Huelga ilegal

Hace ya algunas semanas que vengo expresando una opini¨®n desfavorable a la anunciada huelga de jueces. Es verdad que ante la inexistencia de una norma espec¨ªfica que niegue el derecho a la huelga y pese a contar con opiniones de constitucionalistas en contra de ejercicio de este derecho, era una opini¨®n m¨¢s dentro de este mar de intereses de jueces y magistrados. A veces matizada por la particular forma de llevar a cabo por parte de algunos jueces, buscando el protagonismo personal, cuando no la defensa de cierto corporativismo. Daban la impresi¨®n de que unos y otros, y tambi¨¦n las asociaciones, actuaban al rebufo de algunas manifestaciones pol¨ªticas con motivo del llamado caso Tirado, intentando defender este corporativismo hist¨®rico e intentando evitar que se vaciaran de afiliados algunas asociaciones y sus integrantes pasaran a otras m¨¢s belicistas.

Sea en unos casos o sea en otros, la realidad es que el Consejo General del Poder Judicial, que es el ¨®rgano de gobierno de los jueces porque as¨ª lo mandan el Art. 122 de la Constituci¨®n y el 104 y siguientes de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, ya ha hablado. El pleno de este Consejo en una resoluci¨®n adoptada por unanimidad, esto es por todos los vocales, ha dicho que la huelga es ilegal y que no va a establecer servicios m¨ªnimos. Esta decisi¨®n que para los mortales en general, esto es para los ciudadanos que no son jueces, s¨®lo cabe su aceptaci¨®n sin perjuicio del ejercicio de las acciones que corresponden conforme a la ley, por aquello que vivimos en un Estado de derecho, no es recibida de esta forma por algunos jueces y por dos de las asociaciones en cuanto que han decidido mantener el paro.

Y no s¨®lo han decidido mantenerlo sino que representantes de alguna asociaci¨®n han calificado los argumentos del Consejo General de "solemne estupidez". Entiendo de una u otra forma y a¨²n cuando pensara-que no lo pienso- que la decisi¨®n del Consejo es una solemne estupidez, una m¨ªnima cuesti¨®n de ejemplaridad llevar¨ªa a desconvocar este paro, salvo que el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, que es el ¨®rgano competente en materia de derechos constitucionales (y el derecho a la huelga lo es) rectificara la decisi¨®n del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Los integrantes del poder judicial, entendiendo por tales a quienes administran justicia, interpretan y aplican la ley, por lo que por un m¨ªnimo de coherencia y respeto al hecho de que "s¨®lo est¨¢n sometidos al imperio de la ley", deber¨ªan respetar la decisi¨®n del CGPJ. Su desacuerdo, si lo tienen, deber¨ªan hacerlo valer mediante los mecanismos legales. sin acudir a las v¨ªas de hecho, siempre rechazables en Derecho. En fin, pronto sabremos si algunos jueces de Sevilla y estas dos asociaciones mantienen el paro y no recurren la decisi¨®n del Consejo, actuando como definidores de sus propios derechos o si, por el contrario, recurren y aceptan las reglas del juego que presiden el Estado de derecho, esto es que la fijaci¨®n y el alcance de los derechos corresponden, en caso de discusi¨®n, a los tribunales y no al gusto o a la decisi¨®n de sus integrantes. Confiemos en que la raz¨®n se recupere; que comprendan que no se puede aceptar sin aval institucional y constitucional que el derecho de huelga corresponda a autoridades que ostentan y ejercen facultades soberanas. En cualquier caso, si al final se mantiene y se participa en un acto ilegal, y lo es en tanto no sea revocada la decisi¨®n del Consejo, que no toquen la flauta con aquello de que s¨®lo se debe descontar un d¨ªa de retribuciones por falta injustificada al trabajo.

No es lo mismo, y esto lo sabe cualquier persona con un m¨ªnimo sentido com¨²n, no asistir un d¨ªa al trabajo que participar durante un d¨ªa en un acto ilegal, sin que puedan poder ampararse en la ignorancia ni por la condici¨®n de jueces ni por la resoluci¨®n del CGPJ. Un acto, adem¨¢s, cuya ilicitud hasta tanto se revoque, si es que se revoca, y su gravedad es tan fuerte como el derecho que desconocen, el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.