestionado por O'Bel¨¦n. Cobraba entonces unas 100.000 pesetas (600 euros) y doblaba muchas veces el horario que pon¨ªa en su contrato, dice este maestro, que hoy trabaja en un centro escolar que atiende a j¨®venes con problemas de conducta, lo que incluye a chavales de centros de protecci¨®n y de reforma de menores (estos ¨²ltimos acogen a chicos condenados por alg¨²n delito). Unos chavales, adem¨¢s, que necesitan figuras de referencia, personas que se ganen su confianza y no est¨¦n continuamente cambiando.

En cualquier caso, Ayuso defiende con insistencia la dedicaci¨®n y el esfuerzo de los empleados de esos centros. Tambi¨¦n el Defensor: "Hemos podido constatar, en muchos casos, la entrega generosa de estos profesionales [...] Y, en otros, los dif¨ªciles equilibrios que han de realizar, obligados a moverse en el delicado espacio existente entre la necesidad de imponer unas normas para garantizar sus puestos de trabajo o dejarse guiar por el cari?o y el sentido com¨²n [...] Entre aplicar m¨¦todos estrictamente punitivos y disciplinarios o m¨¦todos pedag¨®gicos. Una elecci¨®n dif¨ªcil en la que siempre sale mal parada la libertad. Y la libertad es un atributo esencial en la tarea de los educadores".

As¨ª, muchas veces quedan relegadas las intervenciones educativas con los j¨®venes y s¨®lo quedan los elementos de contenci¨®n, dice el Defensor. Por la falta de formaci¨®n de la que se quejan los educadores, pero tambi¨¦n por la inexistencia de pol¨ªticas coordinadas de intervenci¨®n. Hay una variedad de programas que "no responde a una planificaci¨®n previa basada en las necesidades de los menores, y, de hecho, en la pr¨¢ctica, se deriva a los menores, no en raz¨®n de indicaciones diagn¨®sticas, sino m¨¢s bien de las plazas vacantes". Tampoco hay planificaci¨®n territorial, de modo que Asturias, Extremadura, Baleares o La Rioja no tienen centros y estos chavales se desplazan a otras comunidades, muchas veces no precisamente al lado. Por ejemplo, en el momento en que se hizo el informe (2008), La Rioja ten¨ªa a tres j¨®venes en un centro andaluz.

Pero no s¨®lo falta organizaci¨®n entre los centros, sino entre la enorme variedad de recursos que existen en torno a los menores (las residencias son, o deber¨ªan ser, el ¨²ltimo cartucho, cuando todo lo dem¨¢s falla), entre ayuntamientos, Gobiernos aut¨®nomos, fiscal¨ªas de menores, a veces servicios duplicados o multiplicados con nuevos nombres y distintas concesiones de todo tipo. A ?lvaro Hernando, director del aula educativa de Tetu¨¢n, en Madrid, donde trabaja Carlos Ayuso, le preocupa esa descoordinaci¨®n. Insistiendo en la "falsa rentabilidad" de una inversi¨®n que, aunque sea m¨¢s barata, no funciona, habla de c¨®mo se diluyen las responsabilidades en esa mara?a de recursos. "Una cosa es el valor del trabajo de las ONG, de las asociaciones, y otra delegar la responsabilidad del Estado en ellas", se queja el profesor de Derecho de la Universidad Carlos III Ignacio Campoy. Y aunque ¨¦l cree que la gesti¨®n privada no es la ideal, si se usa debe hacerse con un gran control, a?ade. Y, al parecer, en ese punto hay muchas lagunas, empezando por la normativa.

Javier Urra se?ala una gran diferencia entre estos centros de protecci¨®n y los de reforma, para menores que han cometido delitos. Aunque en estos ¨²ltimos tambi¨¦n se ha dado recientemente un giro hacia la gesti¨®n privada (asociaciones y empresas llevan m¨¢s del 70% de estos centros, seg¨²n el ¨²ltimo recuento que hizo este peri¨®dico en 2007), con ellos hay normativas y reglamentos claros, normas de actuaci¨®n y r¨¦gimen interno que han de cumplir todos.

Aunque el batiburrillo legal va m¨¢s all¨¢ (cada comunidad ha desarrollado de una manera distinta la ley de protecci¨®n jur¨ªdica del menor de 1996, con situaciones dispares sobre c¨®mo atender a los menores tutelados, incluso cu¨¢ndo hacerse cargo de ellos), Ferm¨ªn Barcel¨®, de Ararteko, insiste en las normas de las residencias: "Muchas veces, entre la ley y el pliego de condiciones de los concursos p¨²blicos para conceder el servicio no hay nada". Aunque es cierto que hay excepciones: el Defensor del Pueblo se?ala normativa muy espec¨ªfica en Andaluc¨ªa, Pa¨ªs Vasco, Comunidad Valenciana o Castilla y Le¨®n.

Urra, independientemente de que se trate de centros p¨²blicos o privados, explica una serie de requisitos m¨ªnimos que han de cumplirse y que, aunque seguro que hay residencias y profesionales que ya lo hacen, ahora no est¨¢n garantizados para todos. Primero, que los centros cuenten con un personal que goce de buenas condiciones laborales, de un equipo directivo estable y unos trabajadores con experiencia. Adem¨¢s, deben estar muy claros los derechos, pero tambi¨¦n los deberes de los menores (es muy importante que estos chicos, dice, aprendan que hay que respetar normas).

Es probable, a?ade, que haya que castigarles en alguna ocasi¨®n, y tambi¨¦n que haya que separarles del grupo, pero todo eso debe tener unos l¨ªmites muy claros y muy regulados, para protecci¨®n de los chavales pero tambi¨¦n de los trabajadores, a?ade Urra. La Comunidad de Madrid va a aprobar esta semana un protocolo de actuaci¨®n con la Fiscal¨ªa de Menores para que el ¨®rgano judicial supervise y autorice cada decisi¨®n relevante (v¨¦ase, un castigo) en las residencias.

Pero, por mucho que se regule, siempre habr¨¢ que establecer un estricto control. Las comunidades insisten en la calidad y continuidad de las inspecciones a los centros. Andaluc¨ªa habla, como m¨ªnimo, de una al a?o. La Comunidad de Madrid y Catalu?a, de inspecciones constantes (por sorpresa en el caso catal¨¢n) para revisar desde las instalaciones y la alimentaci¨®n hasta la preparaci¨®n de la plantilla de profesionales y el plan educativo. Para el Defensor del Pueblo, "ninguna de las Administraciones hace un seguimiento frecuente [...] y muy pocas mantienen un contacto regular y fluido con los menores [...] La vigilancia que los fiscales deber¨ªan realizar [...], que deber¨ªa ser al menos semestral, es muy escasa". En definitiva, la vigilancia de los centros "a trav¨¦s de inspecciones frecuentes y minuciosas, no recibe la importancia que merece".

?Pasar¨ªa lo mismo si fueran centros gestionados directamente por la Administraci¨®n? Dif¨ªcil respuesta, pero, en cualquier caso, est¨¢ claro que, seg¨²n una de las conclusiones de las 469 p¨¢ginas del informe del Defensor, los modelos de intervenci¨®n actuales no funcionan: "Adolecen de una alarmante falta de garant¨ªas de los derechos de los menores y limitan en muchos casos sus posibilidades de desarrollo". Y es de esto ¨²ltimo, lo de intentar sacar adelante a estos chavales, los m¨¢s vulnerables y con mayor riesgo de exclusi¨®n, de lo que se trata. ?No?